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La PAH cierra la recogida de firmas para la ILP hipotecaria en Cataluña con 200.000 apoyos

La ILP defiende la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios, tres medidas de mínimos que la PAH considera urgentes

Los miembros de la plataforma han acompañado a los Iaioflautas a un encuentro con el Defensor del Pueblo en el que han denunciado la criminalización de la protesta

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Desahucios (Carmen Secanella)

La PAH ha conseguido recoger 200 mil firmas para la ILP hipotecaria (Carmen Secanella)

Cataluña es la comunidad autónoma donde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha recogido más firmas en apoyo a la ILP por la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios. Esta mañana, miembros de la plataforma, junto con los Iaioflautas, se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para anunciar la cifra: 200.000 firmas, a las que se deberán sumar las recogidas por las otras PAH del Estado -que se anunciarán el próximo jueves- y los otros colectivos que promueven la ILP: los sindicatos CCOO y UGT, la Mesa del Tercer Sector y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña.

Ada Colau ha remarcado que, como se decidió en el encuentro estatal de la PAH, con la entrega de las firmas empieza una campaña de movilizaciones, que tendrá como punto de partida una manifestación en todo el Estado el próximo día 16 de febrero. El motivo es exigir que el gobierno apruebe las medidas que recoge la ILP y que la Plataforma considera "de mínimos". La legislación da seis meses al Congreso para tramitar la iniciativa, pero por Colau eso sería "inaceptable". "La mesa del Congreso ya nos retrasó un año el inicio de la recogida y no podemos esperar más, porque hay vidas en juego", afirmó la portavoz.

Para la PAH, la ILP ha sido útil para mostrar el apoyo de la sociedad a las medidas que exigen. La Mesa del Congreso ya ha validado 600 mil firmas y esperan llegar a un millón, el doble de las necesarias. Ahora ponen la responsabilidad en manos del gobierno y exigen medidas inmediatas, "por la vía del Real Decreto, si hace falta", dijo Colau. Antes de su comparecencia, representantes de la PAH se han reunido con la Delegada del Gobierno en Cataluña, María Llanos de Luna, quien les ha expresado su preocupación por el drama de los desahucios, aunque la portavoz ha asegurado que "con la preocupación no nos basta ".

La cara visible de la PAH ha asegurado que el movimiento ha estado dando respuesta a la problemática desde la desobediencia civil y el apoyo mutuo, pero ha añadido que "esto no es suficiente". "Si el Estado no da respuestas, lo haremos nosotros", ha sentenciado Colau. En este sentido, Pau Llonch, de la PAH de Sabadell, ha hablado de la Obra Social de la PAH, que ya ha ocupado seis edificios vacíos en el Vallès para acoger familias desahuciadas: dos en Sabadell, dos en Terrassa, uno en rubí y otro en Cerdanyola. Llonch explicó que en el encuentro estatal de la PAH se puso de manifiesto la voluntad de ampliar esta iniciativa.

Con los Iaioflautas contra la criminalización de las movilizaciones

Tras presentar las firmas, miembros de la PAH han acompañado a los Iaioflautas hasta el Paseo Lluís Companys, donde se habían citado con el Síndic de Greuges. En la línea del manifiesto que presentaron la semana pasada, han presentado una queja al Síndic sobre la criminalización de los movimientos sociales. "Ante el desesperament de las personas, la única solución que están dando es acallar las protestas", aseguró el Iaioflauta Paco González. En este sentido han presentado al Síndic varias imágenes de violencia policial y han pedido que se investiguen cuatro casos concretos: El desalojo de la acampada de Plaza Catalunya, el golpe de porra que recibió un chico de trece años en Tarragona durante la última huelga general, la utilización de balas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra y el hecho de que éstos no lleven visible la identificación preceptiva. El Síndic les ha dicho que ya tenía investigaciones abiertas sobre algunos casos y que los mantendrá informados. González lamenta, sin embargo, que "esta institución no tenga los poderes que debería tener y lo que diga no es de obligado cumplimiento".


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