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David Reinero

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El tercer perito del Alvia cuestiona que la única "protección" ante accidentes fuese el propio maquinista

El nuevo tramo de la investigación judicial del accidente de Angrois sigue decatándose a favor de ir más allá de las conclusiones con las que el juez había dispuesto su cierre con el maquinista cómo único encausado. El juez Andrés Lago Louro acaba de recibir el tercero informe de los peritos, el último que faltaba por aportar, sobre si la empresa pública Adif tenía o no el deber de evaluar los riesgos de la línea Ourense-Santiago, en la que sucedió el siniestro en el que murieron 80 personas el 24 de julio de 2013 en la curva de A Grandeira, en la entrada de Santiago de Compostela. El autor de este informe, el ingeniero industrial de la Xunta José Manuel Lamela, se limita como en anteriores ocasiones a evaluar el tren y no la línea en su conjunto pero, no obstante, formula abiertamente el interrogante que planea sobre el conjunto del caso: "cómo es posible" que la única medida de "protección" ante un eventual descarrilamiento fuese el trabajo del propio maquinista.

En un documento de un centenar de páginas al que ha tenido acceso eldiario.es el perito indica que el tren siniestrado contaba con las autorizaciones pertinentes para circular que el Alvia siniestrado, resultado de modificar otro modelo de este convoy, sí contaba con el análisis de riesgos que "era normativa y técnicamente preceptiva". "Dicho análisis se realizó en forma y empleando los procedimientos establecidos" por las "normas vigentes en aquel momento". De este modo, Lamela se ciñe a su ámbito profesional y "no entra a valorar" otros aspectos sobre el conjunto de la línea ferroviaria.

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La UE escucha a las víctimas del Alvia antes que los parlamentos gallego y español

Tres años y medio después la exigencia de responsabilidades por el accidente del Alvia en Santiago de Compostela ha sido escuchada de primera mano, por boca de las víctimas, en sede parlamentaria. No ha sido en el Parlamento de Galicia ni tampoco en el Congreso de los Diputados o en el Senado, donde nunca han podido intervenir hasta el momento, sino en la Eurocámara. Concretamente, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde la Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha podido exponer esta semana sus denuncias tanto por lo que consideran un "incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria por parte del Estado español" como por haber padecido, a su juicio, un ejercicio de publicidad engañosa sobre la línea ferroviaria Ourense-Santiago, anunciada como alta velocidad a pesar de no disponer de todos los requisitos técnicos para serlo en el momento del siniestro.

El paso por la Comisión de Peticiones se saldó con un llamamiento del órgano parlamentario a favor de una nueva investigación sobre el siniestro al quedar constatado nuevamente -como ya habían hecho la Audiencia Provincial de A Coruña y la propia UE- que el informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento no fue independiente ni profundizó en las causas y riesgos de la línea Ourense-Santiago. El apercibimento es "de los más duros" entre los lanzados por este órgano de la Eurocámara, aseguró su presidenta, la liberal sueca Cecilia Wikström, que despidió con cariño a la representación de la Plataforma Víctimas Alvia 04155: "Tienen nuestra simpatía", les dijo.

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La Eurocámara pide a la Comisión Europea una investigación del accidente del Alvia porque España no la hace

La gestión de las autoridades españolas en el accidente del Alvia en Santiago de Compostela vuelve a quedar en evidencia ante Europa. La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha intervenido este martes ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar los "incumplimientos de la normativa" europea de seguridad ferroviaria que, a su juicio, provocó el siniestro en el que en julio de 2013 fallecieron 80 personas en la compostelana curva de Angrois, pero para también para exigir una investigación "independiente" de lo sucedido. "Confiamos en el Parlamento Europeo para obtener la verdad", proclamaron. Y la Eurocámara ha atendido su demanda hasta donde llegan sus competencias: instará formalmente a la Comisión Europea, el 'gobierno' de la UE, a impulsar la investigación independiente que España no desarrolló.

Tras escuchar a las víctimas, representadas por Jesús Dóminguez y Teresa Gómez-Limón, y las intervenciones de los grupos parlamentarios la presidenta de la Comisión de Peticiones, la liberal sueca Cecilia Wikström, ha dicho ver claro lo que la propia Agencia Ferroviaria Europea, también representada en la sesión, constató en un informe hecho público el pasado verano: "El deber de investigar el accidente no se cumplió de manera adecuada" y por eso el Parlamento debe pedirle a la Comisión Europea que realice una "investigación independiente" y lo haga lo más "rápido" posible. El ejecutivo que dirige Jean-Claude Juncker, añade Wikström, tiene el "deber" de "tomarse este tema en serio" y "volver" a la Eurocámara "con una investigación independiente".

