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David Reinero

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La Xunta destina 40 millones a contratar helicópteros de salvamento tras vender los que tenía

En 2012 la Xunta vendió sus dos helicópteros de salvamento marítimo a cambio de que la empresa que los compró, Inaer, la misma que los ha gestionado siempre, los siguiese operando en Galicia durante cinco años. Finalizado ese período, ahora la Xunta acaba de convocar un nuevo  concurso para renovar el servicio por un máximo de hasta seis años y 40 millones de euros, pero ya sin la garantía de que los helicópteros que obtenga sigan siendo los mismos que eran de su propiedad y que supuestamente tenían las mejores características posibles para la costa gallega. Este nuevo concurso es un paso más de un largo proceso en el que el Consello de Contas detectó diversas irregularidades y del que criticó que la Xunta no hiciese “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” en la contratación que ahora se inicia.

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La Audiencia de A Coruña reitera que la investigación oficial del accidente de Angrois no fue independiente

No ha existido una investigación técnica independiente sobre lo sucedido en el accidente de Angrois, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas al desacarrilar el tren Alvia en las cercanías de Santiago el 24 de julio de 2013. Así lo expresó la Audiencia Provincial de A Coruña cuando, en mayo de 2016, rectificó al juez instructor y ordenó reabrir la investigación sobre el siniestro, en el mismo sentido lo ratificó la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) en julio del mismo año y en un tono idéntico lo acaba de reiterar la propia Audiencia coruñesa. Las pesquisas oficiales sobre el accidente, realizadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento no fueron independientes.

La Audiencia coruñesa acaba de notificar un auto que, datado en el pasado 31 de marzo, resuelve varios recursos interpuestos en la instrucción por, entre otras, la Plataforma Víctimas Alvia 04155, la asociación de personas afectadas por el accidente APAFAS y el abogado del maquinista del tren. Según consta en el auto a cuyo contenido ha cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, los recursos se referían a aspectos como la petición de relevo de varios peritos de la investigación -con mención explícita a un peritaje plagiado, aspecto sobre el que la Audiencia no se pronuncia- y su relevo por técnicos de la ERA y también, en el caso de la plataforma de víctimas, a la retirada de la investigación de la CIAF, precisamente por no ser independiente.

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El directivo de Adif imputado por el accidente del Alvia se niega otra vez a declarar

Andres Cortabitarte, el director de Seguridad en la Circulación de Adif a quien el juez instructor de la causa imputó, junto con el maquinista del tren, por los 80 muertos y 144 heridos del accidente de la curva de Angrois, en Santiago, se niega a declarar. Cortabitarte estaba citado este martes en el juzgado, pero se limitó a acogerse a su derecho a no declarar argumentando que no lo hará hasta que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva el recurso que presentó contra su imputación.

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La UE vuelve a desmentir a Adif y certifica que incumplió su obligación de analizar el riesgo del Alvia

En julio del pasado año la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, en sus siglas en inglés) emitió un duro  informe criticando la investigación oficial realizada por el Ministerio de Fomento sobre el accidente de tren de Santiago por no ser independiente y centrarse sólo en el maquinista como único responsable del siniestro. Ahora, las víctimas del Alvia acaban de entregar en el juzgado de Santiago que investiga las responsabilidades penales una carta del jefe de seguridad de la agencia comunitaria en la que vuelve a tumbar otra de las tesis de Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria estatal, y asegura que la normativa europea obligaba a realizar un análisis de la seguridad de la línea que no se hizo y que habría evitado el descarrilamiento. Un escrito que llega al juzgado un día antes de que este martes esté citado a comparecer, como investigado (antiguo imputado), el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, como responsable de no evaluar y prevenir adecuadamente aquel riesgo.

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La Xunta, condenada por rebajar la dependencia de un hombre que pedía aumentarla y acabó muriendo

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado una condena contra la Xunta por rebajar el grado de dependencia que había reconocido previamente a un ciudadano cuando éste le pidió que se lo revisase al alza porque su estado de salud se había agravado. El tribunal considera que la Xunta actuó “en manifiesto perjuicio de su interés” por aplicarle un baremo nuevo más restrictivo que el que existía cuando le reconoció por primera vez la dependencia. Dice que la Administración debía limitarse a denegarle la petición de incrementar su dependencia, pero no podía rebajársela. El afectado falleció en 2015.

Según la sentencia del tribunal superior, la Xunta, con fecha de 6 de octubre de 2011, había reconocido al afectado una dependencia de grado II y nivel 1 con carácter permanente, pero mes y medio después, el 23 de noviembre, éste le pidió que revisara su caso “por empeoramiento y agravamiento de su estado de salud”. La Xunta le respondió casi ocho meses más tarde, el 4 de julio de 2012, con una resolución en la que, en contra de la revisión al alza que le pedía el afectado, le rebajó la dependencia al grado I nivel 2. El afectado presentó un recurso de alzada ante la propia Xunta, que se lo desestimó, por lo que llevó su caso a los tribunales.

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El Tribunal Superior gallego ve "de ínfimo valor" los lotes de vino de 500 euros que Feijóo recibió de un empresario investigado

La rama política de la Operación Cóndor, en la que la jueza de Lugo Pilar de Lara investiga al propietario de la empresa de transportes Monbus, Raúl López, por presuntos delitos fiscales, de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, ha registrado en los últimos días dos novedades decisivas. El Tribunal Supremo, primero, y justo después el Tribunal Superior de Justicia de Galicia han coincidido en no apreciar "indicios" de delito de cohecho en los políticos que, según dan por constatado, recibieron durante años lotes de vino Vega Sicilia como regalo de López. Ambos tribunales coinciden en que estos regalos pueden ser enmarcados en el ámbito de la "cortesía", pero mientras que el Supremo se limita a apuntar que su valor no fue "excesivo", el alto tribunal gallego considera que los importes de estos lotes de bebidas, de un mínimo de 500 euros en los casos analizados, es "ínfimo".

