De entre todos los estudiantes que no asistían a clase en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) el curso 2010, dos de ellos estaban curiosamente atentos a los contenidos del Campus Virtual. Eran dos investigadores que CEDRO, entidad de gestión de derechos reprográficos, había matriculado en algunas asignaturas tanto de la UAB como de la Universitat de Barcelona para investigar si estaban reproduciendo contenidos con derechos de autor sin autorización. Al comprobar que sí se cumplían estos supuestos, la entidad denunció a ambas universidades catalanas, como hiciera antes con la UC3M en Madrid.
El caso que ha llegado a juicio más rápidamente ha sido el de la UAB, que ha sido condenada a pagar las licencias de reproducción digital que CEDRO valora en cinco euros por estudiante y curso desde 2010, con un recargo del 50%. Desde la universidad ya han anunciado que recurrirán la sentencia, que consideran “desproporcionada”. “Las 20 comunicaciones irregulares que ha acreditado CEDRO se produjeron, y quizás más, pero esto no es extrapolable, porque la UAB gestiona 2.000 asignaturas, 5.000 espacios virtuales y 7 millones de accesos anuales”, explica Pedro de Alcántara-García, de los servicios jurídicos de la universidad.
“Respetamos y hacemos respetar la legalidad”, asegura el representante de la UAB, que lamenta que CEDRO no denunciara ninguna de estas irregularidades en el centro antes de llevarlos a juicio. La universidad también había pedido al mismo organismo que diera a conocer el repertorio de obras que representa, pero nunca lo hizo. Para hacer una estimación, una portavoz de la entidad de gestión asegura que representan “prácticamente al 100% de la producción editorial española privada, así como la de más de 30 países”, donde tienen acuerdos con organizaciones similares. No obstante, aseguran que no pueden dar a conocer el repertorio completo por una cuestión de protección de datos, pero en el espacio web conlicencia.com se puede consultar si una obra está gestionada por CEDRO o no.
Ignasi Labastida, responsable de la Oficina de Difusión del Conocimiento de la UB, no confía en el sistema que propone CEDRO por experiencia propia. “Yo publiqué un libro hace unos años con una licencia abierta que permite que un profesor lo pueda colgar íntegramente en pdf, si quiere, pero aún así aparece en su repositorio”. Además, Labastida también pone en duda la representatividad de la entidad, dado que “hay cientos de miles de profesores universitarios generando contenidos y ellos sólo tienen 18.000 socios”, asegura.
Sin embargo, CEDRO trabaja para convencer a las universidades de que abonen una licencia de cinco euros por alumno y curso para la reproducción digital, una suscripción cinco veces más cara de la que cobran por la reproducción en papel. “La mayor parte de los centros de reprografía de las universidades cuentan con la licencia de CEDRO, pero la actividad reprográfica ha ido trasladando a los Campus Virtuales”, constata la responsable de comunicación de la entidad. No obstante, admite que “muy pocas universidades están obteniendo esta licencia”. En Cataluña, sólo lo ha hecho la UOC a nivel de toda la universidad, mientras que otros centros lo han hecho de forma parcial, por asignaturas o actividades concretas.
Legislación polémica
Simona Levi, gestora cultural y activista por la cultura libre en la plataforma X.net, lamenta que la ley permita situaciones como esta. “Desafortunadamente, tenemos una ley en la que el límite de las entidades de gestión está definido por ellas mismas, y ya sabemos que no tienen límites”, asegura. Levi critica que en España “no haya excepciones a la ley de propiedad intelectual, ni siquiera para instituciones como las universidades”.
El modelo anglosajón, explica Levi, contempla el fair use, que da derechos de reproducción a la pedagogía y la enseñanza. El representante legal de la UAB hace alusión al derecho a cita y el derecho a ilustración de la enseñanza, pero la condena a su campus muestra que estos casos son insuficientes para las necesidades del centro. Para Ignasi Labastida, “si tenemos que discutir qué es o dejar de ser un 'pequeño fragmento', podemos aparcar el debate y cerrar las universidades y las bibliotecas, porque se está impidiendo el derecho a la educación”.
“Deberíamos juntarnos todos y aplastar a CEDRO porque está impidiendo ese derecho”, reivindica Levi. Esta gestora cultural explica que las universidades buscan llegar a acuerdos con CEDRO para pagar menos de lo que pide la entidad, pero “cuando se pacta con leyes injustas la gente se divide buscando el propio beneficio”, dice, pero insiste en que esta situación “abusiva” “sólo se podrá superar” si las universidades se unen entre sí y con la sociedad civil“. ”Deberíamos luchar juntos por la cultura libre, pedir excepciones a la ley de propiedad intelectual y, sobre todo, fomentar el uso y la publicación con licencias libres“, concluye.
