El perfil del contribuyente que está afiliado a un partido político es el de una renta alta, de entre 30.000 y 60.000 euros que se deduce una cuota anual media de 165 euros. Esta es la radiografía que arrojan las estadísticas de la Agencia Tributaria que con datos del año 2010 desgranan qué tipo de contribuyentes declararon haber pagado la cuota de afiliación a un partido político para poder obtener un beneficio fiscal.

El perfil del contribuyente militante es especialmente singular si tenemos en cuenta que la renta más habitual en España está entre los 12.000 y 21.000 euros de ingresos anuales. Así, solo un 18,5% de las declaraciones de la renta que se presentaron en 2010 declararon ingresos superiores a los 30.000 euros. Pese a ser muchos menos en proporción, los militantes con alto poder adquisitivo son mayoría. Así, más del 46% de los que marcaron la casilla 616 de afiliación a un partido político tienen unos ingresos anuales superiores a los 30.000 euros.

Según explica el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, Luis Ramiro Fernández, los estudios indican que en la participación política hay un sesgo hacia la población con más recursos (educación, ingresos y estatus socioeconómico). Sin embargo, el bajo grado de afiliación en España ha hecho casi imposible indicar con certeza si hay una correlación entre el nivel de ingresos y la querencia por la militancia.

En plena confrontación social, el contrato único ha sido una de las únicas propuestas capaces de poner de acuerdo en algo a Gobierno, patronal y sindicatos. Aunque el rechazo es generalizado, las razones que esgrimen unos y otro son diversas y motivadas por una multiplicidad de causas. Estas son las principales:

La confederación de empresarios nunca ha defendido en una mesa seria de negociación la posibilidad de implantar un contrato único. Cabe recordar que el anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán, era empresario del sector turístico, uno de los que más defienden el uso de contratos temporales. Su familiar, mano derecha y vicepresidente de la patronal, Arturo Fernández, representa a la hostelería, otro de los colectivos más reacios a prescindir de los temporales.

El auténtico caballo de batalla de los empresarios siempre ha sido conseguir una rebaja de cotizaciones. La dificultad para materializar esta posibilidad ha llevado a que el Gobierno aplaque las demandas patronales con otro tipo de mejoras. Otra de las principales peticiones empresariales era la de de reducir el coste del despido, objetivo al que se orientó la primera reforma laboral socialista y se profundizó en la de Mariano Rajoy.

Marcel Jansen es profesor de Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Fedea.

1.- ¿Por qué el contrato único?

Los jóvenes y los trabajadores de baja cualificación están atrapados en la temporalidad, en contratos de alta rotación que afectan a todos los sectores. Estos trabajadores se encuentran con un muro: el de la brecha entre la protección de los trabajadores protegidos por contratos fijos y los temporales. Si la tasa de transmisión para pasar de un contrato a otro fuera alta, no habría problema. Pero no es así y termina siendo una trampa. Se necesita una figura que ofrezca flexibilidad pero a la vez motive al trabajador porque es una apuesta que la empresa hace por él.

Mariluz Rodriguez es exsecretaria de Estado de Empleo, titular de Derecho de Empleo en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de Economistas Frente a la Crisis.

1.- ¿Por qué decir que no al contrato único?

El presidente de la patronal española, Joan Rosell, no ha evitado chapotear en ningún charco de la actualidad en su comparecencia, esta misma mañana, en unos desayunos informativos organizados por Europa Press. Rosell ha insistido en una de las polémicas que más resquemor ha levantado en algunos estamentos del Estado, la de sus críticas a la medición del paro.

Según el jefe de la patronal, desde el resto de Europa ven las estadísticas españolas como "manifestamente mejorables" y pidió cambiar la metodología en línea con los países del entorno. Pese a que la Encuesta de Población Activa, EPA, está validada por Eurostat como la homologable con el resto de los indicadores europeos, Rosell cree que tiene que mejorar para dar unas cifras más realistas de paro.

El empresario catalán cree que se deberían de dejar de contabilizar a los prejubilados, por ejemplo, y a los activos que estén en formación. Además, insistió en levantar sospechas sobre la diferencia de casi un millón de personas entre el paro registrado (que son las personas que están dadas de altas en las oficinas del desempleo) y la EPA, que está elaborada mediante una encuesta y que según los expertos mide mejor la realidad laboral.

El Gobierno ha puesto hoy punto final al estado zombi de 88 entidades de derecho público que pululaban por España. Se trata de las Cámaras de Comercio, las entidades decimonónicas que se fundaron en España para defender intereses patronales y facilitar, por así decirlo, la vida a las empresas. Desde el 1 de enero de este año, estas entidades no tenían recursos ni financiación ya que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les quitó su ingreso "permanente": la contribución obligatoria de todos los empresarios (incluidos los autónomos).

Durante estos dos años y medio, las cámaras han sobrevivido consumiendo sus remanentes y vaciándose cada vez más de contenido. En los últimos meses, la situación de estas entidades era desesperada, ya que han estado en un limbo legal sin saber exactamente cómo sería su futuro.

