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Regresión y Tribunal Constitucional

Lo que más violenta el ser del Tribunal Constitucional es la pretensión de convertirlo en un tribunal de garantías. A diferencia del alemán o del austríaco, el español no es en su concepción un tribunal de impeachment ni un tribunal electoral. 

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Las sociedades no mueren v í ctimas de sus contradicciones, sino de su incapacidad para resolverlas (Octavio Paz, El ogro filantr ó pico ). La frase parece hecha para el legislador que ha promovido las ú ltimas reformas del Tribunal Constitucional. Unas reformas ad casum en las no se procura a condicionar al Tribunal para que afronte mejor los conflictos que ha de resolver. Antes bien: se reforma para tener un tribunal a la medida de un conflicto.

Incapaz de pensar reposadamente y al margen de los grandes titulares, el legislador ha proyectado sus inseguridades pol í ticas sobre la jurisdicci ó n constitucional.  

Primero fue el regreso del recurso previo (ley org á nica 12/2015). En democracia no se alcanza a comprender que una ley refrendada por la ciudadan í a pueda posteriormente ser declarada contraria a la Constituci ó n. Si tal cosa ocurre es que algo va mal. El vigente Estatuto de Autonom í a de Catalu ñ a fue aprobado por una ampl í sima mayor í a de su Parlamento; por la mayor í a absoluta del Congreso y del Senado; y fue refrendado por el pueblo catal á n. A pesar de todo ello se impugn ó , pr á cticamente en su totalidad, ante el Tribunal Constitucional. El Estatuto fue reinterpretado y algunos de sus preceptos declarados inconstitucionales. Los ciudadanos de Catalu ñ a hab í an votado una cosa pero el Estatuto que finalmente se les entregaba (cinco a ñ os despu é s de haber entrado en vigor) era otra. Peor, imposible.

Despu é s de un largo proceso de transacciones y renuncias rec í procas la voluntad democr á tica de los catalanes era desplazada mediante una perversa celada. Con independencia de la valoraci ó n que a cada cual merezca la Sentencia 31/2010 hubo un lugar com ú n: un estatuto de autonom í a no puede ser fiscalizado en su constitucionalidad despu é s de haber sido refrendado. Con igual sinton í a se apunt ó el remedio: rescatar el recurso previo de inconstitucionalidad. Solo as í el control de constitucionalidad de la ley podr á operar de forma respetuosa con la voluntad manifestada por la ciudadan í a. M á s f á cil imposible: fast food, fumus bona iure.

Nadie quer í a recordar la desalentadora experiencia del recurso previo que hab í a llevado a su sensata derogaci ó n. Gracias al recurso previo, la minor í a, democr á ticamente derrotada, bloqueaba sistem á ticamente la iniciativa votada favorablemente por la mayor í a absoluta de las Cortes, impidiendo que pudiese convertirse en ley. Pero, adem á s, su utilizaci ó n respecto de los estatutos de autonom í a produce otros efectos no menos preocupantes desde la perspectiva del principio democr á tico. En primer lugar, se somete a examen de constitucionalidad la iniciativa votada, insisto, por la mayor í a absoluta las Cortes Generales, que representan a todo el pueblo espa ñ ol, para evitar que quede sujeto a ese mismo examen el parecer manifestado por algunos ciudadanos que conforman el cuerpo electoral de una comunidad aut ó noma. Si el control a posteriori humilla la voluntad ciudadana manifestada en refer é ndum ¿ No es tambi é n una humillaci ó n democr á tica la que experimenta la mayor í a absoluta del Congreso y el Senado?

En segundo lugar, el recurso previo obliga al Tribunal a tener que enjuiciar en caliente una norma que por su propia naturaleza (fundamento del ordenamiento jur í dico de la comunidad aut ó noma) tiene un alto contenido pol í tico y simb ó lico, muchos de cuyos preceptos, en tanto que fuente de otras fuentes de Derecho, est á n pensados para que sean libremente interpretados por el legislador auton ó mico y no por el Tribunal Constitucional.   que, obviamente, podr á enjuiciar la ley auton ó mica y, en su caso, declararla inconstitucional..

En tercer lugar, como lo que se somete a control de constitucional no es propiamente una ley, pues la iniciativa todav í a no se ha perfeccionado como norma, el Tribunal no podr á declarar que algunos de sus preceptos son inconstitucionales y, por tanto, nulos , por lo que el proyecto tiene que ser devuelto a las Cortes tal como dispone el nuevo art. 79.8, introducido por la L.O. 12/2015. Una circunstancia que plantea complejos escenarios que la reforma desconoce. As í , parece evidente que si el parlamento auton ó mico autor de la iniciativa discrepa del parecer del Tribunal podr á retirar su propuesta de reforma, condenando a la esterilidad todo el trabajo y las negociaciones habidas en las C á maras y el examen llevado a cabo por el Tribunal Constitucional.

Y, por ú ltimo, cumple no olvidar, como nos recuerda el citado art. 79 en su apartado 9, que el control   de constitucionalidad efectuado por el Tribunal a trav é s del recurso previo no impide que en el futuro nuevas impugnaciones del Estatuto puedan concluir declar á ndose la inconstitucionalidad de algunos de sus contenidos.

