Doce comunidades se rebelan contra la gestión de Fátima Báñez
Los consejeros de empleo de doce comunidades autónomas se reunieron este miércoles en Madrid a espaldas del Ministerio de Empleo. La reunión era, precisamente, para dejar clara su crítica a la gestión del departamento de Fátima Báñez, tanto en el reparto de los fondos económicos que se destinan a las comunidades autónomas, como en el diseño de las políticas activas de empleo.
Una de ellas, el programa de Garantía Juvenil, la gran apuesta del Gobierno para combatir el paro entre los jóvenes, apenas llega a sus potenciales beneficiarios, por eso, las comunidades quieren cambiar su diseño y criterios de acceso y se han puesto manos a la obra sin contar con Fátima Báñez.
La primera queja de estas comunidades díscolas tiene que ver con los fondos para políticas activas. Cada año, el Ministerio reparte entre las comunidades una partida con este fin. Los consejeros denunciaron que el Ministerio no transfirió hasta la semana pasada la partida correspondiente a este año: 1.800 millones de euros.
“Esto supone que somos las comunidades las que estamos pagando las políticas activas del Estado, mientras se nos ahoga con los límites de déficit. Esto no puede volver a suceder, no se puede poner en riesgo esta cantidad económica, las políticas de inserción a parados”, dice el consejero balear, Iago Negueruela, promotor de la reunión.
Además de Islas Baleares, las comunidades que plantan cara a Empleo son Andalucía, Cataluña, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Las consejerías exigen al Ministerio de Empleo que convoque una conferencia sectorial a comienzos de año para hablar de políticas activas y reparto de fondos. El diseño de estas políticas, dicen, no puede hacerse sin tener en cuenta a las comunidades. Varios consejeros, sin embargo, dejan constancia de que la falta de diálogo real es palpable y critican la “contraprogramación” del Ministerio. Justo este miércoles Fátima Báñez anunciaba en el Congreso que la semana próxima se reunirá con las comunidades para impulsar la Garantía Juvenil.
Esa, la Garantía Juvenil, es otra de las quejas de las comunidades y otro de los puntos en los que quieren ser escuchadas. Según los últimos datos aportados por Báñez, hay 400.000 inscritos en esta iniciativa y el 20% de ellos ha encontrado un empleo. El objetivo era llegar a casi 800.000.
Las comunidades critican que los criterios de acceso dejan fuera a muchos jóvenes. Uno de los requisitos es no haber trabajado ni recibido formación durante el mes anterior. Los consejeros quieren que esto se elimine para incluir a los jóvenes con contratos esporádicos y proponen también dar cabida a las personas con trabajos muy precarios o de solo unas horas.
La forma en la que hay que registrarse también está en el punto de mira. Las comunidades plantean que todos los jóvenes que estén inscritos en los servicios públicos de empleo lo estén también automáticamente en la Garantía Juvenil y evitar así trámites y dobles registros.
