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David Reinero

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La combinación de dos artículos de los presupuestos gallego y estatal amenaza con despidos masivos en la Xunta

La Xunta prevé convertir de manera progresiva a su personal laboral temporal en funcionarios interinos. Hasta ahora nada impedía que, bajo una u otra figura, esos trabajadores viesen renovada de manera periódica su relación laboral. Sin embargo, el Gobierno central prevé en sus presupuestos ahora en tramitación que “no podrá ser superior a tres años” la duración de los nuevos nombramientos de interinos que realicen las administraciones. Y un nuevo nombramiento es justo lo que prevé la norma gallega para la transformación del personal laboral en funcionario interino, que “supondrá la novación de la relación jurídica existente con la Administración”. Esa “novación”, según la norma estatal ahora en tramitación, no podrá ser por más de tres años improrrogables, por lo que el sindicato CSIF alerta de despidos masivos superado ese plazo.

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El diputado millonario vuelve a la alcaldía de Sanxenxo

El popular Telmo Martín, alcalde de la localidad turística de Sanxenxo (Pontevedra) entre 1999 y 2006, constructor a quien la Xunta de Feijóo perdonó una multa de tres millones de euros a pesar de su patrimonio personal de más de 21 millones que lo convertiría en el diputado más rico del Congreso entre 2011 y 2015, vuelve a su origen y recupera la alcaldía de su municipio. Se la entrega el hasta ahora alcalde, Gonzalo Pita, de un partido local escindido en su momento del PP y que gobernaba desde hace dos años con el apoyo de PSdeG y BNG.

Martín (Meaño, Pontevedra, 1958) montó en los años 90 la constructora Construcuatro, con la que desarrolló una importante actividad inmobiliaria en la provincia de Pontevedra. En Sanxenxo, en la primera línea de costa de su playa más céntrica, la de Silgar, a pocos metros de donde Mariano Rajoy tiene un apartamento de veraneo, Construcuatro levantó un edificio de seis plantas con el que invadió el dominio público, lo que le supuso recibir en 2005 una propuesta de sanción de tres millones de euros que le sería perdonada en secreto a finales de 2011 en una reunión del Gobierno gallego presidida por Alberto Núñez Feijóo. Hace un año el Tribunal Supremo confirmó una sentencia que obliga a demoler parcialmente el edificio. Construcuatro está envuelta en  otras varias causas judiciales por ilegalidades en sus promociones inmobiliarias, alguna de ellas bajo figuras de protección pública.

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Feijóo descarga en los funcionarios la venta de las centrales de Villar Mir y pide "que no se dejen presionar"

Feijóo descarga toda la responsabilidad de la decisión que su Gobierno tome sobre el futuro de Ferroatlántica en los funcionarios públicos que analicen la solicitud enviada por la empresa a la Xunta hace tan solo unos días. La compañía del empresario madrileño Villar Mir pidió formalmente al Ejecutivo que levantara la prohibición de separar sus actividades de ferroaleación en Cee, Dumbría y Sabón de las centrales que explota en los ríos Xallas y Grande, paso previo y necesario para vender las hidroeléctricas. Lo hizo advirtiendo de que, sin esa venta, estarían en riesgo cientos puestos de trabajo en Galicia y toda una serie de inversiones prometidos en diferentes factorías gallegas.

"Les pido a los empleados públicos que estén viendo este expediente que actúen sin dejarse presionar por nadie, ni por los partidos políticos, ni por las organizaciones sindicales, ni por los intereses empresariales", aseguró este jueves Feijóo, preguntado por el futuro de Ferroatlántica y de los trabajadores y consciente del rechazo frontal del comité de empresa y de toda la oposición política a la segregación, que consideran que esconde las intenciones de "pelotazo" por parte de Villar Mir, así como la "deslocalización y desmantelamiento" de sus fábricas en la Costa da Morte.