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La lenta transparencia de la Xunta: 7 meses para decir que no sabe si tiene 'tarjetas black'

La Consellería de Hacienda, el departamento que debería velar por un adecuado funcionamiento económico de toda la Xunta de Galicia, admite, tras dos peticiones oficiales de información con amparo en la Ley de Transparencia y la intervención de la Valedora do Pobo, la defensora del pueblo, que “no dispone” de información sobre si en el resto de la administración autonómica hay o no tarjetas bancarias institucionales. Fuentes no oficiales consultadas por este diario aseguran que la Xunta carece de tarjetas bancarias desde hace décadas, así que la revelación fundamental del siguiente relato sería  lo que aún le cuesta a la Xunta ser transparente con la ciudadanía.

La Ley de Transparencia de Galicia entró en vigor el pasado marzo y entre otras cuestiones supone la adaptación y aplicación de la  normativa estatal que contempla la posibilidad de que la ciudadanía le formule preguntas directas sobre datos no públicos. En un momento de sucesivas revelaciones sobre las denominadas tarjetas black con las que altos cargos de Caja Madrid supuestamente realizaron gastos de carácter personal, el pasado 7 de abril se le formuló a la Xunta una pregunta para que informara sobre las tarjetas bancarias institucionales de las que dispusiera y con la que comprobar, al mismo tiempo, el funcionamiento de la Ley de Transparencia. La formulación de la pregunta en aplicación de la Ley de Transparencia fue la siguiente: “Quién, en la Xunta o entes paralelos, dispone o dispuso, desde agosto de 2005, de tarjeta bancaria institucional y qué gastos se hicieron con ellas”.

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Fomento manipula fechas para argumentar la negativa a investigar el accidente de Angrois

Los miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 salieron este jueves del Ministerio de Fomento sumidos en la indignación. El nuevo titular del Ministerio, Íñigo de la Serna, acababa de negarles las investigaciones técnica y política sobre el accidente de Angrois a las que había dado "apoyo expreso" como alcalde de Santander apenas medio año antes. Mientras las víctimas reprochaban ante la prensa lo que consideran todo un ejercicio de "cinismo" el departamento gubernamental hacía pública su versión de los hechos tras una reunión que había evitado revelar previamente que se iba a producir. Y para explicar el porqué del cambio de la postura de De la Serna el Ministerio ha optado por incurrir en una manipulación de fechas.

Más allá de indicar que la recepción se había producido para "escuchar las peticiones" de la plataforma Fomento se detiene a señalar que el ministro "indicó" ciertos aspectos "en relación con la moción" aprobada en Santander. Así, dice, en la propuesta apoyada por De la Serna en la capital cántabra se reclamaba una nueva investigación técnica "independiente". A este respeto el ahora ministro "recuerda" que "ya se realizó una investigación técnica" por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de Fomento y, según la Abogacía del Estado, "el Ministerio no puede solicitar que se inicie una nueva investigación". Estos "hechos", asegura el Ministerio, "eran desconocidos en el momento de aprobarse la moción en el Ayuntamiento de Santander". He aquí la manipulación.

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Un empresario investigado por cohecho envió a Feijóo 2.300 euros en vinos de lujo

El empresario lucense Raúl López, propietario del grupo Monbus, que controla más de la mitad de las rutas de autobús de España, envió durante la última década botellas de vino de alta gama y otros regalos por Navidad a más de un centenar de políticos de diversos partidos y con un punto en común: estar relacionados con Administraciones de todo el Estado que contrataban a sus empresas de transporte. Entre ellos figura el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el exministro socialista José Blanco. Muchos de los agasajados rechazaron los regalos cuando las empresas de mensajería se los fueron a entregar o los devolvieron poco después, otros los recibieron y en algunos no consta el destino final del obsequio.

Así lo plasmaron agentes de Vigilancia Aduanera en un informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, entregado el pasado abril a la jueza de Lugo Pilar de Lara, que instruye el caso Cóndor, en el que i nvestiga a López por supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, además de tráfico de influencias y el propio cohecho. La magistrada ya ha elevado exposiciones razonadas al respecto al menos ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por afectar los listados a algunos políticos aforados de ámbito autonómico y estatal sin que por el momento haya habido decisión sobre su admisión a trámite.

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Ni autopista ni tren: Fomento certifica el incumplimento de dos promesas estrella de Feijóo en campaña

Del bloqueo al congelador. El pasado octubre el Gobierno de Mariano Rajoy, todavía en funciones, comenzó a maniobrar en el Congreso de los Diputados para, basándose en un cálculo erróneo, bloquear la transferencia de la Autopista del Atlántico que el Parlamento de Galicia había solicitado por unanimidad en marzo. Apenas dos meses y muchas declaraciones después el presidente de la Xunta y el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acaban de escenificar la renuncia práctica a ese traspaso o, al menos, su aplazamiento indefinido, y en la misma reunión han certificado que el AVE no llegará a Galicia en 2018. Quedan así desbaratadas en un solo encuentro dos de las promesas estrella de la última capaña electoral de Feijóo

En comparecencia conjunta tras su primer encuentro institucional De la Serna y Feijóo han detallado que el cambio de titularidad de la AP-9 del Gobierno español al gallego pasa a ser sustituido por una comisión que, desde enero, supervisará "conjuntamente" las "decisiones" sobre la principal vía de comunicación terrestre de Galicia, un anuncio que el presidente de la Xunta eleva a la categoría de "acuerdo histórico". El ministro, dice el jefe del Gobierno gallego, "es perfectamente consciente" de que "hay una unanimidad política en Galicia en relación con el traspaso". Feijóo desliga, no obstante, esa reclamación del ámbito del autogobierno para asegurar que la demanda "obedece a unos problemas de gestión" que, con esta nueva "comisión bilateral para compartir todas las decisiones de gestión", quedarán solucionados.

