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David Reinero

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Feijóo cuestiona si el BNG está “en el bando de los maltratadores o de las mujeres”

“ Sólo hay dos bandos, el de los asesinos y maltratadores o el de las mujeres; ¿usted en cuál está?” Así ha respondido este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a las críticas que le realizó en el Parlamento de Galicia la portavoz del BNG, Ana Pontón, sobre la polémica campaña institucional de la Xunta por el día contra la violencia machista, contestada desde todo tipo de ámbitos. “Yo represento a la mayoría de las mujeres de Galicia en las urnas”, llegó a decir Feijóo como aval de su actuación en esa materia ante la petición de la nacionalista de más medidas concretas.

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La Xunta elogia los "valores espirituales" del Parque Nacional de las Islas Atlánticas en su plan de protección

Desde que en 2002 se creó el Parque Nacional de las Islas Atlánticas está pendiente la aprobación de su Plan Rector de Usos y Gestión (PRUX). En 2011 la Xunta llegó a disponer de una versión completa del mismo con  un documento de 80 páginas que entre otras cuestiones restringía el número de visitantes o la pesca. Aquel documento quedó aparcado y sólo tras la polémica desatada este pasado verano  por la masificación de las islas Cíes el Gobierno gallego decidió retomarlo. Lo hace con la exposición al público, a partir de este martes, de  un informe de únicamente 12 páginas que se limita a una descripción de las características del parque y de las figuras legales que lo protegen sin avanzar ninguna nueva medida de gestión.

Por otra parte, el documento ahora expuesto al público durante 20 días hábiles está salpicado de expresiones valorativas sobre las características del parque. Entre otras, dice que "el área terrestre posee un elevado interés geomorfológico, que confiere al sitio una elevada espectacularidad paisajística, fomentando los valores espirituales y de contemplación".

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La empresa que se llevó los contratos de helicópteros de la Xunta: “No es problema nuestro que no haya otras”

Inaer, la empresa de helicópteros cuya contratación por parte de la Xunta está detrás de la imputación del director general de Política Forestal, Tomás Fernández-Couto, iba a ser la que prestaría los servicios aéreos de extinción de incendios. Así lo predijo el sindicato CIG antes de que fuese una realidad y así lo explicaba a posteriori la propia compañía: “Si no hay en España otra empresa que cumpla con determinados requisitos técnicos, no es problema de Inaer”, respondía en agosto de 2013 una portavoz de la firma, hoy integrada en la británica Babcock, de la que varias fuentes señalan que estaría intentando distanciarse de las maneras de proceder en el pasado en la firma española.

La investigación que tiene abierta el juzgado de instrucción número 3 de Santiago, en la que están imputados Fernández-Couto, el ex-secretario general Francisco Vidal Pardo y el ex-subdirector general José Carlos Costas, se centra, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en las contrataciones de los años 2011, 2012 y 2013. La investigación la impulsó la Fiscalía después de recibir una denuncia de la CIG en agosto de 2012. Pero antes de eso, el sindicato ya había avisado por escrito a la propia conselleira de Medio Rural, en aquel momento Rosa Quintana, de las irregularidades que a su juicio se estaban produciendo. La CIG incluso había comunicado de manera pública su predicción: el servicio lo prestaría Inaer. Acertó.

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El busto de Fraga en su pueblo vuelve a desaparecer y sólo se escucha una pista: “Buscad en el río”

El próximo jueves, 23 de noviembre, Manuel Fraga cumpliría 95 años. Murió en enero de 2012, pero en su cuna, Vilalba, al norte de Lugo, dejó unos cuantos recuerdos. El más fácilmente identificable de ellos, un busto suyo de bronce que desde 1970 preside la alameda del pueblo, justo frente a su casa natal, desapareció en la noche del martes al miércoles. No es la primera vez que le pasa algo a la cabeza del político y los vecinos ya ni se sorprenden. “Estará en el río”, es la frase que tienen en la boca cuando se les pregunta por ella. Pero el alcalde esta vez no lo tiene tan claro: “Esta vez hicieron un trabajo quirúrgico”.

