El Ayuntamiento de Parla “no tiene potestad” para evitar desahucios en sus viviendas sociales
Privatizar la vivienda social tiene consecuencias que ni los propios Gobiernos –al menos en la explicación del alcalde de la localidad madrileña de Parla– pueden evitar. El pasado 30 de abril Verónica fue desahuciada de una casa, en teoría, diseñada para jóvenes y familias uniparentales con necesidades económicas. Tras una cuestionada intervención policial, varios activistas de la PAH que intentaban detener el desalojo resultaron heridos. Incluso uno de ellos debió ser trasladado al hospital.
En 2009, durante la entrega de llaves, el alcalde de la ciudad, el socialista José María Fraile las calificó como “una salida para nuestros jóvenes”. Cinco años después, la empresa dueña de las casas, Lazora, ha impuesto la lógica de mercado y exigido el desahucio de uno de sus inquilinos que no puede hacer frente al alquiler.
Este lunes la Plataforma Afectados por la Hipoteca se ha plantado en el Ayuntamiento de Parla para pedir que Verónica pueda quedarse en su vivienda. La idea era poner de manifiesto “la injusticia del caso” y tratar de buscar una salida para ella. Tras unos momentos de tensión y negativa, al final la concentración en el consistorio ha convencido a los responsables municipales para que recibieran a la afectada y a tres miembros de la plataforma. “¿Es que tienen miedo?”, se preguntaban.
Tras la reunión con el alcalde, José María Fraile, Verónica contaba a eldiario.es la respuesta del regidor: “Él me asegura que no puede negociar con Lazora y me ofrece una dotación económica para que alquile lo que quiera y me salga del Plan de Vivienda”. Para ella no es una solución sino un parche, y que en todo caso debería extenderse a otras personas en situaciones similares. Verónica insiste: “Yo estaba en una vivienda social cuya renta puede revisarse a la baja”.
En 2005, el Plan de Vivienda de Parla nació con una fórmula que ponía el suelo público para levantar los pisos protegidos, pero donde las empresas inmobiliarias se hacían cargo de la construcción a cambio de la explotación de los alquileres sociales durante 75 años. El alcalde de la ciudad entonces era el actual secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez. Las empresas encargadas desde ese momento de gestionar la vivienda social de alquiler en esta ciudad sureña de la Comunidad de Madrid han sido Lazora y Unifo SA.
En 2008 se empezaron a entregar llaves con un alquiler en función de la renta y con las inmobiliarias como caseros. Esta fórmula ha probado que, al final, los habitantes quedan a merced de una sociedad cuyo fin último es proteger sus beneficios.
Ingresa 60 euros mensuales
El caso de Verónica y Lazora es paradigmático. Madre de una menor de 14 años “en paro y sin ningún tipo de ayuda”, según relataba, se ha visto expulsada de la casa por la policía tras el proceso puesto en marcha por la dueña: Lazora. El Ayuntamiento no tiene potestad legal para intervenir, ya que cedió el suelo y sus derechos a cambio de la construcción. “Se le ofreció una solución que no quiso”, han dicho. Verónica asegura que ingresa “60 euros mensuales y sólo el alquiler son 400”.
El abogado de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), Manuel San Pastor, ha criticado que “viviendas en suelo público para los colectivos con más dificultades hayan sido cedidas (tanto su construcción, como su uso y gestión) a una empresa como Lazora, especializada en especular y lucrarse con turbio negocio del ladrillo” y remarca que “en suelo municipal, público y que debería estar al servicio de dar soluciones sociales se están produciendo desalojos de personas con necesidad”.
Lazora es un fondo gestionado por Azora desde 2004 “con el objetivo de invertir en vivienda de protección oficial en España”. Goldman Sachs y Azora conforman un fondo de inversión que se hizo en 2013 con 3.000 viviendas del plan de alquiler de la Comunidad de Madrid por 201 millones de euros con la posibilidad de enajenar “por promociones completas, de manera parcial, incluso individualmente, y a precio libre, en cualquier momento del periodo de vinculación a dicho régimen de uso, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda, a un nuevo titular o titulares, siempre que sean personas jurídicas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria”.
Es decir, es libre de vender en el mercado (y a precio de mercado) esos pisos protegidos adjudicados por la administración a personas que cumplían unos requisitos muy específicos y pensados para garantizar su derecho a la vivienda. El PSM denunció los hechos y el juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid ha incoado diligencias previas.
