Tachan de ataque a inmigrantes legales el plan de Trump de endurecer la residencia

Grupos civiles estadounidenses reaccionaron hoy con fuertes críticas al plan del Gobierno federal que busca endurecer los requisitos para obtener residencia permanente a quienes utilicen ayudas federales de vivienda, salud o alimentos.

“Este es un ataque vergonzoso contra inmigrantes que viven y trabajan legalmente en nuestras comunidades”, denunció María Rodríguez, la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

Rodríguez recordó que la propuesta debe pasar por el escrutinio publico para seguir su camino y que nada puede cambiar hasta que el Gobierno “revise y responda a los comentarios públicos”, por lo que instó a “todos los miembros del público” a enviar sus opiniones.

El Gobierno propuso este fin de semana modificar los alcances de la llamada “carga pública”, que determina si los inmigrantes van a representar un peso para las arcas del Estado a la hora de aprobar la residencia permanente u otros documentos migratorios.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, declaró en un comunicado publicado este sábado que “de acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan emigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”.

Se trata de “un ataque sin precedentes a la inmigración legal”, manifestó Beth Werlin, la directora ejecutiva de la organización American Immigration Council.

“Muchas personas ahora se verán obligadas a elegir entre acceder a la asistencia que ellos y sus hijos necesitan o a obtener un estatus migratorio legal permanente para estar con sus familias en el futuro”, se lamentó.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes señalaron que los estados con grandes poblaciones originarias de otros países, como Florida, se verán afectados de manera desproporcionada.

“Los sectores clave de la economía de la Florida, incluidos la agricultura y el turismo, dependen de los trabajadores inmigrantes que ganan menos que un salario digno”, recordó Jonathan Fried, el director ejecutivo del grupo a favor de los inmigrantes WeCount.

Voto Latino, que consideró que “la inmigración a este país no debería ir al mejor postor”, calculó que, de ser aprobadas las modificaciones, una familia de cuatro inmigrantes que devengue menos de 63.000 dólares al año sería considerada una “carga pública”.

“El escalofriante efecto (de esta propuesta) será que las familias y los niños sean cada vez más pobres”, se lamentó Miriam Harmatz, una de las directoras del Florida Health Justice Programme.

Joe Vásquez, el presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal y obispo católico de Austin (Texas), dijo que aumentará “el temor entre las familias inmigrantes que ya están luchando por cumplir el Sueño Americano” a pedir esas ayudas.

Se trata de “otro producto más de la agenda antiinmigrante de (el presidente de EEUU Donald) Trump”, manifestó Clarissa Martínez de Castro, directiva de UnidosUS, antiguo Consejo Nacional de La Raza (NCLR).

La idea es “cambiar nuestro sistema legal de inmigración por uno basado en el tamaño de su billetera y el color de su piel, y enmascararlo con información errónea y la falsa pretensión de que los inmigrantes representan una carga para los contribuyentes estadounidenses a pesar de la evidencia en contra”, agregó.