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Macarena Orosas, presidenta de la asociación AMRO

“Lo que pedimos es resignificar un monumento que ensalza la figura de un dictador, pero hay falta de interés político”

Macarena Orosas es presidenta de la asociación memorialista que ha llevado a los juzgados a Santa Cruz de Tenerife por su monumento a Franco. Recuerda que no está pidiendo la demolición de la escultura, sino su resignificación, lo que evidencia aún más la dejación del grupo de Gobierno

Lamenta que diez años después de la llegada de la Ley de Memoria Histórica, la capital tinerfeña aún no tenga un catálogo de vestigios y lo haya encargado por valor de 56.000 euros. “En otros ayuntamientos no ha tenido ningún coste”

Cree que el paso que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la exhumación de Franco “es vital para democratizar España”

La entrevista completa en vídeo puede verse este martes a las 20.30 en Mírame TV

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Macarena Orosas, presidenta de la asociación memorialista RANZ-Orosas, que ha llevado a los juzgados a Santa Cruz de Tenerife.

Macarena Orosas, presidenta de la asociación memorialista RANZ-Orosas, que ha llevado a los juzgados a Santa Cruz de Tenerife.

Macarena Orosas es presidenta de la asociación memorialista Ranz Orosas (AMRO), que ha liderado la batalla contra cientos de ayuntamientos de toda España por incumplir la Ley de Memoria Histórica, entre ellos, Santa Cruz de Tenerife, que además de mantener un monumento a Franco, continúa sin cambiar calles y sin tener un catálogo de vestigios. Es concejala por el PSOE en Coslada y secretaria de Memoria Histórica del partido en Madrid.

La asociación llevó a este Consistorio a los juzgados, pero se vio obligada a dejar de momento la causa después de que Santa Cruz contestara que ha encargado el catálogo de vestigios por valor de 56.000 euros y un informe al Cabildo sobre el monumento a Franco. Orosas señala que esta tarea se ha realizado por parte de otros ayuntamientos sin que suponga ningún coste para la ciudadanía. Sobre el monumento, aclara que lo que se está pidiendo es su resignificación, no destruirlo y ello evidencia aún más la falta de interés político en este asunto. Por ello, esperará a la modificación que llevará a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez en la Ley de Memoria Histórica y que incluirá sanciones a los ayuntamientos que no cumplan.

¿Cómo afecta a la salud de la democracia que aún nos encontremos en España monumentos o símbolos que ensalzan la figura de un dictador?

Es una situación bastante anacrónica. Un país que se quiera llamar democrático no puede tener simbología, calles, placas, monumentos… que ensalzan la figura del dictador o de algunas de las personas que fueron parte de esa cruenta guerra que vivimos en España y de una dictadura que hizo sufrir a una parte de la población.

¿Qué dice exactamente la Ley sobre este tipo de monumentos?

Hace referencia a la elaboración de un catálogo de vestigios que hay que retirar. Hay que retirar simbología, placas… y resignificar ese tipo de símbolos. Otra cosa es ya lo que políticamente cada una de las regiones esté realizando. Por eso, el trabajo que estamos haciendo desde la asociación AMRO es intentar que después de diez años se cumpla la ley, pero no hay cierta voluntad por parte de las instituciones.

La asociación Ranz- Orosas ha sido clave liderando una batalla judicial contra cientos de ayuntamientos en España por incumplir la Ley de Memoria Histórica y uno de ellos es precisamente Santa Cruz de Tenerife. ¿Nos puede hacer un repaso de cómo ha sido la actuación de la asociación en este procedimiento?

Lo que hicimos en un primer momento fue presentar un derecho de petición al propio Ayuntamiento para que realizase ese catálogo de vestigios porque entendíamos que no solo estaba ese monumento, sino que había también calles y podía haber placas del Instituto de la Vivienda. Al no encontrar respuesta, fuimos a un contencioso administrativo y ahí ya nos contestaron que el Ayuntamiento estaba realizando unos trabajos que hoy día aún no han dado sus frutos. Unos trabajos que entendemos que económicamente están cargando sobre el dinero público, algo que nos parece en parte difícil de explicar porque hay otros municipios como por ejemplo Coslada (Madrid), donde se ha elaborado este catálogo y no ha supuesto ningún coste para las arcas municipales.

Dos de los estudios encargados por el Ayuntamiento hacen referencia a que existen valores culturales en el monumento. Sin embargo, si tenemos en cuenta el NO-DO de 1966, cuando se inauguró la escultura, se explica que representa la partida de Franco para iniciar el golpe militar. ¿Es posible entonces buscar valores artísticos sabiendo que existe esta explicación?

