Cuando un pequeño grupo de europarlamentarios finalizó su visita al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE) y se reunió con los periodistas que esperábamos en la puerta, lo primero que nos mostró Ulrike Lunacek, una de ellos, fue una foto rápida tomada con el móvil. En la pantalla vimos una puerta cerrada y un cartel que dice "No hay salida". ¿Y dónde estaba esa puerta?, preguntamos. "En realidad, por todas partes".

Periodistas y miembros de las asociaciones CEAR, Acsur y SOS Racismo se quedaron a las puertas del Centro, pese a la solicitud en el Ministerio del Interior para acompañar a la comitiva política. Es por eso que la noticia ya no es lo que vimos, sino lo que no nos dejaron ver. Es una macrosede policial en la que trabajan varios centenares de funcionarios y que alberga una comisaría, la Brigada de Extranjería y el CIE que originariamente estaba en Moratalaz. Aquel lugar estaba ubicado en un sótano sin ventanas, en condiciones muy deficientes, donde se recluía por decisión judicial a los inmigrantes pendientes de expulsión por un máximo de 40 días. Incendios, denuncias, huelgas de hambre... el traslado de este centro justifica su siniestra fama granjeada en los años 90.

Volvamos a 2013. El CIE de Aluche está situado en el reformado edificio del viejo hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel, hoy derruida. Con el ánimo de evitar viejos recuerdos, la rehabilitación externa del lugar, que es la única que nos han dejado ver, es ridícula: colorines, rejas azules de diseño para cubrir por fuera los verdaderos barrotes que se ven por dentro, un capirote arquitectónico sobre el tejado, la fachada pintada de amarillo vivo. Con la reforma de la Ley de Extranjería, el plazo máximo de detención se amplió a 60 días. Oficialmente, un CIE no es una cárcel, los internos no están detenidos sino retenidos y el lugar en el que viven y duermen no se llama celda sino habitación. "Pero son condiciones de reclusión, eso es incuestionable", opina Raül Romeva i Rueda, miembro del Parlamento Europeo por Iniciativa per Catalunya Verds, a la puerta del centro.

El estudio con mayor número de encuestas a familias homoparentales realizado en España concluye que España es un país pionero en integración. El clima de este trabajo, realizado por la Universidad Autónoma de Madrid, es positivo, en líneas generales. A pesar de eso, arroja datos preocupantes.

El más alarmante indica que hasta un 40,9% de estas familias compuestas por una pareja de dos hombres o dos mujeres y al menos un hijo o hija menor de 18 años, han sido objeto de rechazo por algún miembro de su familia extendida: abuelos, tíos, cuñados, primos... Y un 32,4% se han sentido "mucho o bastante" discriminados.

Lo habitual es que los hijos no se sientan discriminados en los centros escolares pero el estudio apunta a que existen colegios que no reciben positivamente este modelo de familia y que, más allá de eso, es necesario adaptar los materiales escolares a la diversidad familiar. Los textos y las fotografías de los libros y cuadernos escolares así como los ejemplos lingüísticos refuerzan los ejemplos de familias heteroparentales como si fuera la única realidad. En cuanto a la relación de los hijos con otros de su edad, el estudio alerta de que un 20,1% habían sido insultados por el tipo de modelo de familia o incluso había sido negado, con expresiones como "es imposible" o "tu padre es maricón y tú también eres maricón". En las 71 familias entrevistadas se encontraron hasta 3 casos de agresiones por este motivo en la escuela.

Utiliza el alias de Pseudosafo y es una mujer de 20 años. Las palabras que vienen a continuación forman parte de su experiencia al hacer pública su orientación sexual en su etapa en el instituto: "Estuve cerca de cuatro años aguantando insultos de personas que ni conocía y que no me conocían, solo sabían que era lesbiana y se dedicaban a recordármelo todo el rato de forma muy despectiva. En ocasiones me amenazaban con pegarme, me empujaban y me ponían zancadillas". Ella estudió en el IES Ojos del Guadiana, en Daimiel, Ciudad Real. Y es en este mismo centro en el que dos alumnos actuales, Iván Prado y Rodrigo Rodríguez, han decidido hacer un estudio sobre la homofobia en las aulas.

Su investigación tiene forma de web y, lo que podría no haber sido más que un trabajo escolar motivado por la participación en un concurso, se está convirtiendo en un documento importante en cuanto a la visión desde dentro y no desde fuera y la viralidad de este tipo de aproximación en otros institutos. Para ponerlo en pie, estos alumnos de 3º de la ESO realizaron un cuestionario con preguntas a alumnos acerca de cómo fue la confesión de su sexualidad, si han sufrido acoso o insultos en el centro escolar, si alguien salió en su defensa o si se han confiado a los profesores. Y a estos últimos se les ha preguntado, al tratarse de homosexuales, si tienen libertad para admitir abiertamente su opción sexual, si se trata el tema de la homosexualidad en sus clases, si piensan que hay homofobia también hacia el profesorado y si algo ha cambiado desde que ellos fueron al instituto en su adolescencia.