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Fomento ya permite que víctimas de accidentes de tren participen en la investigación pero con un plazo limitado

Las víctimas de accidentes de tren ya pueden tener acceso directo y opinar sobre las investigaciones oficiales de los siniestros que realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento. Así lo obliga una directiva europea de 2004, que el Estado español no traspuso completamente a la normativa estatal hasta 2014, diez años después. Esto provocó duras críticas de la UE al Gobierno central por cómo los investigadores de Fomento dieron de lado a las víctimas del accidente de tren de Angrois, en Santiago, en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. El accidente de tren de O Porriño (Pontevedra), en el que el pasado 9 de septiembre murieron cuatro personas y otras 48 resultaron heridas, es el primero con daños personales en el que se abrió la posibilidad de que las víctimas participen en la investigación. Sin embargo, los afectados tienen que comunicar de manera activa que quieren participar en el proceso en un plazo de 21 días desde que la CIAF informa su web. En el caso de O Porriño, nadie lo hizo.

La  Directiva europea 2004/49/CE dice que la investigación técnica de los accidentes ferroviarios debe realizarla un organismo independiente del Gobierno "con la mayor apertura posible, oyendo a todas las partes y compartiendo los resultados. Se informará periódicamente de la investigación y de sus avances [entre otros] a las víctimas y a sus parientes [...] y se les brindará, siempre que sea factible, la oportunidad de exponer sus opiniones y puntos de vista durante la investigación y la posibilidad de hacer observaciones". La norma europea nada dice de plazos para esa participación de las víctimas.

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Rajoy condecora a las principales autoridades portuguesas tras meses de desdén del PP a su gobierno

"La situación más lógica, más normal y más sensata es la que se hace en todos los países europeos, que es que gobiernan los partidos moderados, los que coinciden en los temas fundamentales". Este planteamiento, con pequeñas variaciones y énfasis en un supuesto carácter poco democrático de los gobiernos no encabezados por la fuerza más votada, fue la repetida durante meses por Mariano Rajoy y otros líderes del PP para insistir en la formación en España de un Gobierno de "gran coalición" entre el partido conservador y el PSOE. Las llamadas a la unidad con los socialistas solían obviar, a veces, y enviar al cajón de los pactos "radicales", en otras ocasiones, la alianza gracias a la cual el Partido Socialista gobierna Portugal desde hace un año, la misma a la que están acompañando los resultados económicos y sociales, pero también las expectativas electorales. Tras doce meses de desdén, sin embargo, el gabinete de Rajoy acaba de condecorar a las principales autoridades de ese gobierno, liderado por la segunda fuerza en votos y apoyado por la izquierda parlamentaria.

El Consejo de Ministros del pasado viernes, a tres días del inicio de la visita de Estado que los reyes de España realizan a Oporto y Lisboa desde este lunes, aprobó hasta quince condecoraciones a representantes del Gobierno, de la Presidencia y de las principales insitucións parlamentarias portuguesas. Así, por ejemplo, le concedió la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III al primer ministro, António Costa, al presidente de la Assembleia da República, Eduardo Ferro, al ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos, y al embajador portugués en España, Francisco Ribeiro. Además de los altos cargos socialistas también fue condecorado el presidente de la república, Marcelo Rebelo de Sousa (PSD), en su caso con el Collar de la Orden de Isabel la Católica, y una decena de autoridades más recibieron otras distinciones, entre ellas los alcaldes lisboeta y portuense.

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Feijóo inicia el mandato de su sucesión con exactamente el mismo gobierno que hasta ahora

Previsible y estable son dos de los adjetivos que más le gusta emplear al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para referirse a sí mismo y a su gobierno. Este domingo ha ido un paso más allá y se ha convertido en el primer presidente de la Xunta que repite en el cargo y no cambia un solo conselleiro con respeto a la composición previa de su ejecutivo en el mandato anterior. El Gobierno gallego seguirá formado por exactamente los mismos diez conselleiros (seis hombres y cuatro mujeres) que había hasta ahora.

La decisión de Feijóo de mantener el mismo gobierno limita las pistas sobre el futuro del PP de Galicia en este tercer mandato que el propio líder popular ya anunció como el de su retirada, ya que el único vicepresidente sigue siendo Alfonso Rueda, mano derecha de Feijóo desde 2006, tres años antes de llegar a la Xunta. Rueda era secretario general del PP gallego hasta marzo, cuando dejó el cargo para asumir la presidencia del PP de Pontevedra, lo que fue interpretado como un paso atrás en la carrera sucesoria de Feijóo.

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