Cuando se parte de un mal diagn ó stico, ya no se sabe si es peor el remedio o la enfermedad. En efecto, el problema no est á en el momento de interposici ó n del recurso de inconstitucionalidad sino en la existencia del recurso mismo, que tanto da ñ o ha hecho a la pol í tica espa ñ ola y al Tribunal Constitucional. Por su propia condici ó n, el recurso de inconstitucionalidad, sea o no sea previo, impide diferenciar entre pol í tica y derecho. En primer lugar, porque quienes lo pueden promover son sujetos pol í ticos (en lo que ahora importa cincuenta diputados o senadores) y, en segundo lugar, porque permite impugnaciones en bloque de car á cter puramente ideol ó gico, en tanto que es un recurso sin caso , es decir, sin un sustrato f á ctico real vinculado a una concreta aplicaci ó n de la ley. Por el contrario, la impugnaci ó n se formula contra una ley cuyos efectos jur í dicos no se han proyectado sobre la realidad y, por tanto, no son m á s que una conjetura interpretativa sobre un eventual conflicto normativo que, acaso, puede no llegar a producirse.   Es la posici ó n pol í tica e ideol ó gica del recurrente la que fundamente el recurso y delimita el debate ante el Tribunal Constitucional.

Es evidente que el recurso de inconstitucionalidad no es necesario para la defensa de la Constituci ó n, como lo demuestra el hecho de que solo exista en tres pa í ses (Alemania, Austria y Espa ñ a). Para depurar el ordenamiento jur í dico de normas inconstitucionales ya contamos con la cuesti ó n de inconstitucionalidad, con los conflictos de competencia y con el recurso de amparo frente a ley, procesos, todos ellos, en los que   el Tribunal desempe ñ a una labor verdaderamente jurisdiccional en el sentido definido por el maestro Guasp: la determinaci ó n del derecho en un caso concreto.

El recurso de inconstitucionalidad, sin embargo, favorece el maltrato a la Constituci ó n y al Tribunal, pues es utilizado por la minor í a para prolongar y mantener viva la tensi ó n pol í tica en torno a la ley aprobada por la mayor í a. Lo que la minor í a ha perdido con el voto pretende recuperarlo mediante su particular interpretaci ó n de la Constituci ó n, revistiendo con argumentario jur í dico su posici ó n pol í tica que fue, precisamente, la democr á ticamente derrotada. El recurso de inconstitucional es el medio para ese fin. Por eso la ú nica forma de evitar el control a posteriori de una ley refrendada, respetuosa con el principio democr á tico, con la Constituci ó n y con el Tribunal Constitucional es impedir que pueda ser atacada a trav é s del recurso de inconstitucionalidad. Las fuerzas pol í ticas con representaci ó n parlamentaria deben renunciar a la tentaci ó n de ganar en el Tribunal lo que perdieron en las C á maras. Bastaba, pues, con suprimir la posibilidad de impugnar pol í ticamente un Estatuto, suprimiendo que pueda objetarse su constitucionalidad por el cauce del recurso abstracto.

Si grave es la anterior reforma ¿ qu é decir de la que se est á tramitando? M á s all á de su descaro pol í tico (frente a la t é cnica de la alegalidad catalana -consulta, plebiscitos encubiertos, ó rganos de transici ó n - no debe responderse manipulando al á rbitro), quien la haya ideado desconoce la realidad de la jurisdicci ó n constitucional en Espa ñ a, no se ha enterado de que las sentencias tienen, por el hecho de serlas, fuerza de  cosa juzgada (pues otorga a las del Tribunal la condici ó n de t í tulo ejecutivo , como si fuesen una letra de cambio) y, en un incre í ble ejercicio de odio contenido, le atribuye la funci ó n de suspender sin plazo predeterminado ni procedimiento de defensa a funcionarios y cargos p ú blicos, por no hablar, en fin, de lo ex ó tico que resulta que el Tribunal pueda recabar el auxilio del Gobierno de la Naci ó n para la ejecuci ó n sustitutoria de sus resoluciones, dando por hecho que é l nunca las incumple (pi é nsese en las tres sentencias sobre formaci ó n continua, la del 0,7 ).

Con todo, lo que m á s violenta el ser del Tribunal Constitucional es la pretensi ó n de convertirlo en un tribunal de garant í as. A diferencia del alem á n o del austr í aco, el espa ñ ol no es en su concepci ó n un tribunal de impeachment ni un tribunal electoral (lo que explica que el llamado recurso de amparo electoral se introdujese por la puerta de atr á s al aprobarse la LOREG). Esa fue la voluntad expresa del constituyente y del redactor de la ley ó rganica del Tribunal, quienes deliberadamente descartaron esas funciones de control y sanci ó n, con el prop ó sito de impedir que se reprodujese la desolada historia del Tribunal de Garant í as de la Segunda Rep ú blica.

Hagamos memoria: mediante sentencia de 6 de julio de 1935, el Tribunal de Garant í as conden ó por un delito de rebeli ó n a Lluis Compayns y a siete de sus Consejeros por haber proclamado el Estado catal á n de la Rep ú blica Federal Espa ñ ola. En la sentencia se discute si el Estado de las autonom í as de la Constituci ó n de 1931 puede o no puede ser interpretado como un estado federal.  La primera alternativa conduc í a a la absoluci ó n. La segunda a la condena. Derecho constitucional y derecho penal se entremezclaban inexorablemente en una misma sentencia. De ese escenario se quiso proteger al Tribunal Constitucional de 1978 para asegurar su prestigio institucional y reforzar su cr é dito e independencia. Como con el recurso previo, el Gobierno se empe ñ a en volver acr í ticamente a los peores momentos de nuestra historia. Su deriva da miedo, como la ú ltima pel í cula de Alejandro Amenabar

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