Gastos en licencias
Precisamente las licencias libres son una especialidad de Ignasi Labastida, que además de trabajar con la difusión del conocimiento en la UB, es el impulsor de Creative Commons en España. Sobre el fomento del uso de licencias abiertas, asegura que “desde la universidad se está haciendo, pero todavía se está haciendo poco”. Considera que “a las universidades les cuesta cambiar, les cuesta entender el problema de los derechos de autor”. La situación actual que describe es sorprendente: “Las universidades gastamos millones de euros en licencias en revistas para leer artículos que en muchos casos son nuestras”, dice.
La UB se gastó el último curso más de 5 millones de euros en revistas y bases de datos digitales, asegura Labastida. La UAB dedicó 3 millones. Ambas forman parte, además, del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, que el año pasado destinó 2,4 millones de euros al mismo concepto. “Además, es un gasto que se incrementa cada año y, aunque con los recortes se ha planteado reducirlo, los investigadores quieren seguir teniendo acceso a todas las publicaciones”, explica el responsable de la Oficina de Difusión del Conocimiento.
“Hemos perdido un poco el norte”, lamenta Labastida; “Ahora la preocupación de los investigadores es publicar, y no comunicar los resultados de su investigación. Se ha pervertido el sistema debido a la gran competencia de la carrera científica”. En cambio, asegura que “como investigador favorece que tu trabajo sea más visible y pueda ser más citada”.
La ley de la ciencia estipula en su artículo 37 que “el personal investigador cuya actividad esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptado para la publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas”. Pero Labastida considera que esto no se cumple. Por un lado, porque la ley no establece medidas para hacerlo cumplir y, por otra, por desconocimiento de los mismos investigadores.
El responsable de Creative Commons explica que la mayoría de publicaciones académicas permiten al autor publicar una versión digital en abierto de su trabajo, normalmente con alguna restricción, como podría ser no poder hacerlo hasta un año después de la publicación original. Sin embargo, “hoy se considera un éxito que el repositorio de una institución tenga el 20% de su producción, pero deberíamos ser más ambiciosos que eso”, dice Labastida.
En algunos países como el Reino Unido la legislación va más allá: “Si investigas con fondos públicos debes publicar con licencia abierta, pero publicar tiene un coste y hay que pensar cómo hacerlo sostenible”, explica Labastida. Su propuesta es clara: “Gastamos millones de euros en licencias para leer artículos, pero lo que tenemos que hacer es ponerlos al principio de la cadena”. “Los podemos destinar a pagar directamente a las editoriales que publiquen, pero en abierto”, dice. También plantea alternativas como poner los materiales a disposición en ediciones digitales y cobrar exclusivamente a quien quiera disponer en papel, como ya se hace en otras universidades europeas.
El ranking de software libre en las universidades
Además de como se publica en las universidades, hay que tener en cuenta qué tipo de recursos utilizan y difunden. La web de descargas PortalProgramas.com publica este miércoles la segunda edición del Ranking de Universidades en Software Libre, en el que se valora el uso y la difusión del software libre en las universidades. “Creemos que la universidad debe defender especialmente el software libre porque implica libertad para crear y distribuir el conocimiento, premisa que deberían compartir también las universidades”, asegura Carlos Cruz, miembro del Observatorio Tecnológico de PortalProgramas.com.
En el ranking de este año, Cataluña, con el conjunto de sus universidades, tanto públicas como privadas, queda muy abajo, en el puesto 11 de 17, dos posiciones inferior por debajo de la que ocupó el año pasado. En cuanto al ranking por universidades, la primera universidad catalana, la UPC, no aparece hasta el puesto 15. Entre el 20 y el 30 se encuentran la UB y la UAB y todas las demás se encuentran por debajo. El ejemplo a seguir es de la Universidad de Granada, que dado su gran compromiso con la difusión del software libre, queda a una distancia considerable de la segunda clasificada. La puntuación de la sexta universidad del ranking ya es inferior a la mitad de la de la UGR. “Comparado con las universidades que más hacen, que no son muchas, la mayor parte de universidades avanzan a paso lento”, asegura Cruz.
“El uso de licencias libres ha aumentado muy considerablemente, en parte por la evolución también favorable que acompaña al software libre fuera de la universidad”, considera este miembro del Observatorio Tecnológico. Sin embargo, Segundo Píriz, director sectorial de la CRUE dedicada a las TIC y miembro del equipo, remarca el prólogo del ranking que “la realidad cotidiana constata la falta de formación e información de los usuarios sobre el software libre, la agresividad de las técnicas de difusión y venta de los creadores de software propietario y la carencia de una implicación directa de los gobiernos académicos, que no suelen apostar por políticas que propicien la instauración del software libre ”.
“Parece ser que no hay, en general, mucha voluntad de sustituir el software propietario por libre, como mucho, y en los mejores casos, se utilizan indistintamente uno u otro según la situación”, concluye Cruz. Esto significa que, aunque crece el uso del software libre, las universidades siguen invirtiendo en sus alternativas cerradas y de pago. Ignasi Labastida asegura que “en las universidades les cuesta cambiar”, pero también añade que con la situación actual, entre denuncias y recortes, “parece que hayan visto las orejas al lobo”, y que este sea un buen momento para dejar atrás el modelo actual y apostar por las licencias abiertas y el software libre.
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