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David Reinero

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Vecinos de un pueblo coruñés pierden sus solares por un embargo del presidente de la patronal

En 1999 una veintena de vecinos de Culleredo, en el área metropolitana de A Coruña, cedieron varios solares a Promociones Naiguata, propiedad del constructor coruñés Manuel Gómez Landeira, a cambio de que, una vez lo permitiese el plan de urbanismo entonces en tramitación, edificase en ellos y les entregase a cambio varios pisos. El plan se demoró, el constructor nunca edificó y en 2009 pidió un crédito a otra empresa, Monelos Aparcamientos, de Antonio Fontenla, entonces presidente de la patronal gallega y ahora de la coruñesa. Landeira no devolvió el préstamo, Fontenla le embargó los solares y sus antiguos propietarios se quedaron sin pisos. Algunos de ellos lograron que un juzgado de lo Civil les reconociese en 2011 el derecho a una indemnización que Naiguata, en quiebra, nunca pagó. Ahora, otro juzgado acaba de archivar en la vía penal el caso y las imputaciones que pesaban sobre Landeira y Fontenla por entender que no hay “indicios objetivos de una acción concertada y fraudulenta” sino que todo fue fruto de los avatares del urbanismo de Culleredo.

En Culleredo es alcalde desde 1983 el socialista Julio Sacristán, que según vecinos afectados estuvo presente para avalar la operación en la notaría en la que estos firmaron las escrituras de cesión a Landeira de sus terrenos a cambio de futuros pisos. Los solares sumaban unos 8.500 metros cuadrados e incluían seis viviendas antiguas enseguida derribadas y de las que sus ocupantes tuvieron que marcharse, algunos de ellos para vivir de alquiler a la espera del piso prometido. Una década después el constructor no había iniciado las obras, según su declaración porque el Ayuntamiento le había prometido un incremento de la edificabilidad que nunca había llegado por la demora en la tramitación de un nuevo plan de urbanismo que aún ahora está pendiente de aprobación, permaneciendo hoy vigente el de 1987.

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Unidos Podemos pide citar en el Senado a Marcial Dorado, Oubiña y Feijóo para explicar la financiación del PP

El grupo confederal de Unidos Podemos ha reclamado este miércoles que comparezcan en la Cámara Alta los narcotraficantes gallegos Laureano Oubiña y Marcial Dorado para que ayuden a explicar la financiación del Partido Popular.  La demanda del senador Óscar Guardingo, de En Comú Podem, es una respuesta a la decisión del PP de convocar una sesión monográfica el 13 de octubre en la Cámara Alta, donde tiene mayoría absoluta, para indagar en las cuentas de Podemos y en la que pretende citar al director de Ok Diario, Eduardo Inda, uno de los látigos de la formación de Pablo Iglesias y a varios cargos del Gobierno venezolano.

En entrevistas recientes, el hombre fuerte de uno de los clanes más importantes de la ría de Arousa, Laureano Oubiña, aseguró que había financiado al Partido Popular de Galicia con entregas de dinero en efectivo. Y Dorado, otro de los capos de la droga, compartió años de amistad y viajes con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a finales de los años 90 cuando este era el número dos de la Consejería de Sanidad del hoy presidente del Consejo de Estado José Manuel Romay Beccaría. 

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Primeros actos en apoyo del referéndum catalán en Galicia y primer veto

Galiza Nova, la organización juvenil del BNG, ha celebrado este martes en Santiago, en la Facultad de Filosofía, el primer acto en Galicia de abierto apoyo a la celebración del referéndum catalán del 1 de octubre, en el que incluso se ha exhibido un cartel de la convocatoria como los que las fuerzas de seguridad están requisando en diversos puntos de Catalunya. Sin embargo, la misma organización ha informado también este martes de la “prohibición” por parte del Ayuntamiento de Ribeira (A Coruña) de celebrar en un local municipal “una mesa redonda sobre el derecho a decidir en las naciones sin Estado”. Al tiempo, en A Coruña la Delegación del Gobierno autorizó una concentración en el centro de la ciudad convocada “en defensa de los derechos civiles y el derecho a decidir, ante los ataques a la democracia y la libertad que el Estado está cometiendo para reprimir el referéndum en Cataluña”.

