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El 'boom' del precio del alquiler en Barcelona expulsa a los proyectos de apoyo a las personas sin hogar

Las entidades que cuentan con viviendas de inclusión social se ven forzadas a terminar con los contratos de alquiler por la subida de los precios

Los trabajadores sociales explican que los programas de atención en pisos "se eternizan" porque no encuentran viviendas que permitan una salida a sus usuarios

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Un piso de inclusión para personas sin hogar en Barcelona

Un piso de inclusión para personas sin hogar en Barcelona

"Si de hoy para mañana te suben el alquiler 200 o 300 euros, ¿qué haces? No se puede sostener". La frase la podrían pronunciar muchos inquilinos que viven hoy en Barcelona, pero quien lo hace es Eduard Rafel, responsable de un programa de apoyo a personas sin hogar que pone a su disposición plazas de inclusión social a personas vulnerables en pisos de la ciudad. Se trata del programa Llars (Hogares), de Sant Joan de Déu Serveis Socials, que ofrece ahora 15 pisos con un total de 44 plazas. 

El 'boom' del precio del alquiler afecta también –aunque pase más desapercibido– a programas como este, que tiene alquilados pisos de entre 400 y 500 euros. Además, la subida de los precios dificulta que las entidades que trabajan con personas sin hogar puedan mantener su actividad en la capital catalana, obligándoles a pensar en otras ubicaciones más económicas como L'Hospitalet de Llobregat.

Atención individualizada

La red de atención a las personas sin hogar de Barcelona priorizó hace tiempo el trabajo con las personas sin hogar en pisos de inclusión, además de en albergues, donde tratan de fomentar la autonomía de las personas que acogen. 

"La acogida tiene que ser lo más cómoda posible pero el precio de los alquileres  pone en riesgo el mantenimiento de estas viviendas", expresa Eduard Rafel. Según explica el responsable del programa Llars hace medio año que necesitan ampliar la red de pisos pero empiezan a pensar que se trata de misión imposible. "La situación actual nos obliga a pensar en otros pisos, pero no en Barcelona", matiza. 

En esta misma situación se encuentra Jesús Ruiz, director del centro Assís, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. El centro, con 10 profesionales y 260 voluntarios, se ha especializado en la inclusión de personas sin hogar y cuenta hoy con 11 pisos con un total de 25 plazas. Ruiz detalla que plantean desde hace tiempo ampliar las plazas con cinco pisos más pero asegura, igual que Rafel que es "imposible" encontrar pisos por debajo de los 700 euros. Su búsqueda ahora se concentra en ciudades como Badalona, Cornellà o Hospitalet, lejos de la selva de la vivienda barcelonesa. 

Una vida sin techo que se eterniza

Las asociaciones explican que el acceso a una vivienda de alquiler también supone una barrera para las personas que deciden dar el paso y "volar" para encontrar su piso. "Si no tienes un contrato indefinido o un aval no te alquilan el piso", cuenta el responsable del programa Llars. "La salida de estas personas de los albergues o los pisos nos trae más trabajo que antes", asegura. "No se trata de un problema de adicciones, toxicomanias o salud mental, ahora es el precio de la vivienda el mayor problema que necesitamos solventar", explica el responsable del programa Llars. 

La permanencia de las personas sin hogar que pasan por estos programa suele ser de un año y medio aproximadamente, pero ahora se alarga hasta los dos o dos y medio. Lo cuenta Fina Contreras, responsable del programa para las personas sin hogar de Cáritas. "No pueden salir porque el precio del mercado ha subido muchísimo y se cronifica", cuenta, mientras alerta de un aumento de los realquileres. La entidad cuenta con 24 pisos compartidos en la ciudad y 317 viviendas de alquiler social. Estas viviendas están cedidas, y disponen de ellas gracias a un convenio o son propiedad de Cáritas.

Desde las distintas entidades explican que en algunos casos las personas en situación de vulnerabilidad que llegan a los pisos de inclusión siguen allí por el simple hecho que no pueden encontrar uno de propio y no porque necesiten atención social. Un ejemplo ilustrativo que citan es el caso de una persona que se encuentra trabajando con un contrato temporal por 1.000 euros al mes y que pese a disponer de un informe favorable de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para recuperar la custodia de su hijo no puede acceder a una vivienda porque no cuenta con un contrato fijo o un cuantioso aval.

"El hogar es un punto de partida para emprender un proceso de cambio para los que han vivido en la calle", apunta Rafel. Teme que algunos se vean forzados a volver a ser 'sin techo' pero se muestra decidido a seguir para que no sea así, aunque sea en medio la selva.

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