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Qatar: Atrapados en una cárcel abierta para llegar a tiempo al Mundial 2022

“¿A qué has venido a este país: a trabajar o a comer?”. Así le espetaron sus jefes a Bhupendra, un obrero migrante nepalí en Qatar, cuando después de estar trabajando desde las cuatro de la mañana hasta las 10 de la noche pidió un descanso. Por “suerte”, él tuvo una lesión que le dejó inválido y después de dos años de denuncias y juicios consiguió un acuerdo para poder salir del país

Otros como él no han podido hacerlo y se han tenido que quedar en esta cárcel abierta. Así lo denuncia un informe que acaba de publicar Amnistía Internacional, coincidiendo con los planes de inicio de construcción de estadios e infraestructuras para el Mundial de Fútbol de 2022, que pone de manifiesto los abusos que abundan en el sector de la construcción de Qatar

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Pinturas viejas y materiales de desecho, que se almacenaban en los lugares de alojamiento de trabajadores en Qatar, octubre de 2012 © Shaival Dalal

Pinturas viejas y materiales de desecho, que se almacenaban en los lugares de alojamiento de trabajadores en Qatar, octubre de 2012 © Shaival Dalal

No pueden volver a sus países de origen porque sus responsables en las empresas les retienen los pasaportes, pero tampoco sobrevivir en las duras condiciones que algunas compañías qataríes mantienen para los trabajadores migrantes. Salarios bajos que reciben con retraso o nunca llegan, condiciones laborales en las que la higiene, la salud, o la vivienda no es digna. Horarios de trabajo que van hasta las doce horas diarias los siete días de la semana, sin la posibilidad de quejarse por las amenazas de sus jefes. Quedan nueve años para el Mundial de Fútbol 2022 de Qatar, un proyecto con un coste estimado de 4 mil millones de dólares. Sin embargo, es ahora cuando se está a tiempo de cambiar esta situación para los 1,5 millones de trabajadores que se espera que llegarán para construir nuevos estadios e infraestructuras.

El distrito financiero de Doha, Qatar, contrasta con las condiciones de los trabajadores migrantes © Amnistía Internacional

El distrito financiero de Doha, Qatar, contrasta con las condiciones de los trabajadores migrantes © Amnistía Internacional

Qatar es uno de los países más ricos del mundo, por PIB per cápita. También es uno de los que recibe mayor cantidad de población migrante con respecto a la población autóctona: un total de 1,35 millones de personas llegan a Qatar y suponen el 94% de la fuerza de trabajo nacional. Cada hora hay 20 nuevos habitantes en el país. Y no sólo eso: se espera que en la próxima década Qatar necesite un millón de trabajadores más.

Es el momento de que el gobierno de Qatar tome medidas urgentes para proteger a los trabajadores de la explotación”, afirma James Lynch, investigador de Amnistía Internacional para Oriente Medio. “Hemos conocido a personas que llevan sin ser pagados hasta 9 meses o un año; otros que no pueden abandonar el país porque su empleador no les devuelve el pasaporte o no les da su permiso de salida, tal y como requiere la ley qatarí por el sistema de “patrocinio” y es que además tampoco obtienen los permisos que necesitan para estar en el país, lo que les deja bajo el riesgo de arresto”, asegura James Lynch.

“Es sencillamente inadmisible que en uno de los países más ricos del mundo se explote de forma despiadada a tantos trabajadores migrantes, se los prive de su salario y se los aboque a intentar sobrevivir”, declara Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Tráeme las cartas de los animales”

En Qatar es frecuente que los trabajadores migrantes de la construcción lo hagan para pequeñas y medianas empresas subcontratadas por grandes compañías que, en algunos casos, no verifican si se está explotando al personal contratado. Se trata de empresas como Qatar Petroleum, Hyundai E&C o la española OHL Construcción, que emplea a más de 12.000 trabajadores desarrollando labores de planificación urbanística, instalación electromecánica y puesta en marcha de todos los equipos y sistemas en el Sidra Medical and Research Centre. Aunque la respuesta de OHL fue positiva y manifestó su interés en llevar a cabo esfuerzos de investigación, no llegó a tiempo de monitorizar esos abusos porque ya había acabado su contrato con la empresa subcontratada.

Muchas de las empresas expresaron así su preocupación por los resultados del informe de AI y aseguraron haber llevado a cabo investigaciones. Sin embargo, la organización encontró numerosos ejemplos de directivos que consideran normal la práctica habitual de violar las normas laborales con el fin de tratar de ahorrar dinero, como, por ejemplo, retrasando el pago de los salarios, no renovando de los permisos de residencia y no cumpliendo con las obligaciones contractuales para pagar y permitir a los trabajadores regresar a casa.