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El PP pide ahora otra comisión de estudio sobre la red ferroviaria en vez de investigar el accidente del Alvia

Una comisión de estudio sobre la seguridad ferroviaria en general para evitar que se cree la comisión de investigación política sobre el accidente del Alvia en Santiago que piden las víctimas del siniestro. Esa es la propuesta que según avanza Europa Press ha registrado el PP en el Congreso de los Diputados después de que la Mesa de la Cámara autorizase la semana pasada, con el rechazo sólo de los populares, que se tramite la comisión de investigación. La propuesta con la que los populares pretenden evitar la investigación política y sustituirla por un análisis más genérico pasaría por retomar el  trabajo que ya hizo una subcomisión del propio Congreso creada tras el accidente de Angrois para estudiar el sistema ferroviario español en general y que en junio de 2015 concluyó reclamando más seguridad pero barata.

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Un error en una dirección retrasa de nuevo la instrucción del accidente del Alvia

La Agencia Ferroviaria Europea tiene su sede en la ciudad francesa de Valenciennes, junto a la frontera con Bélgica. Pero esa sede no está en la estación de tren de la localidad, a donde el juzgado que instruye el accidente del Alvia en Santiago envió un escrito con varias preguntas técnicas que quiere que le responda el organismo europeo. La carta ha sido devuelta, lo que ha provocado una nueva demora en una  instrucción salpicada de errores y retrasos a lo largo de los más de cuatro años que han pasado ya desde el 24 de julio de 2013 en que el tren Alvia descarriló en la curva de Angrois dejando 80 muertos.

El pasado  26 de junio el juez instructor del accidente, Andrés Lago Louro, emitió un auto en el que acordó formularle ocho preguntas a la Agencia Ferroviaria Europea para aclarar si era obligatorio o no conforme a la normativa europea que Adif hiciese una evaluación integral de riesgos en la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente. Adif y su director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, imputado en la causa, niegan que fuese obligatorio, mientras que el abogado del maquinista también imputado por el accidente y las víctimas consideran que sí era exigible y que de hacerse detectaría el riesgo existente en la curva de Angrois. Habían sido precisamente las víctimas del siniestro las que, un año antes, lograron la implicación en el caso de la agencia europea, que emitió un duro informe sobre la investigación técnica que en su momento realizó del accidente el Ministerio de Fomento.

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Louzán, hombre fuerte del PP en Pontevedra, único político contra el que continúa el caso Patos

El caso Patos, que investiga una supuesta trama para hacerse con contratos en varias administraciones públicas del sur de Galicia a través del pago de sobornos, seguirá en instrucción, pero de las 36 personas que hasta ahora estaban imputadas sólo permanecerán como investigadas 13. De ellas, sólo uno es político, el expresidente de la Diputación y del PP de Pontevedra y ahora de la Federación Gallega de Fútbol Rafael Louzán, contra quien ya se había decretado,  por otra imputación distinta, la apertura de juicio oral por un supuesto soborno obtenido a través del alquiler de unos bajos comerciales. El resto de políticos imputados en el caso Patos, entre ellos el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ven cómo la jueza instructora acaba de sobreseer la causa respecto de ellos.

La magistrada María del Carmen García Campos, jueza del juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, acaba de emitir un auto en el que acuerda el sobreseimiento de la investigación del caso Patos en lo que se refiere a 23 personas que hasta ahora estaban siendo investigadas. Junto con Caballero, también se para la investigación contra la anterior delegada de la Xunta en la ciudad, María José Bravo Bosch, y quien fue hombre fuerte del PP en Vigo en las últimas dos década, José Manuel Figueroa.

