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Abren juicio oral contra el alcalde de Cájar y candidato del PP por posible trato de favor

Está investigado por el presunto beneficio al que fuera teniente de alcalde en la concesión de una licencia de ocupación para su vivienda en contra de los informes técnicos municicpales.

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El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha decretado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Cájar (Granada) y candidato a la reelección en las próximas elecciones, Fidel Prieto (PP), por supuesto trato de favor al que fuera su teniente de alcalde en la concesión de una licencia de ocupación para su vivienda en contra de los informes técnicos municipales, por lo que está acusado de un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación común.

Así consta en un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, de fecha 18 de mayo, sólo seis días antes de las elecciones municipales del domingo, en el que el Juzgado señala que el órgano competente para su enjuiciamiento será la Audiencia Provincial de Granada, donde se enfrentará a una petición de la Fiscalía de dos años de prisión, 20 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 21.600 euros.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el regidor, "dispensando un trato de favor" al entonces teniente de alcalde y concejal, Raúl Montoya, le concedió por decreto de fecha 24 de julio de 2009 licencia de primera ocupación que había solicitado para una vivienda.

Todo, pese a un acuerdo de la junta de gobierno local celebrada el 13 de junio de 2006 en el que se estableció que no se le daría licencia de ocupación ni se podría utilizar la edificación en tanto las obras de la urbanización donde se ubicaba la parcela, incluidas zonas verdes, no estuvieran completamente concluidas y entregadas al Ayuntamiento, previa inspección de técnico municipal y el encargado de obras y servicios.

Asimismo, constaba en el expediente tramitado al efecto informe del encargado de obras municipales indicando que a aquellas fechas aún quedaba pendiente de ejecución la pavimentación asfáltica, la colocación de tapas en arquetas y la instalación de circuitos de alumbrado y red de baja tensión, e incluso un informe desfavorable de la secretaria municipal, haciendo constar que dicha licencia no podía concederse por cuanto las obras de urbanización y estaban terminadas ni habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento, lo que vulneraba la normativa.

Posteriormente el procesado, mediante providencia de fecha 7 de septiembre de 2009, resolvió incoar procedimiento para declarar la lesividad del decreto por el que se concedió la licencia de ocupación vulnerando la legalidad urbanística si bien la finalidad perseguida no era otra que "eludir su responsabilidad". De hecho, en sesión extraordinaria de pleno celebrada el 14 de marzo de 2013, a propuesta del alcalde, se aprobó el acuerdo de desistir de la declaración de lesividad de la licencia.

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