Poco tiempo de su larga vida pasó Fraga en Vilalba, la capital de la Terra Chá, de menos de 15.000 habitantes muy dispersos por el rural. Pero por allí volvía recurrentemente a darse baños de multitudes o a jugar al dominó en cada campaña electoral. Allí dejó un Parador en la época en que fue ministro de Información y Turismo de Franco (1962-69); un auditorio de cuando fue presidente de la Xunta (1990-2005) al que se le puso el nombre de su mujer, Carmen Estévez; y una autovía, la del Cantábrico, cuyo trazado se hizo pasar por allí en vez de seguir paralela al mar, a 60 kilómetros de distancia, porque desde Galicia Don Manuel siempre siguió mandando mucho en Madrid.

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La Xunta admite “ciertos riesgos” de que las personas que tutela cometan o sean víctimas de delitos

El Gobierno gallego niega la mayor y, frente a las sentencias judiciales que evidencian que personas adultas tuteladas por la Xunta no han sido atendidas correctamente y a las quejas de entidades sociales por desviar hacia ellas esa responsabilidad, la Consellería de Política Social dice que cuida de sus protegidos “de la mejor manera posible”. Así lo aseguró este miércoles en el Parlamento de Galicia la directora general de Familia, María Amparo González Méndez, ella misma directora hace unos años de la Fundación Pública Gallega para la Tutela de Personas Adultas (Funga).

La directora general fue preguntada en el Parlamento por la diputada de En Marea Paula Vázquez Verao por los diversos defectos en el funcionamiento de la Funga desvelados por Praza.gal, pero la mayoría de sus respuestas se atuvieron a las que este diario obtuvo en su momento de la Xunta, en las que se destacó la legalidad de sus actuaciones sin entrar a valorar si el trato que reciben las personas tuteladas es el adecuado. Sin embargo, este miércoles, cuando se le preguntó a la responsable autonómica por los casos de tutelados que cometieron o fueron víctimas de delitos, la respuesta de la directora general fue que es un riesgo que se corre, sin indicar quién lo asume, si el propio tutelado incapacitado, la Funga o la sociedad en general.

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La previsión de un nuevo recorte de trenes convencionales une a nivel estatal a sus defensores

En 2012 el Gobierno central decretó la desaparición de numerosos servicios de tren convencionales de ámbito regional en el marco de la definición de sus denominadas Obligaciones de Servicio Público (OSP), esto es, las líneas que el Estado se obligaba a mantener a pesar de ser deficitarias. La aplicación de esa medida a mediados de 2013, sin que Renfe informase previamente a los usuarios de los trenes afectados, supuso la desaparición sólo en Galicia de 50 de los 485 servicios semanales internos que prestaba la operadora en la comunidad, el 10,3%, así como el cierre de 22 estaciones. Unas cifras que se duplicarían se se tiene en cuenta que el recorte se maquilló haciendo que trenes de larga distancia sin paradas intermedias sustituyeran a parte de los regionales desaparecidos. El Ministerio de Fomento ya anunció que prepara una revisión de esas Obligaciones de Servicio Público, lo que para los defensores del tren convencional supone una amenaza de nuevos recortes a la que quieren enfrentarse con unidad.

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La Xunta usó sin contrato helicópteros contra incendios de la empresa a la que después se los otorgó sin concurso

¿Qué acto jurídico dio cobertura legal al trabajo de helicópteros privados contra incendios para la Xunta de Galicia durante el año 2012? Es una de las preguntas cuya repuesta está en el centro de la instrucción judicial que,  como avanzó Praza.gal, mantiene investigado -antigua imputación- al máximo responsable de la política forestal de la Xunta durante 17 de los últimos 21 años, Tomás Fernández-Couto, por presuntas irregularidades contractuales. El Gobierno gallego evitó dar respuesta al interrogante en el momento de los hechos y también lo hace ahora, cuando al trascender la imputación el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, insta a poner el foco en el sindicato CIG, por trasladar el asunto a la Fiscalía, impulsora de la denuncia. No obstante, fue el Consello de Contas -órgano encargado de fiscalizar las finanzas de la Xunta- el que certificó cómo operaron estas aeronaves en aquel año: sin contrato.

Hace ahora media década todavía formaban parte del servicio de extinción de incendios de la Xunta los helicópteros inicialmente contratados por el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG para los años 2008 y 2009. En un informe sobre la contratación de la Xunta hecho público en 2014, el organismo fiscalizador de las cuentas públicas del Gobierno gallego acredita que aquel contrato, compuesto por 4 lotes, fue firmado el 4 de abril de 2008 con tres empresas distintas que "tras la adjudicación cambiaron la titularidad para integrarse en Inaer", la empresa que también es adjudicataria de los helicópteros de salvamento marítimo y de emergencias sanitarias, comprada hace tres años por el grupo británico Babcock. La contratación, detalla el informe, "fue objeto de dos prórrogas" que llegaron hasta el 30 de diciembre de 2011.

