Les grandes compañías españolas de producción y distribución de electricidad argumentan que la regulación por parte del Estado las obliga a vender energía a los consumidores por debajo del precio que a ellas les cuesta. En consecuencia, han obtenido de los sucesivos gobiernos un acuerdo de compensación o déficit de tarifa con cargo a los presupuestos públicos, que hoy se sitúa en la desorbitada cifra de 30.000 millones de euros, de los que 3.600 debían ser abonados el presente año. Paradójicamente y por poner un ejemplo, Iberdrola declaró oficialmente 1.728 millones de euros de beneficios durante el primer semestre del año en curso, pese a su supuesta venta a pérdida (las dos principales compañías, Iberdrola y Endesa, concentran el 80 % del mercado). Al mismo tiempo, más de 1,4 millones de viviendas de toda España sufrieron el pasado año el corte del suministro eléctrico por falta de pago, más del doble que antes de la crisis (en 2006 fueron 600.000).
La tarifa eléctrica ha subido un 63 % en los últimos diez años en España y se sitúa entre las más caras de la Unión Europea, mientras que la renta media de los hogares ha bajado un 8,5 %, según el Instituto Nacional de Estadística. El coste de los servicios básicos de los hogares ha aumentado hasta un 50 % desde el inicio de la crisis. Los pasados meses de agosto y octubre el gobierno aprobó nuevas subidas del recibo de la luz, con mayor incidencia en la parte fija que el usuario debe pagar por estar conectado, con independencia de su consumo, lo cual puede suponer que su ahorro en calefacción no disminuya la factura, aunque pueda difícilmente entenderlo a la vista del recibo que le presentan.
En enero próximo se espera otra subida más acentuada aun. En cuanto al precio del suministro de agua, está previsto que el año próximo suba un 8,5 % en la mayoría de municipios del área metropolitana barcelonesa. El grupo Aguas de Barcelona (Agbar), líder de la distribución de agua en toda España, declaró un beneficio neto de 177 millones de euros en su último ejercicio.
La llamada “pobreza energética” o incapacidad económica de pagar la factura de la luz alcanza ya al 10 % de los hogares de toda España (4 millones de personas). La Junta da Andalucía ha sido la primera en destinar una partida presupuestaria de 20 millones de euros al “suministro vital” de aquellas familias que solo perciben un subsidio social, como ocurre en Inglaterra y Alemania con los parados de larga duración. El Parlament de Catalunya aprobó en noviembre una moción para asegurar que las compañías no corten el suministro a familias con problemas económicos sin un informe previo de los servicios sociales de la administración pública. El Institut de Estadística de Catalunya estima que medio millón de habitantes no puede asumir el gasto de calefacción.
En estas condiciones, seguir cargando al consumidor poco a poco y sin pausa las consecuencias del llamado déficit de tarifa de las compañías eléctricas, por un importe extravagante de 30.000 millones de euros, equivale a otro rescate privado con dinero público, como el que benefició a los bancos de la noche a la mañana.
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