Las organizaciones de periodistas afean las maniobras del Gobierno para ocultar cómo reparte la publicidad
¿Qué mensaje envía un ministerio que va a los tribunales para no dar cuenta de cómo reparte el dinero público entre medios de comunicación? “Deteriora más la imagen de una institución no dar la información que lo que pueda aparecer sobre el reparto de esa publicidad”, analiza la presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, Elsa González.
Ese deterioro hay que multiplicarlo por ocho. El número de ministerios del Gobierno presidido por Mariano Rajoy que han preferido ir hasta la Audiencia Nacional antes que obedecer al Consejo de la Transparencia e informar de cuánto pagó a cada medio y con qué criterio para repartir más de 37 millones de euros de publicidad institucional, según ha publicado este lunes eldiario.es.
“El reparto puede tener justificación, aunque sea incluso llamativa. Pero es peor no ofrecerla”, remata González. En este sentido se expresa la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que insta al Gobierno a que “deje de poner trabas al derecho de acceso a la información y acate las resoluciones del Consejo de Transparencia que son de obligado cumplimiento”, asegura un portavoz a este medio.
El Ejecutivo se ha negado a detallar su proceder más allá de la partida general de los 37,7 millones de euros. “En un país democrático, la exigencia de transparencia debe ser constante. Para cualquier ciudadano, pero como periodistas es vital para que se puedan elaborar informaciones con criterio”, explica la presidenta de la FAPE.
Sobre el asunto de la publicidad, González entiende que “la ciudadanía tiene derecho a conocer, como cualquier otra inversión”. Según su criterio es un caso que cae de lleno en lo que pretende conseguir la ley de Transparencia “No existen elemento, no existen argumentos para no facilitar esos datos y eso es cumplir la ley. Si está recurrido ante la Audiencia Nacional pues hay que esperar y si los jueces le dan la razón a los ministerios y respetarlo”.
Por su parte, la APM reclama al Ejecutivo que retire las demandas porque “sería la mejor prueba de que el Gobierno nada tiene que ocultar y que está decidido a dar todas las facilidades para que los medios y los ciudadanos puedan ver plenamente cumplido su derecho de acceso a la información”, concluye.