El informe de AI también documenta actitudes discriminatorias por parte de los gerentes de dichas empresas, como llamar “animales” a los trabajadores pensando que nadie en el equipo de AI entendía el árabe.
 
“Por favor, dígame ¿hay alguna manera de salir de aquí?”

El derecho al trabajo, recogido en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, va más allá de la posibilidad de tener un puesto de trabajo. Abarca, al menos, el acceso a un trabajo sin discriminación, la libertad de elección del empleo y una estructura de apoyo que facilite el acceso al trabajo, incluida una formación profesional adecuada. Una violación particularmente atroz de este derecho es el trabajo forzoso: aquel que se exige mediante amenaza de algún tipo de castigo, ya sea penal o la pérdida de derechos o privilegios.

El documento presentado por Amnistía Internacional expone algunos casos que constituyen trabajo forzado, como situaciones en que los migrantes vivían con miedo a perderlo todo, amenazados con la imposición de multas, la expulsión o la pérdida de ingresos si no se presentaban a trabajar anque no se les pagase.

Bhupendra, un trabajador migrante nepalí, tuvo un terrible accidente de trabajo en Qatar que lo dejó permanentemente discapacitado © Amnistía Internacional

Bhupendra, un trabajador migrante nepalí, tuvo un terrible accidente de trabajo en Qatar que lo dejó permanentemente discapacitado © Amnistía Internacional

El equipo, que visitó el país en varias ocasiones, presenció a once trabajadores firmando ante cargos del gobierno documentos falsos en los que se afirmaba que habían recibido su salario, para poder abandonar el país. “Ayer vino el jefe y el patrocinador y nos dijeron: Los que quieran volver a sus países que se pongan en una línea, los que quieran autorización para ir a trabajar a otra empresa que se pongan en otra. Si queréis esas cosas, os las daremos. Pero tendréis que firmar un documento en el Ministerio de Justicia diciendo que habéis recibido todo”, así relataba uno de los trabajadores el chantaje al que habían sido sometidos.

Sistema de patrocinio

Nada de esto sería posible sin la Ley de Patrocinio de 2009, que exige a los trabajadores extranjeros el permiso de su patrocinador para salir de Qatar o cambiar de empleo. Si abandonan a su patrocinador o si intentan salir del país sin su permiso, pueden ser perseguidos por delitos criminales y castigados con penas de hasta tres años de prisión o multas de más de 13.000 dólares. Un estudio del National Qatar Research Fund de 2012 da cuenta de la potencia de esa ley: el 90% de los trabajadores tienen el pasaporte requisado por sus empleadores; el 56% no cuenta con la tarjeta sanitaria necesaria para acceder a los hospitales públicos; el 21% “a veces, raramente o nunca” recibe su salario; el 20% había obtenido un salario más bajo del prometido y el 15% tenía un puesto diferente del que le habían asegurado.

Tampoco la Ley del Trabajo les protege: los sindicados sólo están permitidos para los trabajadores de Qatar, no para los migrantes. Sin embargo, esta legislación regula a algunos grupos de trabajadores, entre los que no están incluídos los domésticos, dejándoles en especial riesgo. Existen en Qatar unos 130.000 trabajadores domésticos, 80.000 de ellos, mujeres. El informe de Amnistía Internacional analiza el riesgo que corren estas mujeres, por la combinación de la Ley de Patrocinio, la falta de regulación en la Ley del Trabajo y el aislamiento (o incluso el encierro bajo llave) que sufren porque normalmente viven en las casas de las personas para las que trabajan.

Jornadas de un número excesivo de horas por salarios bajos los siete días de la semana, tratos inhumanos o degradantes y violencia de género, que en algunos casos incluye el acoso sexual son algunas de las quejas recogidas en el informe. Algunas de ellas, que habían denunciado violaciones a las autoridades, habían sido investigadas por “relaciones ilícitas”.

Son algunos de los ejemplos de abusos cometidos en este país, que albergará en 2022 el Mundial de Fútbol, pero se podrían destacar muchos más. Las violaciones de derechos humanos ocupan más espacio en los medios de comunicación cuando el país es anfitrión de un Mundial o unos Juegos Olímpicos. Sucedió en Sudáfrica y en China, lo alertaba AI hace poco con el partido amistoso de Guinea Ecuatorial, mientras Blatter sigue preocupándose por quién es su jugador favorito.

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