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Fiscalía y Xunta dejan en una multa de 720 euros la condena por cohecho del técnico que iba a "repartir Galicia" en contratos

El caso Retablo, ocho años de instrucción judicial con 14 tomos en los que se investigó una trama de sobornos con arte sacro con dos trabajadores autonómicos implicados, se ha saldado este martes con un acuerdo en el que Xunta de Galicia y Fiscalía aceptaron rebajar las penas de los condenados a poco más que unas multas de escasa cuantía. Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa, técnico de restauración, y José Manuel Pichel, arquitecto, trabajaron para la Xunta hasta 2009 con responsabilidades en la Consellería de Cultura y la sociedad de gestión del Xacobeo, de las que se aprovecharon para recibir regarlos de empresas de rehabilitación a cambio de autorizar subvenciones a entidades religiosas que contrataban los trabajos con las firmas implicadas. “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”, decía Pichel a una de las empresas en una grabación policial de esta trama triangular que este martes llegaba a juicio.

Sin embargo, justo antes de la vista el caso se ha saldado con un acuerdo previo en el que Fiscalía y Xunta aceptaron rebajar notablemente las penas que pedían para que los acusados no entren en la cárcel. Estos admiten ser autores de delitos de cohecho y a cambio tendrán que abonar multas de escasa cuantía, de tan sólo 720 euros en el caso de Pichel y de poco más de 2.000 en el caso de Gómez-Gil, que además verá decomisados los 103.350 euros que recibió.

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El fiscal del caso Alvia lo deja tras varios años sin querer investigar más que al maquinista

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Feijóo rectifica su norma de pisos turísticos tras un aviso de Competencia y Airbnb aplaude el cambio

La previsibilidad de su gobierno suele ser uno de los elementos que destaca el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, esta semana ha tenido que recurrir a un mecanismo extraordinario del que el Diario Oficial de Galicia (DOG) solo refleja que haya sido empleado en otras dos ocasiones en toda su historia. Este miércoles publicaba una "Instrucción interpretativa" del polémico Decreto de viviendas turísticas que ese mismo día entraba en vigor, medida que adoptaba después de que la norma hubiese recibido  un requerimiento de corrección por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Feijóo hizo responsable de la emisión de esa "Instrucción interpretativa", con la que considera que se da respuesta al requerimiento de Competencia, a la Asesoría Jurídica de la Xunta.

El Decreto sobre viviendas turísticas se publicó en el DOG el pasado 10 de febrero con la previsión de que entrara en vigor tres meses después, este miércoles 10 de mayo. Sin embargo, hace dos semanas Competencia emitió un requerimiento criticando diversas disposiciones de esa norma por considerar que atentan contra la libertad de mercado. La respuesta de la Xunta, además de enviar alegaciones a Competencia, fue publicar este mismo miércoles lo que denomina " Instrucción interpretativa 1/2017, del 9 de mayo, para la aplicación del Decreto". Las otras dos veces anteriores que la Xunta publicó una Instrucción interpretativa fueron en 2008, matizando una Orden de la Consellería de Política Territorial sobre la revisión de los precios de los autobuses interurbanos, y en 1998, matizando un Reglamento de la Consellería de Industria sobre las líneas eléctricas de alta tensión. El Decreto que ahora se "interpreta" es la norma de mayor rango que se ve así afectada.

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Feijóo abronca a la oposición gallega por sus preguntas en el Parlamento

En Marea es responsable de meter la lengua gallega en la "lucha partidista", el PSdeG no puede preguntar a la Xunta por el paro porque durante sus gobiernos este subió y el BNG no puede criticar la corrupción en el PP porque su exconselleiro de Industria durante el bipartito (2005-2009), Fernando Blanco, está imputado. Este es el resultado de la sesión de control al Gobierno de la Xunta celebrada este miércoles en el Parlamento de Galicia, que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha convertido una vez más en sesión de control a la oposición.

