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El Govern llevará al Constitucional la ley Wert si no hay modificaciones

El conseller de Interior amenaza con recurrir al TC si la ley no cambia en su paso por el Congreso

El presidente Artur Mas anuncia que convocará a partidos y comunidad educativa para hacer frente a la "OPA hostil" contra la lengua

La consellera de Enseñanza, la mayoría de formaciones y el propio sector consideran que el anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa es "inaplicable"

La reforma educativa prevé que la Generalitat pague un colegio privado a las familias que quieren escolarizar a sus hijos en castellano

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Los miles de concentrados consideran que el catalán en las escuelas es una línea roja que el Gobierno no puede tocar. / Carmen Secanella

La sociedad catalana rechazó ampliamente el contenido de la LOMCE en cuanto se dio a conocer en diciembre. /CARMEN SECANELLA

El Gobierno catalán amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional la reforma educativa de Wert. Lo ha anunciado este sábado el conseller de Interior, Ramon Espadaler, que ha declarado que "en tanto que preconstitucional", la ley es "anticonstitucional", así que si no se modifica en su paso por el Congreso, la Generalitat la llevará al TC. Lo dejó entrever la consellera de Enseñanza Irene Rigau, cuando dijo ayer que la reforma educativa era "inaplicable", y lo ha confirmado hoy Espadaler. Paralelamente, el president Artur Mas ha anunciado que convocará en breve a las formaciones políticas y a la comunidad educativa para consensuar una estrategia para frenar la ley. 

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el conseller ha opinado que desde determinadas fuerzas políticas del Estado "no se ha entendido ni se quiere entender que el Estado español está compuesto por diferentes realidades nacionales y que algunas de ellas, como es nuestro caso, también están dotadas de una lengua propia". Entiende el conseller que la aplicación de la ley impulsada por el ministro José Ignacio Wert provocaría "dos países diferentes". "La ley es un verdadero atentado a la convivencia de Cataluña desde esta perspectiva", ha sentenciado. Ha subrayado que lo que hay que poner en valor es la ley consensuada que se aplica en Cataluña.

La polémica ley Wert prevé que el ministerio se haga cargo de las cuotas de colegios privados de los alumnos cuyas familias quieran que estudien en castellano, y que luego pase la factura a la Generalitat. Una medida, según el ministro, "excepcional y transitoria", a la espera de que se introduzca el castellano como lengua vehicular en las escuelas públicas catalanas.

Nueva reunión con la comunidad para hacer frente a la "OPA hostil" contra la lengua

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha adelantado este sábado que la próxima semana convocará a partidos políticos y comunidad educativa para consensuar la defensa del modelo de escuela catalana. "Este país debe estar unido para hacer una defensa cerrada de nuestro modelo educativo y lingüístico", ha subrayado Mas desde Torrelavit (Tarragona), donde ha inaugurado la nueva calle Mayor de la localidad.

El president ha afirmado que la ley Wert es una "OPA hostil" al catalán y al sistema educativo de Cataluña y que las instituciones "la combatirán hasta las últimas consecuencias". Esta será la segunda reunión de la comunidad educativa con los partidos. Ya se celebró una cumbre en diciembre cuando se conoció el contenido de la Lomce y el desafío que planteaba a la inmersión lingüística.

Las formaciones políticas, sindicatos y algunas asociaciones vinculadas a la enseñanza ya escenificaron ayer su rechazo contra lo que supone la ley. Una de las respuestas más contundentes fue precisamente la de la consellera de Enseñanza, Irene Rrigau, quien sentenció: "En Cataluña no se puede aplicar la ley". No solo porque ataca un modelo de inmersión que se considera exitoso, sino porque segrega por razón de lengua. Esto último, para la consellera -y para el resto de formaciones- es un "ataque a la cohesión social". Aunque en este sentido, el ministro matizó que su medida es "extraordinaria y transitoria", a la espera de que la Generalitat introduzca el castellano como lengua vehicular, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional.

En esta cuestión, el Govern sabe que cuenta con el apoyo de buena parte del arco parlamentario, además de la comunidad educativa, que ya llenó las plazas en diciembre cuando se hizo público por primera vez el contenido del anteproyecto de ley. El PSC, por boca del portavoz Jaume Collboni, tachó la LOMCE de "golpe de estado". "Rompe el consenso y el principio de igualdad", declaró el portavoz, quien ha aseguró no entender como en época de recortes el ministro destina millones para pagar a colegios privados. En total, unos 5 millones se destinarán a este propósito, pues Wert espera que cerca de 1.000 alumnos se apunten.

Los llamamientos a desobedecer la ley de educación por parte de los partidos fueron varios, aunque el más claro quizás el de ICV-EUiA, que ha emplazado al Gobierno catalán a no aplicarla por ser "un disparate, una aberración y un acto de propaganda que intenta disimular una pésima política". ERC asegurçó que trabajaran "con todos los medios" para que no se lleve a cabo, y CDC ha avisado que no dará "ni un paso atrás" en lo que consideran una "clara agresión" contra el modelo de escuela catalana.

Para la comunidad educativa, más que la lengua

En esta ocasión no fueron los actores de la educación los que se pronunciaron, puede que porque es más que conocida ya su postura, pero los que lo hicieron denunciado especialmente el retroceso que supondrá la aplicación de la LOMCE, en principio prevista para el curso 2014 y 2015.

La federación de padres y madres de alumnos de Catalunya (FAPAC) salió al paso de la aprobación de la ley para denunciar, además del ataque a la lengua, el proceso "antidemocrático" mediante el cual se va a tirar adelante -con los votos del PP y el rechazo de la comundad educativa española.

UGT también lamentó el ataque a la lengua, pero consideró necesario recordar que la ley no solo segregará a los alumnos por razón de lengua, sino que mantendrá la segregación por sexo y favorecerá la separación por motivos socioeconómicos.

En general, los principales sindicatos, asociaciones de familias y movimientos de renovación pedagócica están en contra de todo lo que representa la LOMCE, de la presencia más determinante de la asignatura de religión, de las reválidas y de la permanencia de la segregación por sexo.

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