Finalmente, y a falta de otras leyes de mayor calado, el Gobierno ha dado vía libre hoy a un marco regulatorio, que abre nuevas posibilidades de financiación. La más chocante la que regula las "aportaciones voluntarias" de los empresarios que serán "incentivadas", con una mayor representatividad en estos órganos dependientes de Comercio.

La Fiscalía Anticorrupción está investigando un incumplimiento generalizado de transimisión de la información por parte de la filial española del HSBC. Así se desprende del informe que remitió el organismo a Sala de la Audiencia Nacional encargada de estudiar la extradición de Hervé Falciani, el informático suizo acusado de robar datos fiscales de miles de fortunas ocultas en la confederación helvética.

En el auto en el que el tribunal rechaza la demanda de extradición se recogen extractos de este informe, en el que Anticorrupción cree que el banco "da soporte y auxilio" en el fraude fiscal. Así, En el informe aportado como prueba documental, se dice que HSBC Private Bank "incumple las obligaciones de información establecidas en la normativa internacional, incluso hasta el punto de dar soporte y auxiliar el fraude fiscal".

Además, se hace constar que "la administración tributaria española considera que existen fundados indicios de que los importes depositados o invertidos en cuentas bancarias opacas en el HSBC podrían tener origen en rentas no declaradas en su momento a la Hacienda, siendo la mayoría de los casos patrimonios ocultos y opacos al erario español".

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de extradición de Suiza sobre Hervé Falciani, el informático suizo que ha compartido los datos obtenidos por su trabajo en el HSBC para perseguir a evasores fiscales. La Audiencia basa su auto en que no se dan los requisitos necesarios para la doble incriminación, esto es, que los delitos por los que es persiguido por el país que pide la extradición, Suiza en este caso, concurran en España.

La justicia española no ve como delito la revelación de secretos, que sí se persigue en Suiza. Es más, en España hay obligación de informar de un delito, como es el blanqueo de capitales o la evasión fiscal, en caso de ver los datos que indiquen que se está cometiendo.

Francia, país del que tiene pasaporte Falciani, ya había rechazado la orden de extradición y Falciani eligió España, por su legislación favorable, para defenderse ante los tribunales de los supuestos delitos por los que le perseguía Suiza. Ahora el informático, que está en régimen de libertad vigilada, será puesto en libertad. En varias ocasiones ha declarado su intención de seguir en España y continuar su trabajo de colaboración con la justicia española y las autoridades fiscales para continuar desentrañando la maraña de datos que componen la "Lista Falciani".

La puerta giratoria entre política y empresas es más antigua que, probablemente, la patente de la revolving door que data de 1881 (Alemania). Los sectores regulados son, sin duda, los que más querencia muestran al fichaje de políticos que se distancian del frenesí político en las sillas de los consejos de eléctricas, gasistas o teleoperadoras. La puerta giratoria lo es de izquierda a derecha y viceversa, porque las empresas tienen una vida media mucho más allá de la legislatura de turno.

Esto bien lo sabe el principal banquero de España, Emilio Botín, que de forma sistemática escoge para dirigir su banco a una larga lista de políticos de entre los partidos más votados. Botín logra sentar en su consejo de administración un multicolor microhemiciclo, en el que las siglas se esconde tras la poderosa marca Santander.

Así, en la cúpula directiva actual se sientan 16 consejeros, incluidos el patriarca Botín y sus hijos Ana Patricia y Javier. De los trece restantes, prácticamente la mitad han sido ministros o secretarios de Estado con gobiernos del PP, PSOE o UCD. Tras la última remodelación, dos de las tres vicepresidencias de la entidad están copadas por exaltos cargos del Gobierno. Matías Rodríguez Inciarte, ministro de la presidencia con Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) y Guillermo de la Dehesa, Secretario de Estado de Economía en el Gobierno de Felipe González.

Primera cita oficial (y pública) del presidente del Gobierno con los agentes sociales. Parece mentira, pero la decisión todo apunta a que se ha tomado en el Consejo de Ministros de este viernes, y ha sido necesario rebasar el umbral de los 6,2 millones de parados para que el presidente Mariano Rajoy se aviniera, por primera vez, a citarse en forma tripartita con patronal y sindicatos.

Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente se verá con UGT, CCOO, CEOE y Cepyme el próximo 16 de mayo para abordar la situación económica y "aspectos importantes pendientes de negociación". Aunque el líder conservador lleva ya un año y medio en el poder, en medio de la mayor recesión económica registrada nunca en España, nunca se había citado de forma pública con patronal y sindicatos, lo que se enmarca dentro del denominado "diálogo social".

Si el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo del diálogo social su bandera, con frecuentes reuniones con los líderes de la patronal y los sindicales, la mayoría absoluta de Rajoy parecía haberle librado hasta ahora de enfrentarse a este trance. En marzo, el presidente se vio públicamente también con patronal y sindicatos, pero para la presentación oficial del plan de empleo juvenil, en ningún caso discutieron sobre asuntos de relevancia (como ilustra la foto).