Comenzó la sesión con la portavoz del BNG, Ana Pontón, echando en cara a Feijóo que la corrupción del PP contribuye al incremento del paro a través de la mala gestión de los recursos públicos o los "favores" a empresas afines como Ferrovial. La nacionalista destacó la "inestabilidad que está generando en todo el Estado un partido [el PP] que está trufado por la corrupción" y en el que Feijóo es "miembro de la dirección estatal". La respuesta de Feijóo, junto con la habitual apelación a los mejores datos económicos de Galicia con respecto al resto de España, fue que la corrupción afecta a todos los partidos, incluido el BNG, y le preguntó a Pontón "donde está" el exconselleiro nacionalista del bipartito Fernando Blanco, imputado en una de las causas derivadas de la operación Campeón. "No se toma en serio la corrupción", llegó a decirle el presidente a la portavoz nacionalista.

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El PP rechaza recuperar el pazo de Meirás y filosofa sobre los derechos de los Franco

César Fernández Gil, hombre de confianza del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y licenciado en Filosofía, fue el diputado encargado de defender este martes en el Parlamento de Galicia la negativa del PP a siquiera iniciar la tramitación de una  proposición de ley presentada por En Marea y apoyada por PSdeG y BNG para recuperar la titularidad pública del pazo de Meirás, expoliado durante la dictadura para disfrute de la familia Franco. En su intervención, el popular filosofó sobre la textualidad y la forma de la iniciativa evitando entrar en el fondo de la cuestión más que para insinuar que el Estado de Derecho no tendría capacidad para retirarle a los Franco el pazo que ellos obtuvieron con la dictadura.

Lo rechazado por el PP este martes en el Parlamento gallego estaba aún lejos de ser la recuperación del pazo de Meirás de manos de los Franco. Era la toma en consideración inicial, previa a un debate posterior más técnico, de una proposición de ley que la Cámara gallega tendría que remitir al Congreso de los Diputados para reformar la ley estatal de memoria histórica e introducir en ella una disposición adicional que permitiera la recuperación del pazo. Esa disposición indicaba que en un plazo de seis meses las administraciones públicas deberían iniciar el proceso para recuperar la titularidad pública del bien, que pasaría a ser gestionado por un ente público consorcial formado por el Estado, la Xunta, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada. Sin embargo, el diputado popular optó por argumentar que el texto que iniciaría todo ese proceso presentaba diversos defectos en su redacción.

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Entra en concurso la firma con que un alcalde del PP suministró piedra de forma irregular a la Ciudad de la Cultura de Fraga

En 2003 la empresa Campo Lombao S. L., una de las varias patas del  entonces grupo empresarial familiar de quien fue alcalde de Ortigueira (A Coruña) por el PP entre 1999 y 2007, Antonio Campo Fernández, ganó un contrato con la Xunta para suministrar piedra a la Ciudad de la Cultura, el macrocomplejo cultural impulsado por Manuel Fraga en Santiago. Lo hizo con una cuarcita obtenida de una cantera de Muras (Lugo) explotada por otra empresa de la misma familia que, segundo certificó la justicia, operaba sin licencia municipal y afectando a espacios protegidos de la Red Natura 2000. El Consello de Contas, órgano fiscalizador equivalente en Galicia al Tribunal de Cuentas estatal, criticó diversas irregularidades de aquel contrato, de 6 millones de euros, que primero se encareció y que luego la empresa dejó de cumplir, según la Xunta, que pasó a traer la piedra que faltaba desde Brasil. El de aquella empresa fue uno más de los numerosos encarecimientos de un complejo que iba a costar 110 millones y que pese a estar inacabado ya ha consumido más de 300. Según avanzó Economía Digital, el pasado 23 de febrero el  Boletín Oficial del Registro Mercantil dio cuenta de la entrada en concurso voluntario de Campo Lombao S.L.

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Santiago recibe con indiferencia el bus de Hazte Oír

Convocaron con pocas horas de antelación a los medios de comunicación en una gasolinera de las afueras de Santiago con el argumento de que hacen lo mismo en todas las ciudades para que las fuerzas de seguridad los escolten hasta el centro para evitar agresiones. Pero en su recorrido de este jueves por la capital gallega el autobús transfóbico y los portavoces de la asociación  Hazte Oír fueron recibidos mayoritariamente con indiferencia, tanto de las instituciones como de la ciudadanía.

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