El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó al descubierto un sector débil, un gigante con pies de barro que, al desplomarse, hizo tambalear nuestra economía. Pero lo peor se escondía detrás de las cifras macroeconómicas: cientos de miles de rostros que, primero, incrédulos, les costaba asimilar lo que se les venía encima y que, después, se tornaron desesperación cuando por fin acertaron a adivinar su alcance. Unos datos que evacuaron una dramática sucesión de impagos, despidos, quiebras, desahucios, familias desamparadas y pobreza. Una pobreza que sólo nuestros abuelos recordaban.
La razón principal de este descalabro, aunque sí la que originó las más devastadoras consecuencias, no fue el alocado y cómplice proceder de los mercados hipotecario e inmobiliario, sino que la vivienda dejó de responder a las necesidades reales, a cubrir una función social, y se convirtió, como los bulbos de tulipán hace cuatrocientos años, en un medio con el que toda la ciudadanía tenía la expectativa de enriquecerse. Fue la sociedad, engañada, la que propició que un sistema desalmado arrebatara a la vivienda su razón de ser. Lejos quedaban lecciones económicas históricas.
Este desapego, esta enorme brecha, entre economía real y economía financiera, es el equivocado atajo al que ha recurrido de forma continuada la Escuela de Chicago para no desacelerar el galope de un crecimiento capitalista que dejó de fundamentarse en proyectos reales hace décadas. De nuevo, como en la Holanda de hace cuatro siglos, la economía ha trascendido lo real para abrazar un enmarañado conglomerado de mecanismos financieros (warrants, futuros, etc.) que carecen de sustento real alguno, y que funcionan en muchos casos como infames empresas multinivel.
El monetarismo ha dejado de ser un instrumento al servicio de la economía real para convertirse en un objetivo en sí mismo, en el que unos pocos juegan a enriquecerse sin preocuparles lo más mínimo lo que sucede fuera de sus acristaladas oficinas a cientos de pies de la calle; una calle en la que millones de personas luchan por sobrevivir.
Mientras estos brokers trajeados ganan mareantes cifras en concepto de comisiones por las miles de operaciones que realizan a diario, el impacto en las economías reales pasa sin pena ni gloria en el mejor de los casos, cuando no hacen quebrar Estados enteros, sirven para blanquear dinero de actividades delictivas, son usados como subterfugios para eludir el pago de impuestos, o provocan guerras y hambrunas. No son solo los diamantes los que se tintan del color de la sangre.
Por todo ello, es necesario que reconquistemos los principales sectores económicos de nuestro país, los desposeamos de esa capa especulativa sobrante, y recuperemos su valor real y social, de modo que sirvan para estabilizar el sistema, disminuir las desigualdades, y no para lo contrario.
Entre estos sectores estratégicos se encuentran el de la vivienda y la energía. Después de padecer años de una construcción que no respondía a las necesidades de la ciudadanía, debemos hacer un análisis profundo sobre cómo reequilibrar la incongruencia de “casas sin gente y gente sin casas”. Así como reconocer como un problema real la pobreza energética.
Para rescatar un sector de la construcción moribundo, pero no muerto, hay que huir de la obra nueva, ya que no nos encontramos, ni mucho menos, ante un problema de stock, sino que las soluciones pasan por una mejor gestión, adecuación y mantenimiento del parque inmobiliario existente, tanto público como privado, así como un problema de precio.
De entre las principales medidas a tomar, hay que incentivar el alquiler frente a la compra (arraigada culturalmente), por un lado para promover una mayor movilidad geográfica que permita una mejora en la dinamización del mercado laboral, y por otro para que al desplazar la demanda hacia el mercado de alquiler, se reduzca la enorme desproporción entre el precio de adquisición de la vivienda en comparación con los salarios, conteniendo la presión sobre el precio hasta que la adquisición de una vivienda en financiamiento no suponga un horizonte temporal por encima de los diez años.
Para conseguir esto último, tanto el desplazamiento de la demanda como el retraimiento en el precio hasta valores racionales (que sirvan a su vez para un ajuste en la financiación), han de dar entrada en el mercado nueva vivienda rehabilitada, vivienda en manos de entidades financieras y, también, vivienda pública a través de una remodelación en la gestión del parque público de vivienda. Lógicamente, de forma paralela se han de construir las condiciones e instrumentos necesarios para su consecución.
En lo que respecta a una mejor gestión en el parque público de vivienda, que combata las mafias y las deficiencias en el funcionamiento de las listas de espera de potenciales beneficiarios, así como las condiciones de acceso a las mismas, es fundamental una auditoría, registro y seguimiento tanto de las viviendas disponibles como de sus ocupantes.
Con respecto a la rehabilitación de vivienda, es necesario la puesta en marcha de un plan de ayudas económicas a familias y comunidades de vecinos que permitan la adaptación del parque de viviendas de Andalucía a las nuevas necesidades de ahorro energético y de modelo de vida sostenible, además de otras intervenciones para mejorar la calidad de vida de sus inquilinos, de forma que se impulse un transformado sector de la construcción, creador de empleo, con una recuperada función social y respetuoso con el medio ambiente.
La rehabilitación de edificios debe plantearse en su más amplio sentido. Entre las medidas subvencionables deben recogerse, entre otras, la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de ascensores, la estanqueidad de edificios, la reforma de fachadas y medidas de eficiencia energética y ahorro de consumo de agua. Son medidas que permitirían garantizar la habitabilidad en condiciones dignas para todos y todas.
De esta forma conseguiríamos una mejor adecuación entre las necesidades reales (y sociales) de vivienda y la oferta de la misma, cercenando de raíz la expectativa de enriquecerse de manera sistemática con el sector inmobiliario. La rehabilitación de viviendas en los centros históricos, por ejemplo, evitaría el éxodo hacia la periferia, evitando la aparición de guetos por el deterioro de las mismas, y el consecuente ahorro de acometer infraestructuras logísticas y equipamiento en las afueras, lo que repercutiría en una reserva para cubrir otras demandas, como garantizar los suministros básicos (electricidad, agua, gas) a familias sin recursos.
Debemos reconquistar, por tanto, una economía que responda a las necesidades reales de nuestra sociedad y que no camine, en cambio, en paralelo a ella. Si lo logramos, y recuperamos esa economía real, será más difícil que nos vuelvan a engañar y aquellos derechos constitucionales, como el derecho a una vivienda digna, que nos prometieron hace más de treinta y cinco años, dejarán de ser una utopía.
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