Los plazos para el instituto público de crédito de Andalucía tensionan a PSOE-A e IU
En las últimas horas ha habido desmentidos, matizaciones y contradicciones en el Gobierno de Andalucía y entre los dos partidos que lo llevan -incluso dentro del propio PSOE-A- a la hora de hablar del anteproyecto de ley para el instituto público de crédito en el que están trabajando. No es una cuestión menor porque para IU es “irrenunciable” que esté antes de los presupuestos autonómicos de 2015 -a finales de mes pasan por Consejo de Gobierno- para que sea una realidad esta legislatura. Puede tardar más de un año toda la tramitación. Es una “condición” para respaldar a sus socios en las cuentas, como ha avisado el coordinador regional de IU, porque, entre otras cosas, es el instrumento clave en las bases que se están sentado del “nuevo modelo productivo” que los dos socios defienden: permitiría que el crédito llegara a las pymes, autónomos y economía social.
En este sentido, la Consejería de Hacienda y Administración Pública ya trabaja para que ese instrumento se incluya en las cuentas, destinado a gestionar un presupuesto de unos 1.420 millones de euros, sobre todo de fondos reembolsables ahora en manos de distintos órganos, por ejemplo las agencias IDEA y Extenda. Es más, eso está ya cerrado en el borrador del anteproyecto de ley, según reconocen fuentes de la negociación. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ya afirmaba hace un año que sería así cómo empezaría a funcionar el instituto púbico de crédito de la región, porque entre otras cosas figura detallado de esta manera en el pacto de gobierno.
Sin embargo, uno de los escollos está en los plazos. IU exige que en el anteproyecto de ley se incluya el plazo que tendrá que pasar para que se solicite la ficha bancaria, que debe otorgar el Banco de España, y que es fundamental para acceder al ahorro mediante la constitución de depósitos y también para conseguir financiación del Banco Central Europeo. Pero para el PSOE-A, esto no es prioritario. “No quiere cogerse las manos”, aseguran fuentes de la negociación. Ya lo decía su portavoz Francisco Vallejo cuando hace casi un año se presentaron las conclusiones del grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para este tema: “Sería una temeridad crear un banco público que naciera de la noche a la mañana dada la situación del mercado para asumir riesgos y donde nadie parece tener la receta ni tampoco la solución para una crisis sin precedentes”. La tensión radica en que IU quiere que lo que se cree camine con el tiempo hacia un verdadero “banco” público “universal”.
El otro punto de conflicto está relacionado con esto último y se centra en la propia configuración del organismo, porque IU no quiere un ICO (Instituto de Crédito Oficial del Gobierno de España), que pese a tener ficha bancaria no puede nutrirse de recursos de cualquier mercado, incluyendo el ahorro privado (o sea, depósitos). Por eso ha molestado este martes que el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, hablara de que sería “similar” al ICO, que “tiene ficha bancaria” pero sin que esto comporte “una actividad comercial igual a la banca privada”. Porque lo que está en esas conclusiones del grupo de trabajo no es un ICO: sí prevé la captación de ahorro privado.
En este contexto, era una obviedad que el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, dijera este lunes que el futuro órgano “tendrá ficha bancaria” porque se remitía a lo firmado por ambos socios. Pese a ello, sus afirmaciones originaron una reacción desde el Gobierno de Andalucía que sólo parecían responder a un intento de frenar cualquier posibilidad de que pareciera que el PSOE-A había cedido a las pretensiones de IU. Si esto hubiera sido así, no ha sido este lunes, sino cuando hace casi un año aprobaron el dictamen del Parlamento de Andalucía.
Todo está ya firmado por ambos
“El Gobierno de Andalucía está trabajando y en estos momento no existe un acuerdo”, ha subrayado este martes el portavoz, quien ha insistido en que efectivamente “el marco de referencia” es lo que viene recogido en el pacto y la citada ponencia. Y en el pacto viene la creación de un “instituto público de crédito”pacto -pese a que a IU le guste llamarlo “banca pública”- para coordinar los “fondos reembolsables” para “articular diferentes instrumentos de financiación empresarial, tales como préstamos, préstamos participativos, entradas en capital y avales”. Y en el dictamen del Parlamento de Andalucía viene expresamente que “podrá captar recursos endógenos”.
En definitiva, que independientemente de las denominaciones que cada partido emplee y de la estrategia que usen mediáticamente, este anteproyecto de ley se está gestando sobre dos documentos que tienen la firma de ambos, como apuntaba también el portavoz, Miguel Ángel Vázquez: el pacto de gobierno y el dictamen del Parlamento de Andalucía. Y en dicho documento se recogen las dos cuestiones de la polémica: que se pedirá ficha bancaria y que podrá captar recursos endógenos.
Como en cualquier relación, son mucho el PSOE-A e IU de perderse en la terminología. Como cuando en la negociación de los presupuestos autonómicos como cuando el año pasado por estas fechas estaba la cuestión en si llamarlo banco de tierras (IU) u observatorio de tierra (PSOE-A). Finalmente, las cuentas de 2014 incluyeron una partida de 70 millones de euros para dar los primeros pasos para un diagnóstico hacia “la función social de la tierra”.
En estos momentos, el dilema es si banca pública (IU) o instituto público de crédito (PSOE-A). Puede parecer una cuestión puramente semántica y para jugar con la fuerza de la palabra, pero el problema de fondo es que los dos socios tenían cerrado el borrador del anteproyecto de ley para este instrumento en un 99% hace unos días. Hasta que la polémica de las últimas horas sobre la ficha bancaria.
