Las piscinas comunitarias no cumplen los requisitos para abrir en la fase 2, según los administradores de fincas

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas ha comunicado al Ministerio de Sanidad que la mayoría de piscinas comunitarias no cumplen con las condiciones de apertura que estableció el Gobierno el pasado sábado en el BOE. En su opinión, dicha orden ministerial obvia la carencia de recursos de las comunidades y manifiestan su preocupación ante el previsible conflicto vecinal que eso pueda ocasionar.

Hace tres días se dictó que las piscinas podrían abrirse en la fase 2 de la desescalada con una restricción del aforo de hasta el 30%. En cuanto a esto, han reparado en que la mayoría “no dispone de ningún sistema de control” ni de “personal responsable a cargo de la instalación que pueda limitar el acceso de los propietarios y, en el caso de disponer de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina”.

También se establece que para acudir a la piscina deberá ser únicamente a través de cita previa para organizar los horarios por turnos, ante lo que los administradores se muestran disconformes. “No es posible gestionar las citas previas sin personal o, por lo menos, un teléfono y la mayoría carecen de ambos recursos”, comentan en la nota. Recuerdan que el único organismo encargado es la Junta General de Propietarios y al no estar permitidas aún las reuniones, es imposible “alcanzar un acuerdo”.

Por último, la orden ministerial explicaba que se debe garantizar la distancia de dos metros de seguridad en las zonas que rodean la piscina para tomar el sol, “limitando mediante señales en el suelo el espacio de uso reservado para cada persona”. A este respecto, la CGCAFE piensa que “si además hay que reservar zona para el acceso y de paso, disparará los costes de servicio en proporción al número de usuarios”.

Además, en el caso de Madrid, que cuenta con 12.000 piscinas en urbanizaciones de toda la comunidad y donde es obligatorio contratar a un socorrista si se sobrepasan las 30 viviendas, calculan que contratar además a un controlador puede suponer un gasto de “entre 6.500 y 4.000 euros al mes”.

“Las condiciones impuestas para la apertura de las piscinas recreativas en la fase 2 están muy alejadas de la realidad de las comunidades de propietarios, lo que dará lugar, sin una normativa más precisa, a conflictos vecinales”, dicen en definitiva desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. El presidente del Consejo de Administradores de España, por su parte, propone que “se regule la posibilidad de celebrar juntas virtuales”, lo que resolvería muchos de los problemas actuales, “tanto para la apertura de piscinas como para los problemas planteados en las distintas fases de la desescalada”.