El PSOE propone que la ley prohíba la financiación pública a los colegios que segregan por sexo
El PSOE llevará al Congreso tres proposiciones de ley para modificar artículos de la Lomce sin esperar al Pacto Social y Político por la Educación que empezará a negociarse en dos semanas. Una de ellas contempla que “las administraciones educativas no podrán suscribir conciertos con los centros que tengan una organización de la enseñanza diferenciada por sexos”.
“No podemos seguir en una parálisis educativa esperando a alcanzar un pacto educativo. Alcanzar acuerdos requiere tiempo, diálogo y negociación, y estas son algunas cuestiones que corre cierta urgencia poder reparar”, ha justificado la portavoz de Educación Luz Martínez Seijo al presentar los documentos.
Las iniciativas, registradas este miércoles, se debatirán y votarán en el Pleno, donde los socialistas esperan recabar apoyos para dejar de financiar con dinero público la educación segregada, cambiar la forma de elección de directores que modificó el PP con la Lomce, obligar a todos los estudiantes –elijan o no Religión– a cursar Valores Sociales y Cívicos (Primaria) y Valores Éticos (Secundaria), o hacer prevalecer la red pública sobre la concertada en la organización escolar eliminando la referencia a la “demanda social” que ha dado alas a las administraciones para acordar conciertos con entidades privadas.
“El Gobierno del PP decidió blindar los conciertos con los centros que segregan por sexo modificando un artículo de la LOE en la Lomce. Esta modificación no se ajusta a lo que establece nuestra Constitución, ni las Convenciones suscritas por nuestro país, ni a los objetivos que debe perseguir el sistema educativo”, recoge la exposición de motivos de la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 8/2013 para la eliminación de la segregación y la discriminación de los alumnos y alumnas, que añade que “no existen razones educativas que avalen la separación de niños y niñas”.
Los socialistas también quieren ampliar una disposición de la Lomce que condiciona al futuro pacto algunos aspectos, la vía que utilizó el Ministerio de Educación para paralizar las reválidas hasta que haya un acuerdo político.
En la lista de cuestiones en stand-by, añaden que “las calificaciones obtenidas en la evaluación de enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos ni en la obtención de la nota media a efectos de admisión de alumnos” o que todos los alumnos de 5º y 6º de Primaria, así como de 4º de ESO, cursen las asignaturas configuradas como alternativa a la Religión (Valores Sociales y Cívicos y Valores Éticos).
También algunos cambios curriculares en los itinerarios para no separar ya desde Secundaria a los estudiantes en función de si pretenden continuar sus estudios de Bachillerato o no. “Significa otro proceso prematuro de selección y segregación del alumnado que no se dirige a su recuperación, sino a su estigmatización en el desarrollo formativo”, dice la proposición registrada. Se refiere concretamente a la novedad introducida con la Lomce que obliga a los estudiantes de 3º de ESO a elegir Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o a las Enseñanzas Aplicadas.
Otra de las tres proposiciones de ley de los socialistas se concentra en la programación general de la red de centros, es decir, cómo organiza las plazas cada administración educativa. En el texto, el PSOE propone añadir en el artículo 109 de la Lomce que para hacer esta planificación “se tendrá en cuenta, en primer término, la red existente de centros públicos y, en segundo término, la de centros privados o concertados para completar las necesidades de escolarización” y suprimir la referencia a que las decisiones sobre esta cuestión se tomen de acuerdo “a la demanda social”.
Los socialistas también pretenden recabar respaldo político para dar más autonomía a cada centro educativo en la toma de decisiones. Con la Lomce, denuncia el PSOE, esta participación está “tutelada” y “extirpa toda posibilidad de toma de decisión de la comunidad educativa”.
“La ley transfiere todas las decisiones del Consejo Escolar a la figura del director, de forma que pasa a ser un órgano meramente consultivo”, dice el texto, que incluye modificar algunos artículos de la Lomce para que el director de los centros públicos sea seleccionado de nuevo por una comisión en la que dos tercios pertenecen a la comunidad educativa. Ahora, el grupo responsable de la elección lo compone en su mayoría representantes de la administración, lo que, según los socialistas, “convierte al director en una persona que se limita a cumplir las instrucciones de la administración educativa”.
