Macrojuicio en el Vaticano: Becciu será procesado por malversación, abuso de poder y soborno

El cardenal Becciu irá a juicio en el Vaticano el próximo 27 de julio, acusado de los “delitos de malversación y abuso de poder y competencia, así como soborno”, junto a buena parte de la antigua plana mayor de las finanzas vaticanas. El mayor juicio en la historia de la Santa Sede, que afronta una causa en la que, presuntamente, se sustrajeron centenares de millones de euros en operaciones fraudulentas de compra-venta de edificios de lujo, que se ha descubierto gracias a una investigación conjunta del Vaticano, la Justicia italiana y la colaboración de Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia y Suiza.

El Papa tira de la manta, y no hay marcha atrás. Tal y como informa la Sala Stampa de la Santa Sede en un comunicado, el escándalo financiero surgido tras la compra venta de un edificio de lujo en Sloane Avenue (Londres), con dinero del Óbolo de San Pedro, llevará al banquillo de los acusados a diez personas. Así, serán procesados, además de Becciu, René Brülhart (ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede), a quien la fiscalía acusa de abuso de funciones; monseñor Mauro Carlino (antiguo secretario del Sustituto de la Secretaría de Estado), acusado de extorsión y de abuso de funciones; Enrico Crasso (el hombre de las finanzas que había gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas), acusado de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados; Tommaso Di Ruzza (antiguo director de la AIF), al que la fiscalía acusa de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio; Cecilia Marogna (conocida como la 'Dama de Becciu' que recibió considerables sumas de la Secretaría de Estado para llevar a cabo acciones de inteligencia), acusada de malversación; Raffaele Mincione (el broker de Becciu, que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía la propiedad londinense del 60 Sloane Avenue en Londres, y que luego utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas), acusado de malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero; Nicola Squillace (abogado implicado en las negociaciones), acusado de estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero; Fabrizio Tirabassi (funcionario en calidad de secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que desempeñó un papel destacado en el asunto), acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones; y Gianluigi Torzi (el financista llamado a ayudar a la Santa Sede a salir del fondo de Mincione, y que consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios), acusado de extorsión, malversación, estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero.

El más relevante, sin embargo, es el cardenal Becciu, del que la Santa Sede apunta que “se está procediendo, como manda la ley, por los delitos de malversación y abuso de funciones también en complicidad, así como de soborno”. También se han presentado solicitudes de citación para el juicio contra sociedades de inversión como HP Finance LLC, atribuible a Enrico Crasso, acusado por la fiscalía del delito de fraude; Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., atribuible a Cecilia Marogna, acusada de delito de malversación; Prestige Family Office SA, atribuible a Enrico Crasso, acusado de estafa; Sogenel Capital Investment, atribuible a Enrico Crasso, con la acusación de estafa. Algunos delitos también se imputan como “delitos concurrentes”.

Tras una “larga y compleja investigación”, señala Roma, en la que han colaborado la Gendarmería Vaticana, la Fiscalía de Roma y el Núcleo de Policía Económico-Financiera de la Guardia de Finanza de Roma, con la colaboración de las fiscalías de Milán, Bari, Trento, Cagliari y Sassari y la colaboración de Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo Eslovenia y Suiza, se centra en las inversiones de la Secretaría de Estado en el Fondo Athena Capital Global Opportunities de Raffaele Mincione, una operación que se realizó entre junio de 2013 y febrero de 2014.

La Secretaría de Estado se endeudó con Credit Suisse por 200 millones de dólares para invertir en el fondo de Mincione (100 en los títulos, 100 en los inmuebles, vinculados al edificio de Londres). “La inversión, altamente especulativa, conllevó graves pérdidas para la Santa Sede”, admite el Vaticano. Al 30 de septiembre de 2018, las acciones habían perdido más de 18 millones de euros en comparación con el valor de la inversión inicial, “pero se estima que la pérdida global es una cantidad mucho mayor”. Para Roma, “Mincione usó el dinero del Vaticano para llevar a cabo operaciones imprudentes e intentar la adquisición de instituciones bancarias en crisis. Ante los desastrosos resultados, la Secretaría de Estado intentó salir de la inversión y tomar posesión de la propiedad”.

Ahí entra en juego el broker Gianuligi Torzi, quien, según sostiene la Santa Sede, “con una operación de ocultamiento consiguió mantener el control para sí mismo y engañar a la Santa Sede gracias a complicidades internas”. De la documentación aportada por los magistrados vaticanos se desprende que Mincione y Torzi estaban de acuerdo en llevar a cabo la operación con la Secretaría de Estado. Los magistrados vaticanos identifican a Enrico Crasso y Fabrizio Tirabassi como dos figuras clave y creen que obtuvieron comisiones de Mincione y pagos en efectivo de Torzi por hacerles entrar en el Vaticano. “Gracias a la complicidad interna, Torzi consiguió que el Vaticano firmara un Acuerdo de Compra de Acciones que arrebataba a la Secretaría de Estado el control de la propiedad de Londres”, añade la investigación, que sugiere que Secretaría de Estado fue engañada y perdió toda capacidad de acción (no tenía ni derecho a voto) en las operaciones especulativas.

La Santa Sede, no obstante, libera de toda culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado, insistiendo en que “ni monseñor Perlasca, firmante del Contrato de Compraventa de Acciones, ni sus superiores, el Sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados y, en todo caso, hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones”.

Según los magistrados vaticanos la AIF (Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede) habría “descuidado las anomalías de la operación de Londres -de las que había sido inmediatamente informada- sobre todo teniendo en cuenta la abundante información que, como resultado de las actividades de inteligencia, había adquirido”. Según la documentación producida por la fiscalía, la AIF desempeñó “una función decisiva en la finalización del proceso de liquidación de los créditos de Gianluigi Torzi”.

¿Y qué pasa con Becciu? El purpurado, ex Sustituto de la Secretaría de Estado, no entró inmediatamente en la investigación. Se vio envuelto en ella por lo que los magistrados definen como “interferencia” y consideran que él “está detrás de las ofertas de compra del edificio surgidas súbitamente a fines de mayo de 2020, pocos días antes del interrogatorio a Torzi”. Según los testimonios, Becciu habría intentado que Perlasca se retractase.

Los pagos realizados por la Secretaría de Estado a Cecilia Marogna por instrucciones de Becciu también entraron en la investigación. La empresa de la mujer recibió entre el 20 de diciembre de 2018 y el 11 de julio de 2019 pagos realizados por la Secretaría de Estado por 575.000 euros. La investigación mediante comisión rogatoria permitió comprobar que estas cifras “fueron utilizadas, en su casi totalidad, para realizar compras”.

Por último, los magistrados acusan a Becciu de haber financiado y hecho financiar la cooperativa de su hermano Antonino. Se trata de 600.000 euros procedentes de los fondos de la Conferencia Episcopal Italiana y de 225.000 euros procedentes de los fondos de la Secretaría de Estado. Las donaciones habrían sido “ampliamente utilizadas para fines distintos a los benéficos a las que estaban destinadas”.