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David Reinero

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El cargo de Adif imputado por homicidios en Angrois culpa al maquinista ante el juez

Tres días después del cuarto aniversario del accidente del Alvia en Santiago, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, quien fue director de Seguridad en la Circulación de Adif entre 2006 y 2013, Andrés Cortabitarte, compareció este jueves en el juzgado de Santiago como investigado -antigua figura de imputado- como presunto responsable  “de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos” sobre el peligro que suponía la curva de Angrois. En su declaración, la primera que hace tras negarse previamente dos veces a declarar, Cortabitarte ha dicho que la causa del accidente fue el “exceso de velocidad por error humano del maquinista” y negó que la normativa lo obligase a él a prever el riesgo que existía en esa curva.

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Víctimas del Alvia reclaman “verdad, justicia y reparación” en el cuarto aniversario del siniestro

Víctimas y familiares de fallecidos en el accidente del tren Alvia en Santiago, en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas, y que este lunes llega a su cuarto aniversario, se manifestaron esta mañana por las calles de la capital gallega, entre la estación de tren a la que nunca llegó el convoy siniestrado y la plaza del Obradoiro. Aplaudidos por la ciudadanía a su paso por las calles comerciales del centro de la ciudad, los afectados estuvieron acompañados por vecinos del barrio de Angrois que aquel día se echaron a las vías a ayudarlos y por representantes de En Marea, BNG, Ciudadanos, UPyD y, en esta ocasión, también del PSOE, que acaba de sumarse a la reivindicación de una comisión de investigación parlamentaria dejando sólo en su negativa al PP.

A su llegada al Obradoiro, lleno de turistas, algunos de los cuales también les mostraron su apoyo, las víctimas leyeron un comunicado en el que recuerdan los cuatro años que llevan “denunciando públicamente las mentiras y ocultaciones del Gobierno del PP y de algunas instituciones públicas, así como el trato humillante que recibimos de su parte”. Frente a ellas, destacan que “la UE desmontó la 'verdad oficial' que con Ana Pastor a la cabeza, el Gobierno quiso hacernos creer: que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable y que el accidente no era de alta velocidad”.

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Los jueces reprochan que la "complejidad" de Adif dificulta aclarar el accidente de Angrois cuatro años después

El accidente del tren Alvia en Santiago, en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas, cumple este lunes cuatro años sin que las víctimas hayan recibido aún justicia ni esperen obtenerla a corto plazo. El maquinista, Francisco José Garzón, que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois tras recibir una llamada del interventor del tren, está imputado desde aquel momento, pero no fue hasta el pasado marzo que el segundo juez instructor de la causa imputó también a quien fue director de Seguridad en la Circulación de Adif de 2006 a 2013, con PSOE y PP, Andrés Cortabitarte, por su posible responsabilidad al no evaluar el riesgo de la curva y habilitar medidas de seguridad que evitasen o paliasen el error humano. Durante estos cuatro años, tanto los dos jueces instructores que ha tenido la causa como los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña han venido lamentando la dificultad que les supone para aclarar las responsabilidades penales del caso la “complejidad” y “fragmentación” tanto de la estructura organizativa de Adif como de la normativa ferroviaria, una “complejidad” sobre la que la propia Adif declina pronunciarse.

El pasado 28 de junio, en el auto con el que ratificó la imputación de Cortabitarte como presunto responsable “de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos” del AVE Ourense-Santiago en el que ocurrió el accidente, la Audiencia de A Coruña admitía que “estamos en un ámbito de difícil aprehensión” y lamentaba el “enrevesado encadenamiento de remisiones normativas” respecto a quién y cómo debía realizar esa evaluación de riesgos. Pero ya el primer juez instructor del caso, Luis Aláez, destacaba a las pocas semanas del accidente la “descentralización, especialización y fragmentación de funciones y de tareas” en la empresa pública como un problema para encontrar responsables. Un Adif que se negó inicialmente a identificar a los cargos responsables de la seguridad en la línea de AVE Ourense-Santiago como le había pedido el juez y que más adelante demoraría obviaría en varias ocasiones la entrega de la documentación que los jueces le pedían.