El estudio no sólo contempla el acoso y la discriminación entre alumnos sino también entre profesores y entre profesores y alumnos en ambas direcciones. Además de las entrevistas –hechas tanto a homosexuales como a heterosexuales–, se han realizado encuestas y se han recogido experiencias mediante la web.

"El mundo ha cambiado y con él la forma de contarlo" es el título de una conferencia que un compañero periodista, Adriano Morán, impartió hace pocos días en Medialab-Prado sobre nuevas narrativas periodísticas. Lo curioso es que ese mismo titular nos valdría para el espacio que lo acogía, el Medialab, porque el mundo está cambiando y necesitamos nuevas maneras de explicárnoslo.

Medialab es un espacio que depende del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, gestionado, como otras actividades culturales municipales, por la empresa MACSA (Madrid Arte y Cultura S.A.). Es un laboratorio ciudadano de la cultura digital. Laboratorio porque es un lugar de investigación y producción. Ciudadano porque uno no va ahí a que unos profesores le enseñen, sino a enseñar y aprender entre todos. La esencia de los labs es la horizontalidad. Este flujo no se gestiona solo, sino que se canaliza con el trabajo de los mediadores.

Hace algo más de un año el equipo de Medialab ya sabía que tendría que trasladarse a un edificio más grande, justo encima de los bajos que han venido ocupando desde el año 2007, un lugar, la antigua Serrería Belga, que la alcaldesa de Madrid ha inaugurado este viernes. Un mayor espacio requería de un mayor equipo de mediadores, esas "personas que introducen a los visitantes en lo que está pasando", por lo que en aquel entonces realizaron un taller no sólo para formar nuevos mediadores sino para repensar su función. Para ese replanteamiento pidieron la colaboración de Amador Savater: "hay una forma de hacer las cosas, lo que podemos llamar el modelo televisión, que está en crisis. Aquel era un modelo unidireccional de emisor-receptor que ha funcionado tanto en el periodismo como en la política o en el saber. Y surge otro que es un modelo más en red, donde hay más nodos, donde más gente puede hablar, donde las conexiones son más horizontales. Y en ese modelo la red no está dada, hay que hacerla para que esos enlaces se comuniquen y se entiendan unos con otros. Para que se cree un mundo. La mediación lo que hace es que al pasar del modelo televisión al modelo en red, la red pueda funcionar bien", explicaba Savater en noviembre de 2011.

La capacidad movilizadora del Foro Español de la Familia es indudable. 25.000 personas -según datos de la organización, que es la cifra que se suele dar cuando se llena la Puerta del Sol con una densidad de dos personas por metro cuadrado- acudieron al acto Sí a la vida celebrado el pasado 6 de abril. Afirman que su volumen de voluntarios es de 20.000 en toda España, lo que les permite crear redes, recoger firmas y explicar, de persona a persona, sus argumentos. Con la activación de este mecanismo, el Foro introduce en el espacio público el debate de temas como el aborto y el matrimonio desde la defensa de ética conservadora.

Como ya explicó eldiario.es, este año será muy importante su campaña contra el divorcio. "Partimos del diagnóstico de que la regulación legislativa del matrimonio no nos satisface", explica el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco. "No nos satisface por la reforma del año 2005 del matrimonio homosexual y la del divorcio express, pues va contra el compromiso de estabilidad que nosotros creemos que adquirimos cuando nos casamos", amplía Blanco.

En concreto, la propuesta del Foro es "que se regule en paralelo otro tipo de matrimonio, entre hombres y mujeres, con vocación de estabilidad y abierto a la vida", por lo que proponen "dos opciones de matrimonio para que cada uno elija libremente". La nueva opción sería la del "matrimonio totalmente indisoluble" y la otra, "aunque sea disoluble, que tenga más exigencias para hacerlo que la del divorcio express".

A finales de este mes de marzo fue desenterrado un lapicero. No era muy largo, por lo que a simple vista podía deducirse que su dueño había escrito mucho con él. Él, el dueño, murió fusilado en Urbasa (Navarra) en 1936. Se llamaba Balbino García y era el abuelo de la escritora Julia Otxoa quien, al pie de la excavación, recibió de mano del forense Francisco Etxebarria este lapicero. Con la extrañeza de esos mensajes privados que navegan del pasado hacia el presente, sin saber lo que ocurriría trece años después, Otxoa tituló su libro de poemas del año 2000 Al calor de un lápiz.

El equipo de Etxebarria, de la Sociedad Aranzadi, abrió un boquete en la entrada sellada con cemento a la Sima de El Raso. Esperaban encontrar tres cuerpos cuya identidad conocían de antemano pero al hacer una primera inspección de la fosa comprobaron la existencia de seis esqueletos. Al bajar para realizar la exhumación, unos días después, el número se elevó hasta diez. Siete desconocidos más asesinados y arrojados a una profunda sima en un terreno montañoso. Uno de ellos es una mujer, quizá una maestra de escuela desaparecida en aquel mismo tiempo. Junto a los cuerpos, una granada de mano de tipo piña, sin detonar.