Son este tipo de argumentos a los que se agarran muchas administraciones para evitar un conflicto ciudadano. Con el tema de denominar como Bien de Interés Cultural, esto sí que viene recogido en la Ley, y en estos casos sí que hay ciertas limitaciones a la hora de eliminar la simbología. Lo que debería haber hecho el Ayuntamiento, ya que esta Ley lleva en vigor más de diez años y este procedimiento lleva abierto también más de un año, es haberlo requerido mucho antes. Además, para declarar un BIC tiene que haber un informe del Ministerio de Cultura.

De hecho, en este caso, el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife no es Bien de Interés Cultural, con lo cual ¿tendría menos sentido aún mantenerlo?

Efectivamente. De todos modos, lo que pedimos desde la asociación es que se haga un catálogo de vestigios y que se resignifique el monumento. En ningún momento queremos destruir la cultura. Lo que queremos es la resignificación de un monumento dedicado al franquismo y a la figura de un dictador.

¿Exactamente en qué consistiría la resignificación del monumento?

Puede ser a través de una placa, de una historia dentro de esa placa, a través de un  documento gráfico que se pueda poner cercano a la escultura y donde se explique lo que sucedió, quién fue Franco, por qué está erigido este monumento y no dejarlo a la luz los viandantes que puedan pensar que es el ensalzamiento a un dictador.

La idea sería que los ciudadanos tengan conciencia de lo que ocurrió y la resignificación sirva de cara al futuro…

Claro. Lo que queremos es que la historia no la cuenten solo desde una de las perspectivas, sino que se haga una amplia información de lo que ocurrió y se sepa quién era realmente Franco.

Entonces, ¿la desidia del Ayuntamiento se podría decir que ha sido mayor en el sentido de que ni siquiera se está pidiendo el derribo de la escultura, sino su resignificación?

Lo que está claro es que, si después de diez años de la ley de memoria histórica y después de haber presentado el derecho de petición y no habernos contestado, todavía no tiene el catálogo de vestigios, es que hay una falta de interés político importante.

¿La asociación se plantea volver a abrir otro procedimiento si finalmente ese estudio del Cabildo no les convence y no se elimina o resignifica el monumento?

Nos estamos planteando seguir un trámite ya que, como dijo la ministra de Justicia en  el Congreso, se van a hacer unas modificaciones en la Ley de Memoria Histórica y si no se cumple con la norma se sancionará a las administraciones. .

¿Y esperarán primero por ese informe?

Esperaremos independientemente del informe. Sí se puede resignificar el monumento, es cuestión de voluntad política ya que no significa destruirlo, sino  poner una placa y explicar lo que ocurrió en España y por qué está ese monumento ahí. Se trata de dignificar un poco a cientos de miles de ciudadanos que sufrieron una cruenta guerra y una dramática dictadura.

Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife

Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife EFE/Cristóbal García

No es el único símbolo franquista que queda. En Canarias aún hay calles que no se han cambiado y símbolos como el yugo y las flechas del Instituto Nacional de Vivienda. ¿Qué significado tienen estas placas y cómo es posible que sigan conviviendo entre nosotros?

Las placas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda han formado parte de nuestra propia ciudad y muchas veces no somos conscientes de que las tenemos. Se pusieron en aquellos edificios que el Instituto de la Vivienda subvencionaba a través de un decreto. En estos casos, los ayuntamientos no pueden intervenir directamente porque viene recogido en la ley que está dentro de un espacio privado. Lo único que puede hacer es requerirles a las comunidades de propietarios que las retiren y, en caso de que no lo hagan, se les pueden sancionar retirándoles cualquier tipo de ayuda que estén recibiendo por parte de la administración.

Por parte de la asociación, entiendo que lo que sí que se ha hecho es advertir a los ayuntamientos…

Sí. De hecho, dentro del catálogo de vestigios no solamente están los monumentos, también está la simbología en las calles, las placas, los escudos… Todo lo que tenga que ver con la exaltación de la guerra civil y de la dictadura, tanto si está en suelo público como en suelo privado.

¿Se podría decir que Canarias aplica peor la Ley de Memoria Histórica que otros puntos de España o es extendido este retraso que llevan las instituciones en no tener catálogo de vestigios?