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“No se puede acusar a Pastor o Blanco de 80 homicidios pero tienen que responder en el Congreso”

El 24 de julio de 2013, a las 20.41 horas de la tarde, Jesús Domínguez, informático con entonces 41 años, abrió los ojos tumbado bajo un vagón de tren y con una pierna destrozada. En unos pocos segundos se había convertido en uno de los 144 heridos que, junto con 80 muertos, dejó el  accidente del tren Alvia que aquel día descarriló en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, después de que el maquinista, Francisco José Garzón, se despistase tras recibir una llamada del interventor del tren y no frenase a tiempo sin que existiese ningún sistema de seguridad que pudiese evitar o paliar el siniestro.

Domínguez es presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia y, a las puertas del cuarto aniversario del accidente, reflexiona sobre la situación actual ahora que ha sido imputado también en la causa penal, junto con el maquinista, quien fue director de Seguridad en la Circulación de Adif entre 2006 y 2013, Andrés Cortabitarte. En el cargo con PSOE y PP, Cortabitarte participó en la puesta en servicio del AVE Ourense-Santiago en 2011 después de que se cambiase el proyecto inicial y la curva de Angrois dejase de estar protegida por el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) propio del AVE, y él autorizó también en 2012 a Renfe para que los trenes Alvia apagasen también a bordo el sistema, que habría comenzado a frenar el tren mucho antes. Ahora, la Audiencia Provincial de A Coruña ve en él y en Adif “indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos” de la línea.

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Víctimas del Alvia, al PP en el Ayuntamiento de Santiago: "Pidan perdón"

Víctimas del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois han intervenido en la tarde de este jueves, a cuatro días del  cuarto aniversario del siniestro que dejó 80 muertos y 144 heridos, en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Santiago. Arturo Domínguez, hermano del presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, fue el encargado de leer un texto en el que agradeció la invitación para intervenir que le realizó el BNG, agradecimiento que hizo extensivo al “resto de partidos que nos han apoyado”. A continuación recordó que son las propias víctimas las que piden a los partidos la creación de una comisión de investigación política del siniestro, y se dirigió especialmente al PP, que se ha quedado sólo en su negativa a realizarla, y a su portavoz municipal, Agustín Hernández, exconsejero de Infraestructuras de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo. Las víctimas recordaron que Hernández “estaba presente en las inauguraciones y consideró responsable y muy acertada la decisión política de poner en marcha” el AVE Ourense-Santiago en el que ocurrió el accidente.

 

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El cargo de Adif imputado por el caso Alvia intenta diluír responsabilidades en Renfe y otros países

El abogado de Andrés Cortabitarte, el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif entre 2006 y 2013 imputado por el accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, en Santiago, del que ahora se cumplen cuatro años, ha presentado en el juzgado una serie de preguntas que pide que se añadan a las que el juez instructor decidió hacerle sobre el siniestro a la Agencia Ferroviaria Europea. El letrado quiere que el organismo comunitario diga cómo se evaluaban los riesgos ferroviarios en otros estados miembros de la UE y si también tenía que evaluarlos Renfe, como empresa empleadora del maquinista, también imputado por su despiste.

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Las víctimas del Alvia piden un nuevo análisis técnico y la dimisión de los investigadores actuales

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Santiago, del que el próximo lunes se cumplen cuatro años, ha entregado este miércoles una carta en el Ministerio de Fomento dirigida a su Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), a la que reclama la dimisión de sus miembros actuales y la realización de una nueva investigación independiente del siniestro. La petición de una nueva investigación técnica independiente es una de las tres patas de las reivindicaciones de las víctimas, junto con la que consideran la principal que es la profundización de la investigación judicial ( en la que ha sido imputado un cargo de Adif) y la reclamación de una investigación política en el Congreso de los Diputados ( ahora con posibilidades de salir adelante al quedarse sólo el PP tras el reciente cambio de postura del PSOE, que venía negándose).