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La empresa a la que la Xunta vendió sus helicópteros de salvamento, única candidata al servicio sin rebajar un euro

El concurso convocado por la Xunta para prestar el servicio autonómico de salvamento marítimo con helicópteros tiene finalmente una única candidata, la multinacional Babcock, en la que se integró la española Inaer, la empresa a la que en 2012 el gobierno gallego vendió los aparatos que tenía en propiedad. Si hasta aquel año el servicio le costaba a las arcas públicas 7,5 millones de euros al año, ahora la empresa lo hará por un millón de euros anuales más, sin rebajar ni un céntimo el precio de partida de la licitación. Lo hace además después de que el gobierno gallego mejorase las condiciones de un primer concurso convocado el pasado abril al que la firma no se presentó y que la Xunta declaró desierto tras descalificar a otra candidata, que también ha sido eliminada en este segundo proceso. El incremento en el coste para las arcas públicas fue advertido en 2014 por el Consello de Contas, equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas, en un informe en el que repasó las sucesivas irregularidades en la contratación del servicio en sus más de diez años de historia.

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"La Transición para nosotros fue ejemplar", dice Feijóo preguntado por la situación de los Franco en Meirás

La democracia, ha destacado este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "ampara incluso a quien no cree en la democracia y el Estado de Derecho". Esa ha sido su respuesta cuando la portavoz del BNG, Ana Pontón, le ha preguntado en el Parlamento de Galicia por las actuaciones de su gobierno ante los  incumplimientos de la familia Franco de su deber de abrir al público el Pazo de Meirás. "Para usted la Transición fue calamitosa, para nosotros fue ejemplar, esa fue la gran diferencia entre nosotros los demócratas y los que no aceptan la democracia constitucional", le dijo el popular a la nacionalista, para acusarla a continuación de apoyar el incumplimiento de las leyes en Cataluña reproduciendo así una relación entre dos hechos (el conflicto del Pazo de Meirás y el conflicto catalán) que ya hizo dos días antes la Fundación Franco en un comunicado en el que cargó contra el BNG.

Comenzó su intervención la portavoz nacionalista destacando que la Fundación Franco quiere hacer en Meirás "un parque temático del franquismo con su complicidad", y recordó que hasta finales de 2012  la Xunta le abonó a la familia Franco más de 50.000 euros para pagar la seguridad privada del recinto. Ante el importe de  4.500 euros, por debajo del máximo legal, de la multa que la Xunta anunció el pasado sábado que le impondrá a los Franco por no facilitar las visitas al recinto como exige la ley, la conclusión de Pontón fue que a la familia "le sale gratis incumplir la ley".

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"Le doy a la competencia un valor social que la izquierda no sabe ver"

Antón Costas nació en 1949 en lo que entonces era el rural de Vigo, en la parroquia de Matamá, pero a comienzos de los 70 emigró a Barcelona, donde de la mano de Fabià Estapé entró de profesor en su universidad, en la que es catedrático de Economía Aplicada. Costas presidió el Círculo de Economía de Barcelona, tuvo cargos de responsabilidad en Endesa y es accionista y miembro de consejos de administración de varias empresas. Se define a sí mismo como economista neoclásico, “defensor del mercado” pero crítico con la deriva del capitalismo y el incremento de la desigualdad, posturas que viene exponiendo en sus numerosos libros, en los que la historia económica tiene una importante presencia. Cada verano vuelve por su casa de Matamá, ahora absorbida por la ciudad, donde se realiza esta entrevista.

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La Xunta deja en 4.500 euros la multa a la familia Franco por incumplir la ley en el Pazo de Meirás

La Xunta  ha informado este sábado de que ha sancionado a la familia Franco, propietaria del Pazo de Meirás, con una multa de 4.500 euros por incumplir su deber de permitir visitas al recinto cuatro días al mes como Bien de Interés Cultural (BIC) que fue declarado. La cuantía no agota el máximo previsto en la ley para sanciones por ese tipo de incumplimientos, que se consideran leves y oscilan entre los 300 y los 6.000 euros, como recuerda el propio Gobierno gallego.

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