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INTERNACIONAL

El gobierno británico quiere impedir a sus soldados el acceso a los tribunales

El gobierno busca crear un sistema interno para canalizar las denuncias y se teme que sirva para esconder los errores del Ministerio de Defensa

Isabel II asiste a una misa en memoria de los británicos caídos en Afganistán

Isabel II asiste a una misa en memoria de los británicos caídos en Afganistán. EFE

Los planes gubernamentales para extender la inmunidad en combate y para evitar que las denuncias militares lleguen a los tribunales les “negará el acceso a la justicia” a los soldados y tapará los errores del Ejército, según ha advertido una asociación de abogados al gobierno británico.

La propuesta británica de canalizar todos las quejas a través de un sistema interno del Ministerio de Defensa evitaría la necesidad de probar negligencias y aumentaría el valor de las compensaciones. Sin embargo, genera recelo en muchas familias de militares que han luchado por sacar a la luz los fallos en vehículos militares y en indumentaria de protección.

El aumento de las compensaciones, anunciado antes de Navidad, es la iniciativa más reciente del ministro de Defensa, Michael Fallon, en su campaña por proteger a los soldados y al ministerio de las acciones legales en su contra.

El pasado octubre, el Ministerio de Defensa anunció planes para que el Ejército no acate ciertas partes del Convenio Europeo de Derechos Humanos durante futuros conflictos. Dicho plan tiene el objetivo de bloquear toda “una industria de denuncias abusivas” contra las tropas. El Ministerio de Defensa también ha iniciado acciones legales contra los abogados que denunciaron supuestos abusos en Irak.

La Law Society, una asociación que representa a abogados de Inglaterra y Gales, teme que la propuesta reprima el debate público legítimo y que les niegue a los familiares de militares fallecidos el acceso a la justicia.

El Ministerio de Defensa quiere imposibilitar que los soldados y sus familias presenten denuncias judiciales relacionadas con acciones en combate. Los militares tendrían como único recurso un programa de compensaciones del Ministerio, que decidiría sobre demandas contra sí mismo”, señala el presidente de la asociación, Robert Bourns.

Esto significa que las demandas no llegarían a oídos de un juez, los hechos no serían investigados de forma independiente, no se decidiría sobre la responsabilidad de los hechos y ninguna institución estatal se haría cargo de su responsabilidad”, indica Bourns.

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Protesta por la invasión de Irak con una representación de Tony Blair en primer plano. EFE

No se debe excluir a los soldados y a sus familias del sistema judicial. La Law Society responderá a las consultas de Defensa [proceso previo a la presentación de un proyecto de ley ante el Parlamento] para plantear ésta y otras preocupaciones”, añade.

Sin embargo, el diputado conservador Tom Tugendhat, un ex teniente coronel de Inteligencia que prestó servicio en Irak y Afganistán, dijo que la propuesta del gobierno es “absolutamente correcta”.

Este martes, Tugendhat declaró en una entrevista a BBC 4 que el cambio “significaría que los comandantes jóvenes no tendrán que tomar decisiones con el miedo de que 20 años después venga un abogado a cuestionarlas en un tribunal”.

Tugendhat explicó que seguiría siendo posible investigar las acciones de mandos de alto rango y funcionarios, como hizo Sir John Chilcot respecto a la guerra de Irak.

Eludir el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Bourns, entrevistado en el mismo programa, señaló que se seguiría aplicando la inmunidad de combate y que las acciones legales presentadas hasta ahora por soldados están en su mayoría relacionadas con negligencias fuera del combate activo, por ejemplo por casos de entrenamiento y equipamiento inadecuado.

Sin embargo, Tugendhat añadió: “La inmunidad en combate no es algo nuevo y el ministerio no la está, entre comillas, extendiendo. Lo que se está haciendo es reinstalar lo que eliminaron una serie de acciones legales en los últimos 20 años a causa del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Según el plan presentado, militares activos o retirados que hayan sido heridos en combate o los familiares de los militares fallecidos recibirán una compensación “igual a aquella que habría otorgado un tribunal si el Gobierno hubiera sido declarado culpable de negligencia”. Se presentará un proyecto de ley para extender la inmunidad en combate, para evitar que el Ministerio de Defensa sea llevado a los tribunales. Esto, según el documento emitido por el Gobierno para ser sometido a debate, “evitará los a menudo estresantes procesos judiciales que pueden durar años antes de resolverse”.

Sí se podrá ir a juicio contra el Ministerio de Defensa por hechos que hayan sucedido fuera de un conflicto armado u operación para mantener la paz, así como por cuestiones de derechos humanos. La inmunidad en combate se podría aplicar también dentro del Reino Unido, presumiblemente para conflictos en Irlanda del Norte.

El programa de compensaciones de las Fuerzas Armadas no implicará ninguna audiencia pública. Los montos estarían “en línea con los que otorgaría un tribunal”. Los tasadores serían jueces retirados o abogados con mucha experiencia, designados por el Ministerio de Defensa. Las apelaciones a dichas decisiones se harían ante un tribunal independiente.

