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El plan de Sanidad para atajar rebrotes de COVID-19: reserva de medicamentos, refuerzo en fronteras y nuevo estado de alarma en última instancia

13 julio 2020 - 13:11 h

Sánchez analiza con Illa y Simón el centenar de brotes de COVID-19 en España

El Ministerio de Sanidad ha enviado a las comunidades la mañana de este lunes el borrador de su ‘Plan de preparación y respuesta ante incrementos de la transmisión’ de COVID-19, que tendrá que discutirse en el Consejo Interterritorial que el ministro Salvador Illa preside ante los líderes regionales. Está previsto que, tras las enmiendas que presenten los consejeros, se apruebe el jueves. El plan es una guía sobre el marco jurídico, las indicaciones epidemiológicas y sistema de evaluación ante los brotes que surjan mientras la pandemia no esté controlada. En el plan están contemplados tres escalones de actuación: las decisiones de las comunidades autónomas, con competencias de Sanidad; la coordinación del Ministerio cuando una situación se extienda entre comunidades; y, en última instancia y si la transmisión vuelve a implicar a toda España, un nuevo estado de alarma.

Fuentes del gobierno han explicado que el último escalón, que se aplicaría si la transmisión vuelve a afectar a toda España, no está contemplado a corto plazo, ya que nos encontramos en un escenario de “control” y ya no “de mitigación”, como entre marzo y junio. El plan que han mandado a las comunidades ha sido revisado esta misma mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El borrador contempla las opciones legales que las comunidades tienen si tienen que confinar un territorio concreto, como está ocurriendo en Catalunya con la provincia de Lleida. Las mismas fuentes del gobierno han detallado que hasta ahora los mecanismos jurídicos, como la Ley General de Medidas de Salud Pública, han funcionado, y solo en esta ocasión están paralizadas por una decisión judicial que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido con un decreto ley. Por tanto, mientras existan mecanismos jurídicos que hasta ahora han funcionado, no está previsto modificarse.

Informa Belén Remacha.

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