Un año después del accidente, la CIAF emitió su informe sobre el mismo atribuyendo el siniestro exclusivamente al despiste del maquinista, que no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois tras recibir una llamada del interventor del tren y no estar activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su error humano. Una investigación técnica que  influyó inicialmente en la investigación judicial que sigue en marcha. Sin embargo, hace un año la Agencia Ferroviaria Europea emitió un informe en el que ratificaba la falta de independencia de la CIAF, cuyos miembros eran nombrados por el Ministerio de Fomento, y censuraba que no había analizado otras posibles carencias de seguridad más allá del maquinista, lo que llevó al Parlamento Europeo y a la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, a reclamar a España una nueva investigación técnica independiente.

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Una agencia europea crítica con Fomento, clave en el futuro del caso Alvia a los cuatro años del accidente

El 24 de julio de 2013, hace ahora cuatro años, un tren Alvia descarrilaba a las puertas de Santiago dejando 80 muertos y 144 heridos después de que su maquinista, Francisco José Garzón, se despistase y no frenase a tiempo sin que hubiese activo ningún sistema automático que evitase o paliase su error humano. Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria, dice que nada la obligaba a hacerlo mientras que  el juez instructor y la Audiencia Provincial de A Coruña sospechan que el entonces director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, ahora imputado, no analizó como debía el riesgo que existía de un error humano en esa curva de Angrois.

Un perito judicial ha confirmado esa visión mientras que otro avala la de Adif, por lo que el instructor de la causa ha pedido a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, en sus siglas en inglés) que le diga si era “normativa y/o técnicamente necesaria una evaluación de riesgo que tuviese en cuenta la situación de peligro” que existía allí. El desempate de esa “discrepancia”, como la califica el juez, entre los peritos, que el próximo jueves 27 de julio deberán ratificar verbalmente en el juzgado lo que ya transmitieron por escrito, correrá por cuenta de una agencia comunitaria que se viene mostrando crítica con la actuación del Ministerio de Fomento.

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El PP se arrincona en el "no" a la investigación política del accidente de Angrois cuatro años después

El 27 de julio de 2013, tres días después de que el descarrilamiento de un tren Alvia en el barrio compostelano de Angrois provocara la muerte de 80 personas y heridas a otras 144, el presidente de la Xunta negaba en rueda de prensa con los entonces ministros de Fomento e Interior, Ana Pastor y Jorge Fernández Díaz, que lo sucedido hubiese sido un accidente de la "alta velocidad española". El tren y la línea que  habían sido presentadas como tal dejaban políticamente de serlo y quien lo insinuara estaría favoreciendo "intereses de algunos países" que en esos meses competían con compañías de España por contratos ferroviarios en el ámbito internacional.

Tres días después AGE y BNG planteaban la primera reclamación formal de una comisión de investigación política sobre lo sucedido. Era necesario "esclarecer las causas técnicas, humanas y políticas" del accidente, decían sobre una reclamación que permaneció solo en el ámbito partidario unos pocos meses. Desde ese otoño las víctimas pasaron a encabezar una reclamación que el reciente cambio de criterio del PSOE parece estar a punto de hacer realidad en el Congreso de los Diputados, dejando al PP más arrinconado que nunca en el "no" a investigar tanto en Galicia como en Madrid.

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La Xunta gastará en contratar helicópteros de salvamento un millón más al año que antes de vender los que tenía

El Gobierno gallego ha autorizado en su reunión de este jueves incrementar hasta 8,5 millones de euros al año el importe que está dispuesto a destinar para mantener el servicio autonómico de salvamento marítimo con helicópteros más allá de octubre, cuando vence el contrato actual. Una decisión que toma después de que  el primer concurso que convocó en abril para renovar ese contrato quedase desierto y de que  el propio ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo vendiese en 2012 los dos helicópteros que tenía en propiedad y ahora tenga que alquilarlos. Antes de vender los aparatos, operar el servicio le costaba a la Xunta 7,5 millones al año, mientras que ahora está dispuesta a pagar un millón más, dándole así la razón al Consello de Contas -equivalente en Galicia del Tribunal de Cuentas estatal- que en su momento había alertado de diversas irregularidades en la gestión del gobierno y en particular de la ausencia de “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” en contrataciones futuras como la actual.

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