Los regantes quieren escapar del control ambiental que supone la vicepresidencia verde de Teresa Ribera

Los regantes españoles quieren librarse del control ambiental a su actividad que supone la Vicepresidencia de Transición Ecológica de Teresa Ribera. La federación nacional que aglutina sus comunidades, Fenacore, desea que las competencias generales sobre agua sean asumidas por el ministro José Luis Ábalos y, si no, “que dependiera de Agricultura”, al mando de Luis Planas. Cualquier cosa menos Ribera.

Los regantes se rebelan ante el modelo de gestión del agua impulsado por la ahora vicepresidenta –y su secretario de Estado, Hugo Morán– que defiende una nueva estrategia en el contexto de escasez asociado al cambio climático. El Gobierno ha reconocido por escrito que España debe afrontar una disminución de entre el 20% y el 30% del agua disponible y que los trasvases para riego “serán cada vez menos viables”.

Los regantes no han ocultado su disgusto. El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, no ha dado ni 24 horas de tregua al nuevo departamento y ha dicho este martes, al día siguiente de la toma de posesión, que espera que la vicepresidenta “cambie de actitud”.

Luego ha utilizado la crisis climática y la despoblación a su favor y ha pedido a Ribera que “empiece a reconocer la labor del regadío como sumidero de dióxido de carbono e importante freno a la España vaciada”.

La gestión global del agua fue uno de los proyectos que Teresa Ribera no pudo poner en marcha antes de las convocatorias electorales. La vicepresidenta envió a su secretario de Estado, Hugo Morán, a todo el arco del Levante para intentar explicar ese nuevo modelo hidrológico: la disponibilidad de agua y no las demandas debían marcar la política. El 70% del consumo de agua en España va destinado a la demanda agrícola. “Se regirá principalmente por criterios climáticos”, explicaron en Transición Ecológica.

Los regantes no quieren ni oír hablar de esta fórmula. Prefieren que la Dirección General del Agua la lleve el “Ministerio que se encargará de la gestión de las infraestructuras. Deberían corresponder a Fomento”, han dicho, en referencia al recién rebautizado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Aunque conceden que “la evaluación ambiental de las actuaciones relativas al agua” pueden quedarse en Transición Ecológica, otro tipo de actuaciones, no: “Si ambas competencias comparten cartera son a la vez juez y parte”, ha insistido Del Campo. Como plan b, conceden que sea el Ministerio de Agricultura quien regule su sector “al ostentar ya las competencias de regadío”.

El trasvase Tajo-Segura

El frente de batalla más claro se ha dibujado en el Levante. Allí, los regantes se han opuesto a casi cualquier medida que redujera el volumen de agua que llega por el trasvase Tajo-Segura. Y en su protesta han arrastrado a sus Gobiernos autonómicos.

En noviembre de 2018, ante la orden ministerial de enviar un máximo de 7,5 hm según indicaba la Comisión de Explotación, el Círculo del Agua del Levante (básicamente los regantes) anunciaron “acciones de guerrilla” contra Teresa Ribera. Un año después, cuando el Ministerio decidió que el acueducto llevara solo agua para el consumo humano con la idea de proteger el Mar Menor (que padece una crisis ecológica detonada por los residuos de fertilizantes del regadío que llegan a la Laguna), el sindicato de regantes Scrats repitió su idea de convocar “movilizaciones crecientes” e incluso plantearse dejar de pagar el canon por el uso del trasvase.

Esa agitación de los grandes consumidores de agua ha terminado por remolcar a los responsables políticos de esas zonas. La Generalitat valenciana presidida por el socialista Ximo Puig ha anunciado dos veces que pensaba recurrir los decretos de Transición Ecológica: los que no han satisfecho a los regantes alicantinos. La última vez fue en diciembre de 2019.

Aunque esta línea no ha surtido efectos, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha adoptado una postura similar. En 2018 afirmó: “El Gobierno de la Región de Murcia va a estar al lado de los agricultores y los regantes. Y a su disposición para todo. Vamos a emprender todas las acciones jurídicas que estén en nuestra mano”. 12 meses después, calificó la decisión del Ejecutivo central de solo autorizar agua de consumo humano de “traición”.

En realidad, estos anuncios y recursos chocan con la potestad que la regulación legal del trasvase otorga al Ministerio desde 2014. El decreto indica que, por debajo de ciertos niveles de agua embalsada en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, la decisión de cuánto enviar (siempre con un máximo de 20 hm) recae en el Gobierno. Se trata de una decisión “motivada”, pero “discrecional” de Transición Ecológica.

Un escenario que, todo indica, se repetirá en este comienzo de 2020 ya que las reservas acumuladas a principios de enero sumaban 579 hm. Esa cantidad coloca el sistema en “situación hidrológica excepcional”. Es decir, seguirá siendo Teresa Ribera la que deba decidir sobre el trasvase para fastidio de los regantes a los que disgusta que tenga esa capacidad.