Lamentablemente yo creo que es bastante común. Es muy lamentable que llevemos 40 años de democracia y tengamos que estar aún hablando de este tema. En muchas ocasiones dice una parte del espectro político que tenemos que pasar página, pero no podemos hacerlo hasta que no hayamos leído toda nuestra historia. Somos el segundo país del mundo que aún tiene fosas comunes de una guerra, hay todavía más de 114.000 cuerpos en cunetas, desparecidos… miles de familias queriendo recuperar a sus familiares.

Nuestra conversación sería impensable en países como Alemania por ejemplo…

Absolutamente. Tú no encuentras en Alemania ningún monumento que exalte la figura de Hitler y está prohibida cualquier tipo de fundación. Sin embrago, nosotros todavía tenemos una fundación Francisco Franco que ha estado recibiendo dinero público. Es una asociación que incumple taxativamente la Ley de Memoria Histórica porque lo que hace es realzar la figura, vida y obra de un dictador.

También se han dado casos peculiares como en el callejero de Antigua, en Fuerteventura, donde existe una vía denominada Primo de Rivera y que el ayuntamiento se resiste a quitar porque asegura que hace referencia a un vecino. ¿Es algo que ha ocurrido en otros puntos de España?

Sí, además ese tema también lo hemos llevado a través de la asociación y no es común pero sí que nos ha ocurrido en alguna que otra región. En estos casos, lo que pedimos es un acta del pleno donde se le puso el nombre a esa calle y ahí es donde ves si en la crónica aparece que está dedicada a un vecino o se le puso para el reconocimiento y alarde de la dictadura.

En el municipio grancanario de Ingenio se han cambiado los nombres de las calles franquistas,  pero se han mantenido las dos placas durante un tiempo. ¿Es este un procedimiento habitual? ¿Es correcto?

En algunos municipios sí que se mantienen durante un tiempo. Lo hacen para adaptarse al nuevo cambio. Entendemos que es un poco por intentar que sus vecinos no se pierdan durante un tiempo.

Recientemente, hemos conocido que se destina más dinero a mantener el Valle de Los Caídos que a abrir fosas comunes. En Canarias, el pasado año se abrió un pozo del que se han rescatado los restos mortales de decenas de fusilados y se está estudiando exhumar otra fosa. ¿Cree que debería ser un tema prioritario en las agendas de los gobiernos?

Absolutamente. Me consta que en la proposición para la nueva ley viene recogido que debería ser el propio Estado el que se encargue de esas fosas. Tiene que ser una cuestión de Estado, fue un conflicto de Estado, por una guerra civil. Aún tenemos 114.000 cuerpos. Creo que en las Islas son 3.000 asesinados, que están en fosas y desaparecidos.

¿Debe existir una ficha financiera fija para que no ocurra como en los años en los que ha gobernado el PP, dejando a cero el presupuesto para esta materia?

Obviamente. La memoria historia necesita de los Presupuestos Generales del Estado. Durante el gobierno del PP, se vio cuál era su ideología y su voluntad. Es cierto que no derogó la Ley de Memoria Histórica, pero la derogó de facto al dejarla con cero euros y así es dificilísimo poder devolver la dignidad a muchas familias.

En Canarias se está elaborando una ley autonómica, tomando el ejemplo de comunidades como Andalucía, pero también se le achaca esa falta de una ficha financiera. ¿Cómo deberían abordarse estas normas?

En Andalucía, la Ley de Memoria Democrática tiene partida presupuestaria y en Valencia igual. Es obvio que toda ley necesita un apoyo económico y, en este caso, mucho más, porque el trabajo de investigación para llegar a esas fosas hace imprescindible tener dentro de los PGE una partida específica.

El presidente de Canarias  llegó a afirmar que la exhumación de Franco es una cortina de humo de Pedro Sánchez. ¿Cómo encajan estas declaraciones de un presidente autonómico en un momento como este?

Yo creo que cuando un tema te es incómodo ideológicamente siempre intentas atacar al adversario intentando minimizar el logro en este caso o intentando dejar en evidencia ciertas carencias que tú mismo tienes. Creo que el paso que está dando el Gobierno de Pedro Sánchez es vital para democratizar España.

No se pueden cerrar heridas sin terminar de contar la historia…

Acusan muchas veces al Gobierno de reabrir heridas y es que nunca se han cerrado. Que todavía haya un monumento como el Valle de Los Caídos y que dentro esté enterrado dignamente un dictador que todos los días recibe flores frescas y haya cientos de miles de españoles tirados en cunetas hace que no podamos vivir en una democracia plena. 

La entrevista completa con Macarena Orosas en vídeo puede verse este martes 18 de septiembre a las 20.30 en Mírame TV.

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