Este ha sido el primer desenterramiento de las evidencias de la represión franquista realizado en el año 2013, y uno de las pocos que se harán, debido a la desaparición del cien por cien del presupuesto público para la memoria histórica. Y el desconocimiento de lo que la tierra entierra y la sorpresa de pasar de tres nombres a diez, con siete signos de interrogación en los cuerpos, simboliza en qué punto de ignorancia sobre sí misma vive aún la Historia de la Guerra Civil y el Franquismo respecto al bando derrotado.

Las diferentes administraciones adeudan a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 1,5 millones de euros. Si antes de julio no consigue cobrar, al menos una parte, esta ONG cerrará. No es un farol ni una amenaza, es una certeza. Si esto ocurre, el año que viene 700 refugiados y solicitantes de asilo no podrán hacer uso de las 300 plazas de acogida de las que dispone esta organización. 7.000 personas necesitadas de protección oficial tendrán que buscar asesoramiento jurídico por otro lado y 5.500 no recibirán orientación laboral para acceder al mercado de trabajo. CEAR llega a atender al año a 35.000 personas.

"Nuestra situación pone en evidencia que este sistema no funciona", explica la directora general de CEAR, Estrella Galán: "Somos las ONG las que estamos financiando las actividades sociales de las administraciones municipales y autonómicas. Si no tienen dinero que lo digan, pero que no contraigan deuda con nosotros".

El principal deudor de CEAR es el Ayuntamiento de Madrid, que les debe 309.902 euros en subvenciones de 2012, principalmente del proyecto de acogida a personas subsaharianas. A esta cantidad hay que añadir los intereses de demora y los gastos por impago de la prestación de servicios de Dinamizadores de Espacios Públicos, lo que eleva la cifra a 563.763 euros. "Nosotros somos expertos en derechos humanos y no tenemos un departamento financiero que se dedique a esto", explica Galán, "por lo que supone un desgaste que los propios profesionales nos tengamos que dedicar a cobrar lo que nos pertenece, además de ingrato es injusto y es frustrante".

El Ministerio de Ana Mato lidera y trabaja en un Plan Integral de Apoyo a la Familia, una estrategia interministerial que será presentada este año. La encargada de sacarlo adelante es Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia e Infancia, dentro del organigrama ministerial. Aún no hay un borrador pero los trabajos están muy avanzados, por lo que se sabrá más de él a finales de abril.

Desde que comenzó a trabajar la Comisión Interministerial, creada a finales de diciembre, sí se ha dejado saber que uno de los objetivos de este plan es "avanzar en la protección social, jurídica y económica de las familias" y que la conciliación y la racionalización de horarios laborales y domésticos serán uno de sus ejes, según se comprometió la ministra con Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión para la Racionalización de Horarios Españoles. Esta asociación, de la que forma parte Salomé Adroher, lleva diez años aportando argumentos para equiparar los horarios españoles a los europeos.

Adroher es profesora de Derecho Privado Internacional en la Universidad Pontificia Comillas y experta en migraciones, mediación familiar y protección internacional del menor. Está casada y tiene cuatro hijos. En octubre, Salomé Adroher inauguró el congreso "El matrimonio sí importa, el divorcio no es la solución", organizado por el Foro de la Familia. En las conclusiones de este foro se acordó "defender la bondad social y personal" del matrimonio "estable y serio" con un plan de trabajo para los próximos años que incluye la promoción de "un cambio en las leyes vigentes en materia de disolución del matrimonio y divorcio" para que el ordenamiento jurídico ampare con una ley a los matrimonios que deseen que su unión "no sea disoluble a petición", es decir, un compromiso matrimonial para toda la vida.

Las cumbres de la Sierra de Guadarrama se convierten en Parque Nacional casi cien años después de las primeras reivindicaciones con un proyecto que cuenta con muchas oposiciones, entre ellas las de los ecologistas y partidos de izquierda.

Sobre el mapa, el área protegida por el Estado con la distinción de Parque Nacional adquiere una extraña forma de ancla. Un, a primera vista, caprichoso perímetro que cubre 33.960 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León.

La línea roja delimita las casi 34.000 hectáreas que comprende el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Un conflicto de impagos abierto durante más de un año. Una huelga indefinida que se ha alargado durante seis meses. Son las 41 personas –tres hombres y el resto mujeres– que limpiaban la Base Aérea y la Maestranza de Albacete y que se han reincorporado, exceptuando a dos de ellas, a sus trabajos el 13 de marzo.

La historia la contaba eldiario.es en diciembre de la mano de una de esas trabajadoras, Antonia Ruiz: "Ha sido como cerrar los ojos y al abrirlos encontrarte en otra posguerra, como 20 años atrás", resumía Toñi sobre la grave situación de precariedad provocada por los impagos de la empresa Ecomed.

Precisamente Antonia Ruiz ha sido una de las dos mujeres que no han vuelto a su trabajo. "No pudieron soportar más la situación", explican desde Comisiones Obreras de Albacete, por lo que se despidieron a finales de febrero para, al menos, poder cobrar el paro y buscar otro empleo. Antonia tiene 60 años y los últimos 20 había trabajado en la limpieza de las instalaciones del Ministerio de Defensa.