El Supremo abordó las exposiciones remitidas por De Lara que afectaban a aforados del ámbito estatal -el eurodiputado socialista José Blanco y los senadores del PP José Manuel Barreiro y José Antonio de las Heras- y el TSXG hizo lo propio con Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, por ser el presidente y el vicepresidente de la Xunta aforados de ámbito autonómico. En el auto en el que dispone el archivo de la causa el Superior gallego entiende que, en la línea de lo estipulado en diversas leyes, "la delimitación entre lo punible o no" en este tipo de casos no debe ser, como pide De Lara, una cantidad económica concreta -la magistrada propone 400 euros-, sino el "criterio (...) de la adecuación social o de los usos habituales y de cortesía".

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El Tribunal Superior gallego no ve delito en los regalos a Feijóo de un empresario investigado por cohecho y archiva el caso

Fin del caso 'Vega Sicilia' para los cargos políticos señalados. Apenas veinticuatro horas después de que el Tribunal Supremo hiciera público el archivo de la investigación al exministro socialista José Blanco y al actual portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, por no apreciar "indicios" de delitos de cohecho en los regalos de vinos de alta gama que les había enviado el propietario de la empresa de transportes Monbus, Raúl López, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de tomar una decisión idéntica con relación al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y de su vicepresidente, Alfonso Rueda.

La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego ha notificado este martes el auto por el que se declara competente para abordar la exposición razonada en la que la magistrada de los juzgados de Lugo Pilar de Lara pedía, con la oposición de la Fiscalía, investigar a Feijóo y Rueda al considerar que los envíos de vino, al superar los 400 euros, estaban por ebcuna de un regalo de cortesía y "podrían revestir caracteres de delito de cohecho", concretamente, del tipificado en el artículo 422 del Código Penal. En la misma actuación el Superior gallego determina "el archivo de las actuaciones, por no ser constitutivos de delito".

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La Xunta lleva una década prorrogando la gestión privada de sus barcos de Guardacostas por 6 millones al año

Los cuatro barcos que tiene en propiedad Gardacostas de Galicia, el cuerpo dependiente de la Consellería de Mar encargado de la vigilancia pesquera, el salvamento y la lucha contra la contaminación en aguas de la comunidad, son gestionados desde 2006 por la empresa privada Remolcanosa. El Gobierno gallego le ha venido prorrogando desde entonces sin convocar un nuevo concurso público un contrato con un coste para las arcas públicas de unos 6 millones de euros al año que la Xunta justificó en su momento argumentando que no disponía de funcionarios para operar sus propios barcos. Sin embargo, más de una década después de privatizar ese servicio, nada han hecho ninguno de los sucesivos gobiernos gallegos para formar personal propio o convocar oposiciones específicas y recuperar la operación directa de esos buques.

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El Supremo archiva la causa contra Blanco y Barreiro por recibir vinos de un empresario investigado por cohecho

El empresario lucense Raúl López, presidente del grupo de transportes Monbus, agasajó durante una década políticos de todo signo con vinos de alta gama. El principal punto en común entre los dirigentes obsequiados era estar relacionados, en diferentes grados, con Administraciones de todo el Estado que contrataban con sus empresas de transporte. En el marco de la Operación Cóndor, en la que el empresario es investigado por supuestos delitos fiscales, de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, la magistrada de los juzgados de Lugo Pilar de Lara consideró que algunos de los políticos receptores de los regalos, como el presidente de la Xunta, el exministro del PSOE José Blanco o el actual portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, podrían haber cometido también delitos de cohecho. Así lo trasladó, en el caso de Barreiro y Blanco, al Tribunal Supremo -ambos son aforados-, que acaba de archivar al asunto al no apreciar delito alguno.

En un auto dictado el pasado 17 de marzo la sala de lo Penal del Tribunal Supremo analiza la exposición razonada remitida por De Lara, apoyada a su vez en informes de Vigilancia Aduanera, según la cual Blanco, Barreiro y el también senador popular castellano-manchego José Antonio de las Heras, habían recibido envíos de vinos Vega Sicilia que superaban los límites de la "mera cortesía" por tener un importe superior a los 400 euros, en el que la jueza fijó el umbral de la "relevancia penal" de este tipo de conductas. Concretamente, indicaba, en las anotaciones de Monbús figuraban envíos de botellas por algo más de 1.700 euros, y para Barreiro, de más de 1.000.

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El exdirector de Adif imputado por el 'caso Alvia' responsabiliza a otros departamentos de Fomento

Andrés Cortabitarte, el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif  imputado hace diez días por su posible responsabilidad en el accidente de tren de Santiago por no habilitar las medidas de seguridad precisas para evitarlo, acaba de recurrir dicha citación. El abogado de Cortabitarte, facilitado por una aseguradora de Adif, presentó este martes un recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña en el que solicita que no se produzca la comparecencia de su defendido prevista para el próximo 4 de abril mientras no se resuelva esta apelación, en la que se argumenta que el director de Seguridad no era responsable de las actuaciones que le atribuye el juez instructor, Andrés Lago Louro.

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