El Gobierno decreta un estado de alarma a la carta para las comunidades con el reto de evitar un cierre como el de marzo

El estado de alarma ya está vigente en toda España, aunque en un escenario distinto al confinamiento generalizado de marzo. Ese cierre total, con nefastas consecuencias para la economía, es el que se quiere evitar a toda costa, pero la preocupación por el descontrol de los contagios en la segunda ola, sumada a los varapalos judiciales que se han llevado algunas comunidades a la hora de imponer restricciones, han obligado al Gobierno a aprobar un marco jurídico general y estable que ampare limitaciones de movilidad con las que atajar la curva que se ha disparado en las últimas semanas. Los presidentes autonómicos tendrán el mando en sus correspondientes territorios para poder aplicar las medidas que la evolución de la pandemia requiera y podrán echar mano de las limitaciones extraordinarias de movilidad en cualquier momento durante medio año, una vez que lo avale el Congreso. Por ahora se establece el toque de queda obligatorio en toda España, a excepción de Canarias, pero las comunidades cuentan ya con el sustento legal para poder limitar la movilidad en todo su territorio o en una parte y para prohibir las reuniones sociales de más de seis personas.

Escribe Irene Castro y Belén Remacha.