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La Unesco retira su ultimátum: Doñana no entrará en su lista negra de patrimonio en peligro por ahora

España mueve hilos diplomáticos en la cumbre de Cracovia (Polonia) y consigue eliminar el ultimátum que pendía sobre el espacio protegido

Además, el Gobierno no tendrá que entregar el próximo informe sobre Doñana hasta finales de 2018, logrando una ampliación de plazo de casi un año

En el documento presentado en mayo, la Unesco se empleaba con dureza por la inacción del Gobierno español frente a amenazas como la sobreexplotación del acuífero por los agricultores ilegales o el dragado del Guadalquivir

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WWF exige que la restauración de Doñana incluya la reordenación del territorio para prevenir el "descontrol"

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España ha desplegado en Cracovia una intensa ofensiva diplomática. Y ha dado sus frutos. El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco ha rebajado sus presiones sobre Doñana hasta el punto de eliminar el ultimátum que lanzó a España: o atajaba las amenazas que penden sobre el espacio protegido o se verían obligados a meter Doñana en su lista negra. La sangre no ha llegado al río. El documento presentado a mediados de mayo se ha visto diluido hasta el punto de que se ha borrado de un plumazo el último párrafo, en el que se aseguraba que "si no se toman medidas urgentes para mejorar el estado del acuífero de Doñana", el organismo de la ONU se vería obligado a considerar la inclusión del espacio protegido en su Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

No ha sido la única noticia que el organismo internacional le ha dado a España. El Gobierno español estaba obligado a entregar, según ese primer borrador, un nuevo informe el 1 de febrero de 2018, indicando las medidas tomadas contra las múltiples amenazan que asedian el espacio natural, como la sobreexplotación del acuífero por parte de alguno freseros, la creación de un almacén de Gas Natural a sus puertas, un suspendido (que no cancelado) dragado del Guadalquivir y numerosos proyectos mineros. 

Dicho informe no se tendrá que entregar ahora hasta finales de 2018. Es decir, si el Gobierno tenía antes menos de un año para tomar medidas urgentes contra dichas amenazas, ahora contará con cerca de año y medio para mover ficha, con la tranquilidad añadida de que Doñana no corre, por ahora, el peligro de entrar en la lista negra de la Unesco.

Paradójicamente, la decisión se toma casi 24 horas después de que el Infoca diera por extinguido el incendio que ha arrasado más de 8.500 hectáreas del espacio protegido. Con las cenizas aún calientes, el organismo de la ONU ha decidido que las amenazas que se ciernen sobre Doñana no son tan urgentes para tomar medidas diplomáticas más drásticas. 

Asimismo, el tono de la declaración se ha rebajado enormemente. Sobre el Dragado de profundización del Guadalquivir, que ha quedado suspendido, pero no cancelado. Ya no le exigen al Gobierno que lo cancele "definitivamente", sino que "toma nota" de la intención de España de retirar el proyecto del próximo Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Palmadas en la espalda al Gobierno por su gestión

De las amenazas y la preocupación se ha pasado a algunas palmadas en la espalda. Cuba, Croacia y Portugal han logrado que se felicite a España por la información proporcionada sobre el estado del acuífero y "animan" a España a seguir con su gestión del agua para "garantizar el estado de conservación" de Doñana. Eso sí, recuerdan que la sobreexplotación del acuífero es "un peligro potencial" para este Patrimonio de la Humanidad y que hay que ponerle fin.

El organismo de la ONU exige que se envíen urgentemente  los estudios de impacto ambiental de los proyectos de Gas Natural (Aznalcázar y Marismas Occidental) para evitar males (ambientales) mayores. Felicitan, eso sí, que no se autorizaran los proyectos de almacenamiento y transporte gasístico en la Marisma Oriental. 

En cuanto a la mina de Aznalcóllar y el embalse del Río Agrio, la Unesco sigue considerando que se encuentran en un estado muy embrionario, pero piden al Gobierno que les tengan informado sobre cualquier tipo de proyecto agrícola, industrial o comercial que pueda afectar a Doñana en el futuro y que se evalúe globalmente los "impactos acumulados del uso del agua y de desarrollo agrario, industrial y comercial".

La delegación española ha estado formada por miembros tanto de la Junta de Andalucía (Juan Pedro Castellano, director de Doñana), como del Gobierno de España ( Montserrat Fernández, subdirectora del Organismo Autónomo Parques Nacionales). Teresa Lizaranzu, embajadora de España ante la Unesco, ha intervenido en la sesión, señalando que la administración ha cerrado ya 300 pozos que extraían agua del acuífero ilegalmente y ha solicitado, como finalmente se le ha concedido, que España no tenga que entregar el próximo informe hasta dentro de año y medio. 

WWF: "El papel de España ha sido lamentable" 

Juan Carlos del Olmo, director en España de WWF, organización ecologista presente en la reunión, señala que "el informe de la UICN, en el que se basa la Unesco, es clarísimo y durísimo con el estado de peligro en el que se encuentra el espacio protegido. El papel de España ha sido triste. Ha ido a la Unesco con una comisión, para tratar de descafeinar una decisión que era muy dura; a mí me recuerda a los malos estudiantes que en el último momento intentan cambiar las notas. Me parece lamentable".

En cualquier caso, según el directivo de WWF, "lo importante, en cualquier caso, es que el dictamen sigue con el caso del Dragado y obliga a España a que lo quite del Plan Hidrológico. Eso es un paso muy importante. Con respecto a las extracciones de agua, se ha conseguido tocar el texto, pero es importante que se señale que si se continúa sobreexplotando el acuífero, se amenaza el espacio protegido. La espada de Damocles sigue ahí, porque las evidencias científicas son incontestables. Estamos satisfechos, porque el documento llama la atención sobre las amenazas".

La Unesco no es el único organismo internacional que ha llamado la atención de España por el estado de conservación de Doñana. Hace un año, la  Comisión Europea acusó al Gobierno de "incumplir" con su obligación de proteger el parque natural, recriminándole que negara   las "evidencias científicas" que apuntaban a la sobreexplotación del acuífero.

Europa criticaba que "las autoridades españolas se han abstenido de aplicar y ejecutar las medidas de control e inspección que habrían sido necesarias para lograr disuadir a quienes realizan extracciones no autorizadas y crean instalaciones ilegales", añadiendo que "prohibir el regadío en las zonas más sensibles".

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