El precio de la distensión
Este fin de semana, Colau propuso en público un pacto para aprobar los presupuestos del Estado, catalanes y de Barcelona recurriendo a la mayoría política que echó de la Moncloa a Rajoy. Eso es, un acuerdo entre PDeCAT, ERC, socialistas y Comuns-Podemos. Sin independentistas no pueden salir adelante las cuentas del Estado. Y sin la colaboración de Catalunya en Comú y/o PSC difícilmente se conseguirá un presupuesto en la Ciutadella. Con ello se buscaría dar un cierto nivel de estabilidad a las instituciones públicas, en sus distintos niveles territoriales, en un momento de excepcionalidad y transitoriedad. Interdependencias aritméticas pero también políticas.
Republicanos y socialistas se apresuraron a responder negativamente a la propuesta de la alcaldesa de Barcelona. Pero lo cierto es que en los hechos los diversos actores citados están trabajando para acercar posturas. Tanto en Madrid como en Barcelona se allana el camino para el entendimiento. El pasado 2 de octubre, JxCat, ERC y Comuns (con una aceptación tácita por parte del PSC) aprobaban el procedimiento para suspender temporalmente los diputados encausados y cumplir la interlocutoria de Llarena. Se abría así un nuevo marco de actuación de geometría variable en el Parlament. También resulta remarcable la respuesta que obtuvo el president Torra a su ultimátum al presidente Sánchez por parte de los partidos independentistas: Rufián (ERC) y Bonvehí (PDeCAT) dejaban claro que su apuesta era seguir explorando las potencialidades del nuevo escenario abierto a partir de la moción de censura al Partido Popular.
Sin embargo, no sería buena idea que el gobierno de Sánchez pensara que las cosas están hechas. Declaraciones eufóricas como las de Borrell valorando la ruptura del independentismo (“pues parece que está vez si va en serio, parece que sí que se ha producido una ruptura ya manifestada en votos”), pueden hacer calibrar equívocamente la situación. Existe una demanda independentista que se manifiesta ininterrumpidamente desde 2012 en las elecciones, la demoscopia y la calle. Esta no desaparecerá de una día para el otro. No lo ha hecho, a pesar de conflictos internos, represión o falta de dirección política. La crisis del estado autonómico ha llegado para quedarse. Además, la judicialización del conflicto ha generado malestar y descontento, con importantes dosis de emotividad: una parte importante de la ciudadanía (catalana y española) no entiende que haya políticos y activistas en la cárcel. La desproporcionalidad del tipo penal de rebelión para juzgar los “hechos de octubre” o la falta de justificación de la prisión provisional enquista el conflicto y dificulta su gestión.
Porque no todo puede reducirse a la fractura interna o a problemas de convivencia, por mucho que la portavoz Celáa insista en ello. Si estos existen, tienen que resolverse entre catalanes. Lo que se espera del Gobierno español es que acompañe la senda de la distensión. Dialogo y ley, sí. Pero también empatía. Empezar a poner encima de la mesa la posibilidad de reforma del modelo de organización territorial, aunque sabemos que la legislatura Torra y Sánchez son transitorias y esta no se producirá ahora. Y generar un clima de opinión que haga frente a los discursos punitivistas y revanchistas de una parte de la caverna mediática y de ciertas corporaciones del Estado. Todo ello para que el precio de la moderación, a ambos lados del tablero, sea el más reducido posible.