Jocelyn Cockburn, abogada del despacho Hodge Jones and Allen, presentó una denuncia por el despliegue de vehículos Snatch Land Rovers mal blindados en Irak y Afganistán, ya que eran vulnerables a las bombas escondidas en la carretera.

El impacto y probablemente la intención de este cambio son proteger al Ministerio de Defensa de las investigaciones judiciales, por ejemplo en el caso de denuncias por equipos defectuosos”, afirma Cockburn.

Protestantes queman una bandera británica por el asesinato de Baha Mousa en la plaza de Tahrir en Baghdad, Irak

Protestantes queman una bandera británica por el asesinato de Baha Mousa en la plaza de Tahrir en Baghdad, Irak AP Photo / Khalid Mohammed

El informe Chilcot sobre la guerra en Irak identificó muchos errores del Ministerio de Defensa en la planificación y preparación para la guerra en Irak, que se describieron como ‘completamente inadecuados’. Es llamativo que el primer paso que toma el Ministerio después de la presentación del informe Chilcot sea justamente eludir la responsabilidad que tiene de proteger a los soldados y de ofrecerles un ‘sistema de trabajo seguro’ cuando se destina a tropas para luchar en nuestro nombre. El programa de compensaciones se podría implementar sin necesidad de eliminar las responsabilidades del Estado”, señala.

Yo celebro la propuesta de un sistema que compense a todos los muertos y heridos en combate al máximo posible. Nadie debería luchar una década para obtener justicia, como tuvieron que hacer los familiares de los fallecidos en los Snatch Land Rover. Sin embargo, tasar una pérdida es un proceso complejo y si el Ministerio de Defensa realmente quiere compensar al máximo a los hombres y mujeres que prestan servicio en las Fuerzas, entonces estos deben tener el recurso a la representación legal antes los tribunales”, añade.

"Quieren esconder la suciedad"

Colin Redpath presentó una denuncia por negligencia que llegó hasta el Tribunal Supremo en 2013. Él y otras familias alegaban que el Ministerio de Defensa no había ofrecido vehículos militares correctamente blindados.

Su hijo, el soldado Kirk Redpath murió cerca de Basora, en el sur de Irak, en agosto de 2007, cuando el vehículo Snatch Land Rover en el que viajaba fue alcanzado por una bomba. En Afganistán se han denunciado más de 35 muertes similares por fallos en el blindaje de los vehículos, a los que apodaron “ataúdes con ruedas”.

El Ministerio de Defensa quiere arreglar las cosas fuera de los tribunales,” aseguró Redpath. “Por eso están presentando este sistema nuevo. Pueden hacerlo, pero significa que nuestros problemas no van a salir a la luz. Quieren esconder la suciedad debajo de la alfombra. El problema con los Snatch Land Rover se sabía en el 2004 pero mi hijo murió tres años más tarde dentro de uno de estos vehículos y no se ha hecho nada al respecto”.

El Ministerio no quería que fuéramos a los tribunales por el problema de los Snatch Land Rover. ¿Y el equipo de radio que no funcionaba en la comisaría? [en Majar Kabir donde una multitud iraquí mató a seis policías militares británicos en 2003]. Siempre van a morir soldados en combate, pero se les debe proporcionar el mejor equipo para evitar la mayor cantidad posible de muertes. En la primera guerra del Golfo los enviaban sin chalecos antibalas”.

El informe Chilcot concluyó que los vehículos Snatch Land Rover ya habían terminado su período de utilización y que se deberían haber reemplazado.

En respuesta a las críticas por el proyecto de ley, Fallon contestó: “Nuestras Fuerzas Armadas arriesgan sus vidas por nuestra seguridad. Este nuevo sistema les ofrecerá compensaciones más generosas a cualquier persona herida en combate o a las familias de los fallecidos. Con estos cambios buscamos aumentar el monto de las compensaciones y eliminar el estrés de los largos procesos judiciales”.

Un portavoz del Ministerio de Defensa declaró: “El objetivo es ofrecer mejores compensaciones y, al margen de las acciones legales, ya es nuestra prioridad aprender de los incidentes relacionados con la seguridad de nuestro personal”.

Cuando han ocurrido muertes o heridos de gravedad, hemos puesto en práctica sólidos sistemas y procesos de investigación. Y en los desafortunados casos de fallecimiento, el requisito de una investigación independiente para determinar las causas de la muerte seguirá en pie, por supuesto”.

Martha Spurrier, directora de la ONG Liberty, opinó sobre el nuevo sistema de compensaciones: “Estas propuestas son un insulto hacia nuestras Fuerzas Armadas y hacia las familias que en algunos casos han luchado durante décadas para que el Ministerio de Defensa aprenda de sus errores. Sólo a través de los tribunales se puede mejorar la protección de nuestras tropas”.

Eludiendo futuros reclamos legales, el Ministerio de Defensa busca esconder sus pecados debajo de la alfombra y hacer caso omiso a los hombres y mujeres que han sido defraudados por el Gobierno al cual prestan servicio”.

Traducido por Lucía Balducci

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