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Imputado el máximo responsable forestal de la Xunta por la adjudicación de helicópteros contra incendios

El director general de Ordenación Forestal de la Xunta, Tomás Fernández-Couto, que lleva 17 años como máximo responsable autonómico de la lucha contra los incendios forestales, está imputado por presuntas irregularidades en la contratación de helicópteros para la lucha contra el fuego. La investigación, del juzgado de instrucción número 3 de Santiago la instancias de la Fiscalía, fue abierta a raíz de una denuncia por prevaricación presentada en 2012 por el sindicato CIG y que desde entonces viene avanzando a ritmo dispar. En las últimas semanas, tras la ola de incendios del pasado 15 de octubre, la oposición gallega ha reclamado expresamente al presidente de la Xunta el cese de Fernández-Couto pero Feijóo continúa avalando a quien es uno de los altos cargos en los que más confianza ha venido depositando. Fernández-Couto, según han confirmado a Praza.gal dos fuentes de la Fiscalía, ya ha sido citado a declarar en calidad de investigado, antiguo imputado.

La investigación tiene su origen en una denuncia por prevaricación presentada en 2012 por la CIG contra la entonces conselleira de Medio Rural y hoy de Mar, Rosa Quintana; su entonces secretario general, Francisco José Vidal Pardo (que meses después dimitió por “motivos personales”), y Fernández-Couto, director o secretario general a cargo de la política forestal gallega desde 1996, con el único paréntesis del gobierno de PSdeG-BNG entre 2005 y 2009. El sindicato ponía el foco en la adjudicación a dedo por 6,6 millones de euros del servicio de transporte aéreo en helicópteros de las brigadas de lucha contra el fuego a la empresa Inaer. La Xunta argumentó que la cercanía de la época de incendios le impedía convocar un concurso público o pedir otras ofertas y se lo encargó directamente a Inaer a través de una "encomienda de gestión", según la expresión empleada en su momento por la propia conselleira. Esa firma, adjudicataria también de los servicios de salvamento marítimo y emergencias sanitarias de la Xunta, fue adquirida hace tres años por la británica Babcock. Ya venía prestando ese servicio de transporte de los operarios en años anteriores, pero en ese asumió también la gestión de las brigadas, que antes realizaba la Xunta y que Inaer subcontrató a su vez a otra empresa, Natutecnia.

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La alerta sobre el riesgo de Angrois que llegó a diez técnicos de Renfe y alguno ni leyó

“ De no haber reducido previamente la velocidad nada se podrá hacer ya”. En esos términos, describiendo el accidente que acabaría ocurriendo el 24 de julio de 2013, escribió a sus superiores en diciembre de 2011, un año y siete meses antes, un jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, alertando del riesgo que existía en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, de que se produjese un exceso de velocidad por despiste. Su aviso por escrito llegó a por lo menos diez técnicos intermedios de Renfe, pero alguno ni lo leyó. Esa advertencia previa acaba de ser puesta de relieve nuevamente en la instrucción del caso por parte precisamente del máximo responsable de la seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, quien en su declaración como imputado en el juzgado ha atribuído a subordinados suyos la responsabilidad de no tramitar esa “anomalía” por las vías reglamentarias.

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Reproche solapado de Feijóo al alcalde que la noche de los incendios se recuperaba de donar un riñón a su hijo

En el fin de semana de la ola de incendios en Galicia fueron diversos los gobiernos locales que lamentaron la escasez de medios para hacer frente a las llamas. Uno de los alcaldes que lo hizo públicamente fue el de Nigrán (Pontevedra), Juan González (PSOE), cuyo ayuntamiento fue considerado la 'zona cero' de los incendios y donde perdieron la vida dos de las cuatro víctimas mortales del fuego. A este regidor se refirió Feijóo sin nombrarlo durante su comparecencia este martes en el Parlamento de Galicia sobre la ola de incendios para reprochar que se quejase del dispositivo a pesar de no estar físicamente el domingo 15 de octubre en Nigrán, pero obviando el motivo a pesar de conocerlo: que se recuperaba de donar un riñón a su hijo.

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