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ARAGÓN

Dos años y medio de prisión para el ‘rey del carbón’ por destruir el segundo mayor yacimiento neolítico de España

El empresario minero leonés Victorino Alonso ha sido condenado a 2,5 años de prisión y el pago de una indemnización de 25,4 millones de euros por un delito contra el patrimonio histórico

En 2007, maquinaria pesada excavó sin permisos el interior de la Cueva de Chaves para convertirla en un abrevadero y un pesebre para animales. Este yacimiento está situado en un coto de caza privado, gestionado por la sociedad Fimbas

El ‘rey del carbón’ recurrirá el cierre de la finca de caza de Huesca donde se arrasó un yacimiento neolítico

La destrucción del segundo mayor yacimiento neolítico de España, a la espera de una condena “ejemplar”

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Dos años y medio de cárcel y 25,4 millones por destruir una cueva neolítica

EFE

Victorino Alonso, un empresario minero leonés conocido como ‘el rey del carbón’, ha sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión y al pago de una indemnización de 25,4 millones de euros por destruir la Cueva de Chaves . El que se consideraba segundo mayor yacimiento neolítico de España.  Alonso, sin embargo, queda absuelto del delito contra el medio natural que le imputaba la acusación particular en nombre de Ecologistas en Acción.

Según informa EFE, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le responsabiliza de un delito contra el patrimonio histórico y le hace responsable subsidiario del pago de la indemnización impuesta a la empresa que gestionaba el coto, Fimbas. Por el contrario, absuelven a la empresa ejecutora de las obras, Ferpi.

El juez, apunta para fundamentar la condena, da absoluta credibilidad al testimonio prestado por la persona encargada de gestionar Fimbas, “que aseguró haber recibido órdenes directas del empresario para actuar en el lugar donde se ubicaba el yacimiento”, informan desde EFE.

La historia

En 2007, maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó sin permisos el interior de la Cueva de Chaves para convertirla en un abrevadero y un pesebre para animales.  La razón es que este yacimiento está situado en un coto de caza privado, gestionado por la sociedad  Fimbas.

Este suceso sin precedentes sentó en el banquillo al ‘rey del carbón’, para el que la Fiscalía pedía 2 años y 8 meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico y el pago de una indemnización al Gobierno de Aragón de 14,3 millones de euros por los daños causados.

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