El juez Yusty justifica su decisión de impedir la “peligrosa” exhumación de Franco con un informe de muertos en la construcción
José Yusty Bastarreche, el magistrado que paralizó la licencia de obra que permitía sacar el cadáver de Franco aduciendo peligros para los operarios, ha presentado alegaciones para defender su imparcialidad. El pasado 14 de marzo, el Gobierno presentó un recurso contra él al entender que no puede llevar el caso por sus opiniones contrarias a la Ley de Memoria Histórica, justamente la ley en la que se basa la operación para sacar al dictador de la basílica del Valle de los Caídos.
El magistrado comienza su escrito, a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, glosando el contenido de su artículo “Ante el proyecto de Ley de Memoria Histórica”, en el que se ha basado la Abogacía del Estado para pedir la recusación. Las declaraciones “son de hace 12 años, al parecer siguen siendo válidas para la recusación”, dice Yusty. Para luego volver a desplegar los argumentos antimemorialistas de aquel entonces: “La esencia del repetido artículo era que volver a abrir las heridas de la Guerra Civil, en la cual también fueron asesinados parientes míos (...) era un error y una muestra de revanchismo”. Luego sacar a relucir a Felipe González, citándole porque no cayó en ese “error” el “tan ilustre personaje del socialismo español”.
Tras esta autocita del artículo, Yusty saca pecho de que “no podía saber en aquel momento que 12 años después, Stanley G. Payne le iba a dar la razón”. Se refiere al escritor que justifica el golpe de estado de Franco y califica las leyes de memoria como “costumbre soviética”. En su artículo, el magistrado también señalaba no saber si la ley era “una gran maldad de Zapatero y el social-nacionalismo o es una maniobra de gran habilidad”.
Además, critica las publicaciones que han hecho sobre él medios de comunicación y que fueron aportadas en el escrito de recusación del Gobierno: “Presentándome como un nostálgico del Régimen de Franco” se pretende que “mis resoluciones son ya, por sí mismas, injustas”. También se mete a defender el ¡Viva España! con el que firmó el manifiesto Libres e Iguales impulsado por Cayetana Álvarez de Toledo, ya que “es una voz normal (...) que nadie ha declarado ilegal ni insconstitucional”.
Después de este repaso a sus ideas, el magistrado, en el punto sexto cambia de tercio y recalca que “en realidad todo lo anterior no viene al caso”, ya que su motivación para paralizar la exhumación no se basa en las medidas del Gobierno o su ideología sino en el “dictamen de los arquitectos (...) según el cual existía peligro para los bienes, pero sobre todo para las personas al mover una losa de 2.000 kilos”.
Lo que obvia Yusty Bastarreche es que ese informe es un encargo de la Fundación Franco a los arquitectos, no un informe independiente o de la administración, y que igual que se enterró al dictador sin que hubiera víctimas mortales, 40 años después se podría hacer la operación inversa con rodillos y palancas para desplazar la lápida, tal y como contempla el borrador de Patrimonio Nacional.
“Dada la falta de conocimientos acerca de la técnica de construcción del recusado, no tenía más remedio que confiar en el informe de los arquitectos”, que sostienen que “no se ha hecho un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación, lo que a juicio de este profano en la materia, puede constituir un peligro”.
Más tarde, Yusty Bastarreche cita literalmente el artículo 10 del Código Técnico de Edificación, referido a seguridad, y concluye: “Por lo tanto, la fundamentación del auto -fue el único juez que ha admitido un recurso de la veintena que presentaron nostálgicos del régimen franquista en sendos juzgados- no tiene nada que ver con las opiniones del Magistrado firmante, discutibles como todas, sino con una norma jurídica aprobada y vigente”, en referencia a esta ley de seguridad en la construcción.
El magistrado va más allá y sustenta esos peligros que acaba de citar aportando como argumento una noticia publicada en El Independiente y cuyo titular, transcrito por el juez dice: “Las bajas mortales en la construcción crecen casi un 10% con la recuperación del sector”. Es una noticia del 19 de septiembre del año pasado, de la que cita incluso la hora de publicación, “00.11” y en ella se basa para apuntalar la peligrosidad de la que ha hablado. Remata diciendo: “No quisiera el Magistrado firmante tener sobre su conciencia un accidente en este caso”.
Ahora, el magistrado enviará a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia su escrito junto a las alegaciones de las partes sobre su propia recusación. Será esa sala la que decidirá. En el caso de que Yusty fuera apartado, asumiría el caso el juzgado contencioso número 4, que preside Carlos Gómez y que, si decide no mantener la línea de Bastarreche, supondrá el desbloqueo de la exhumación, que aún tiene pendiente el pronunciamiento del Tribunal Supremo.
