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ARAGÓN

Fiscalía pide ocho años de cárcel para ocho antifascistas por un altercado tras un concierto anticomunista en Zaragoza

Les acusa de desórdenes públicos y atentado con la agravante de “actuar por motivos de discriminación ideológica”

Las defensas piden la absolución y responsabilizan de los incidentes a la Administración por desoír las peticiones para suspender el acto ultra

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El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Gobierno de Aragón / Zaragoza

Lucha callejera con la agravante de antifascismo. Esa es, traducida al lenguaje común, la calificación penal por la que la Fiscalía de Zaragoza pide sendas penas de ocho años de prisión para ocho jóvenes acusados de haber participado en los incidentes ocurridos la noche del 28 de febrero del año pasado en el barrio de Las Fuentes: desórdenes públicos y atentado con la agravante de “actuar por motivos de discriminación ideológica”.

Las defensas, por el contrario, solicitan la absolución de los jóvenes, que aseguran que no intervinieron en los incidentes y que fueron detenidos porque se encontraban por la zona. Y recuerdan que varias entidades e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Zaragoza, habían pedido, “por el odio que genera este tipo de actos”,la suspensión del concierto en el local del MSR, “organización vinculada a la extrema derecha y cuyos militantes se declaran de ideología fascista”.

“Estos actos promueven y difunden la ideología neonazi, el fascismo y, por ende, la xenofobia, la discriminación según género, orientación sexual y raza”, señala uno de los escritos de defensa, que sostiene que “tras la gran repercusión social” de la convocatoria, y “al no prohibirse el acto”, al acabar “se produjeron algunos incidentes, los cuales podrían haberse evitado por la Administración si hubiese intervenido e incluso si se hubiese evitado la celebración del acto”.

La convocatoria causó “gran alarma social en el barrio”

El escrito de acusación de la Fiscalía recuerda cómo el partido MSR –“vinculado a la extrema derecha”, señala- había organizado unas “jornadas de antiglobalización” en su “hogar social”, cuyo funcionamiento desde hacía unos meses “venía produciendo una reacción de los grupos de extrema izquierda, que se movilizaron para impedir su presencia en el barrio”.

El programa de ese fin de semana, que incluía un concierto de música RAC (Rock Against Comunist, Rock Contra el Comunismo), provocó “gran alarma social en el barrio” y conllevó el despliegue de un amplio dispositivo policial “con el fin de evitar cualquier incidente que pudiera surgir entre integrantes de grupos de diversas ideologías”, señala el ministerio público.

Sin embargo, según narra la Fiscalía, estos terminaron por producirse cuando, una hora después de finalizar el concierto y tras haber identificado la Policía a los asistentes, un grupo de unas cincuenta personas se dirigió a la zona gritando consignas como “fuera fascistas de nuestras calles” y, tras evitar los agentes un primer enfrentamiento entre estos y los simpatizantes del MSR que quedaban en la zona, comenzaron a apedrear y a lanzar objetos “de manera conjunta y organizada” a estos y a los policías.

Fianza civil de 28.000 euros

Los incidentes, que incluyeron cargas policiales y carreras, concluyeron con siete policías lesionados, así como desperfectos en varios vehículos y en una cafetería, por los que la Fiscalía reclama que los acusados sean condenados a pagar indemnizaciones por valor de 21.462 euros.

De hecho, el auto de apertura oral ordena a los acusados depositar conjuntamente una fianza de responsabilidad civil de 28.000 euros y les advierte de que, en caso de no prestarla, el juzgado embargará sus bienes.

Los agentes que resultaron lesionados piden para los acusados condenas de entre tres y siete años de prisión, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza solicita penas de dos años de prisión y multas de 4.3320 euros para dos de los acusados y un año y 2.880 euros para los otros seis, en este caso por un delito de daños y circunscrito, únicamente, a los bienes municipales que resultaron afectados en los incidentes.

 

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