Los investigadores ven delito en las subastas “desproporcionadamente” bajas de Mijas

La Guardia Civil cree que las subastas que realizaba el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) para cobrar sus deudas tributarias podrían haber incurrido en un delito de prevaricación. En un informe, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, el área de delitos contra el patrimonio de la Benemérita describe un sistema mediante el cual se adjudicaban inmuebles por un valor desproporcionadamente bajo para saldar deudas comparativamente irrisorias. El caso que motivó la primera denuncia de esta práctica sirve como ejemplo: adjudicó por 34.000 euros un inmueble valorado en 1,3 millones de euros, con el fin de saldar una deuda de IBI de 29.000 euros.

El informe, emitido este 10 de marzo, acaba de ser incorporado al caso que investiga el Juzgado de Instrucción 1 de Fuengirola. Según ese documento, emitido a petición del juzgado, algunos hechos podrían ser constitutivos, “como mínimo”, de un delito continuado de prevaricación. En el procedimiento se investiga, entre otros, al exalcalde Ángel Nozal (vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y presidente del PP de Mijas), al jefe de recaudación y al tesorero del municipio.

La Guardia Civil señala a Nozal y al concejal delegado de Hacienda, Mario Bravo, como “responsables finales” de “dichos procedimientos”. Nozal ha sido denunciado recientemente por el concejal de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez, por el supuesto intento de comprar su apoyo en una eventual moción de censura.

A lo largo de 165 páginas, la Guardia Civil analiza 80 expedientes en los que se adjudicaron de forma directa inmuebles de deudores tributarios, en los que observa incumplimientos de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Recaudación. Son casos en los que las dos licitaciones en subasta habían quedado desiertas, de modo que los bienes se adjudicaban directamente a la mejor oferta.

“Falta de proporcionalidad”

Este sistema habría sido utilizado torticeramente, con el resultado de que “exista una gran desproporción entre el valor de la finca y el importe de adjudicación”, según el informe. La Guardia Civil cree que es patente la “falta de proporcionalidad” en el precio de adjudicación de las fincas con respecto a su valoración, que los procedimientos se resolvían “de forma sistemática” sin agotar el plazo de adjudicación directa y que se aceptó “alguna oferta de forma improcedente”.

La denuncia que originó la investigación relata el caso de un particular que acusó al funcionario de recaudación de haber vendido su vivienda en subasta pese a estar negociando el fraccionamiento del pago de su deuda. El hombre debía 26.547,16 euros en concepto de impuestos municipales. Para cobrárselos, el ayuntamiento vendió su inmueble, valorado en 1.338.102,1 euros, por 34.000 euros. Se da la circunstancia de que la empresa adjudicataria, Inmonautic Alfa Sierra, S.L., sus administradores y familiares, resultaron adjudicatarios (siempre directamente, porque las subastas quedaban desiertas) de nueve inmuebles en dos años y tres meses, según la documentación analizada por la Guardia Civil. El valor total de tasación del total de esos inmuebles era de 1.914.093,43 euros, pero pagaron por ellos 128.207 euros, apenas una vigésima parte.

En el documento se recogen decenas de casos similares, de los que la Guardia Civil parece extraer un patrón común: los expedientes de adjudicación directa no respetaban el plazo mínimo de seis meses para recibir ofertas mejores, sino que concluían con la adjudicación a la primera oferta, lo que resultaba en una adjudicación por un valor ínfimo en relación a su valor real.

“Enriquecimiento injusto”

Para la Guardia Civil, “resulta extraño que algunas de las ofertas aceptadas sean exageradamente inferiores al tipo de subasta”, lo que habría provocado el “enriquecimiento injusto” de los adjudicatarios y “fuertes pérdidas” para los deudores. Sin embargo, ni la mesa de contratación ni la asesoría jurídica pusieron objeciones al procedimiento.

Según el informe, no se ponía especial celo en notificar a los deudores, lo que “podría obedecer a una forma de justificación del trámite administrativo para dar cumplimiento a lo estrictamente preceptuado en la legislación y no a una voluntad real de notificación”.

Los investigadores creen que el procedimiento se usó de forma torticera y presuntamente delictiva, y usan como argumento el hecho de que el nuevo equipo de gobierno cambiara las normas poco después de tomar posesión, incorporando, entre otras modificaciones, que la oferta aceptada no sea inferior al 50% del valor catastral. La Guardia Civil investiga casos en los que en Mijas se adjudicó un bien por una vigésima parte de su valor de tasación.