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Los rectores se oponen al Estatuto del Becario que ultima el Gobierno

Los rectores creen que el Estatuto del Becario no mejora la situación en nada.

Daniel Sánchez Caballero

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Duro comunicado de la CRUE contra el Estatuto del Becario, que negocia estos días el Ministerio de Trabajo con la CEOE y los sindicatos. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha publicado este martes una nota en la que carga contra el departamento que dirige Yolanda Díaz por la futura aprobación de una norma de la que afirman que no mejora la situación actual, que sostienen puede acabar generando escasez de prácticas y cargar de una burocracia que no pueden asumir a las universidades. Además, aseguran no haber sido consultados, aspecto que Trabajo niega: “Se les ha escuchado”, sostiene un portavoz.

“Es imposible justificar que, si el objeto de dicho proyecto normativo es la regulación de las prácticas académicas (universitarias), todo se esté decidiendo en el marco del Diálogo Social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales”, sostiene la CRUE, que representa a la práctica totalidad del sistema universitario español, todos los centros públicos incluidos.

“Esta incomprensible laboralización de una actividad que es pura y esencialmente académica no tiene nada que ver con la mejora de la protección en Seguridad Social de los estudiantes en prácticas cuando reciben durante su desarrollo una beca –no un salario, porque si hay salario, es contrato de trabajo y no práctica académica– o con la necesidad de regular adecuadamente el desarrollo de las prácticas para evitar un posible uso incorrecto de las mismas”, continúan.

El Estatuto del Becario era un compromiso derivado de la reforma laboral. El Ministerio está en los últimos compases de su redactado final, que está genera tensión entre Trabajo y los empresarios, que se oponen al texto porque quieren mantener el sistema actual de prácticas. La vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz ha alzado la voz en las últimas semanas contra la CEOE por bloquear la negociación y por tanto posterior aprobación del texto, que cuenta con el apoyo de los sindicatos. Desde los órganos de representación de los trabajadores se apuntaba también que la Universidad (en su conjunto) también se estaba oponiendo, pero la CRUE callaba. Hasta este martes, cuando ha publicado el comunicado y confirmado que muy satisfechos no están los rectores.

“El sinsentido de ofrecer sustitutivos de rentas que no existen”

Los rectores creen que el actual texto no ofrece ventaja alguna al estudiantado. “Respecto de la situación actual, no se aprecia ventaja material alguna”, escriben, obviando que el Estatuto planteado por trabajo contempla compensar los gastos de transporte o la manutención y las vacaciones, entre otras cuestiones. Pero continúa la CRUE: “No se aprecia ventaja material alguna salvo el sinsentido de ofrecer prestaciones o subsidios sustitutivos de rentas de trabajo que no existen (incapacidad temporal o maternidad y paternidad, por ejemplo) o la novedad de que se atiendan en el ámbito de la Seguridad Social situaciones incapacitantes actualmente ya protegidas mediante otros instrumentos”.

Tampoco comparten una de las medidas estrella del futuro estatuto: la cotización a la Seguridad Social, que el Gobierno baraja esté bonificada al 95%. “La única novedad real de la propuesta que se está negociando –no por Crue– se encontraría en la posibilidad de acumular carrera de seguro (días y meses cotizados para ganar pensiones el día de mañana, típicamente para la de jubilación). Pero, para eso, bastaría con establecer el alta y cotización ficticia, como ya se hace en algunas situaciones reflejadas en nuestro sistema de Seguridad Social”, rechazan. Y advierten de que las universidades no pueden hacer frente a este pago ni siquiera bonificado.

Trabajo, mientras, avanza y tiene listo un borrador que los sindicatos ven con buenos ojos a la espera de que lo validen oficialmente. La regulación reconoce nuevos derechos a los becarios, como a la compensación de los gastos derivados de su formación, el transporte y la manutención, así como el derecho a vacaciones. También se imponen límites para evitar el abuso de esta figura, como un máximo del 20% de becarios sobre el total de las plantillas, según el borrador al que ha tenido acceso elDiario.es.

No se recoge la obligación de una remuneración mínima, según se había barajado durante las negociaciones a propuesta de los sindicatos, ya que se considera que los becarios no realizan un trabajo sino una formación, una cuestión central en la nueva norma. Otra de las novedades de calado del texto es que se suprimen las prácticas extracurriculares (las que no tienen que ver con la formación académica del estudiante), que han sido un foco de problemas legales para las universidades en los últimos años por el uso en algunos centros de estas figuras (auxiliares administrativos, becarios de informática) para cubrir puestos estructurales.

La CRUE advierte también de su “gran preocupación” por la desaparición de estas prácticas. Supondrá, sostienen los rectores, “una discriminación entre estudiantes que van a poder empezar a sumar cotizaciones en seguridad social, por ejemplo, los de ciencias de la salud [que tienen prácticas obligatorias en sus grados], y estudiantes de otras titulaciones que no podrán hacerlo”.

Por último, la CRUE advierte de que las universidades no están en disposición de , “la gestión de las altas y las bajas, así como de la cotización, va a exigir una dedicación del personal de las universidades que habrá que detraer de otras tareas que ahora se vienen haciendo”.

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