El Proyecto Visc+, es la versión catalana del “big data care” -como el entorno globalizado le llama. Se refiere al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos de salud, tan desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales. Ya, algunos, lo definen como “el Nuevo Oro” o “el Petróleo del Siglo XXI”. Y se trata de una auténtica ventaja competitiva para las empresas que analicen, relacionen y consigan extraer conclusiones a partir de enormes cantidades de información.
El sistema sanitario, sólo en el principado de Catalunya, genera y almacena 46 millones de visitas anuales a centros de atención primaria, 760.000 informes hospitalarios, 1,3 millones de visitas anuales a hospitales, 60 millones de documentos e informes de salud, 100.000 informes anuales de alta sociosanitaria, 2,7 millones de visitas de urgencias, 140 millones de recetas anuales y 400 terabytes de imágenes médicas digitalizadas. Un auténtico yacimiento y un auténtico nicho de negocio para todo tipo de empresas. He aquí el nudo gordiano del proyecto de venta de datos sanitarios Visc+, que es que si todos estos datos imprescindibles para planificar, hacer promoción y prevención de la salud, hacer investigación e innovación pertenecen al sector público, que es quien los trata, recoge y almacena o si por el contrario se permite ceder estas tareas de planificación, promoción y prevención de la salud a la demanda del mercado.
Nos explicamos, un buen tratamiento público de estos datos es el futuro para mejorar la planificación de la salud, permitiría disponer de información imprescindible para planificar políticas de promoción de la salud, de prevención en salud, aspectos que los gobiernos a menudo -de manera deliberada- olvidan porque no son tan rentables como tratar la enfermedad, por ejemplo, con este conjunto de datos se podría llegar a perimetrar determinados focos de virus, o determinadas enfermedades.
Y es que, el hecho de que se puedan vender nuestros datos sanitarias o no, que entendemos que debería generar un fuerte debate en la sociedad, casi está pasando desapercibido en los medios de comunicación de masas. Lamentablemente el desconocimiento mayoritario sobre el proyecto no impide su tramitación y éste se está trabajando y evoluciona. Así, hace dos semanas el Departamento de Salud hacía un encargo de gestión a la AQUAS, Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (RESOLUCIÓN SLT/ 570/2015) a quien facilita el acceso a todos los datos personales y de salud contenidos en los ficheros administrativos y estadísticos del ámbito de este departamento. Pero la información que llega es confusa y hay una distancia más que razonable entre las declaraciones a la prensa y la información publicada en la página web de la AQUAS.
Cuando se debate sobre el Proyecto Visc+, suelen quedar en un segundo plano qué derechos colectivos se vulneran con que se venda o se ceda gratuitamente información sanitaria para generar beneficios, ya que sólo se esgrimen derechos individuales a la privacidad de los datos personales de la información. Para nosotros, vender nuestra información sanitaria o cederla para hacer beneficios, vulnera las dos esferas, vulnera derechos colectivos y derechos individuales. En el artículo, sin desmerecer los derechos individuales, queremos centrarnos en el impacto a los derechos colectivos.
Los derechos colectivos que el proyecto vulnera derivan del derecho a la salud y del derecho al acceso universal y equitativo a la sanidad pública. Así, vender información sanitaria -información, que nuestros profesionales sanitarios se encargan de recoger– descapitaliza a marchas aceleradas la sanidad pública en favor de la sanidad privada. En un contexto de precarización del sistema sanitario público y simultáneo de inyección de recursos económicos en el sistema sanitario privado (directos e indirectos), la venta de la información sanitaria, nos hace perder un activo que ahora tenemos. Nos despoja de este activo para cederlo a una lógica de búsqueda del beneficio privado. En esta misma lógica perversa -mercantil-, el sistema de salud público pierde competitividad respecto al sistema sanitario privado. Proyecto en mano, los centros sanitarios privados con ánimo de lucro, que son competidores directos de los centros de salud públicos podrán acceder también a esta información. Y es que, el sistema público además de invertir tiempo en la recopilación de datos, financiaría el tratamiento de la información y las operaciones para colocar esta información en el mercado, a la espera de que otros saquen beneficios privados de ella. En definitiva perderemos y perderemos.
Este proyecto además cede, a demanda, las herramientas de las que disponen los poderes públicos para hacer una buena promoción y planificación de la salud. Con el Visc+, por ejemplo, una empresa de consultoría podrá decir “me interesan estos determinados datos, de ese determinado lugar, para hacer un estudio sobre tal política”, será la empresa la que decidirá qué políticas de salud estudia, y dado que es una empresa lo hará siguiendo criterios de lo que puede acabar generando ganancias económicas. Esto conlleva que se acaben haciendo unos trabajos de investigación e innovación no en función de lo que necesita la sociedad para mejorar su salud, sino de lo que necesitan las empresas para mejorar el mercado privado de salud, o simplemente para mejorar sus ganancias.
Vender o ceder los recursos de información del sistema público descapitaliza nuestra sanidad y aumenta las desigualdades en salud. Insiste en considerar la sanidad como un negocio y facilita la generación de una sanidad dual donde si no tienes dinero tendrás que sufrir las largas listas de espera, donde tu derecho a la salud depende de tu clase social y por tanto de tu bolsillo. O peor, donde un determinado tratamiento farmacológico dependerá de si sale rentable a la empresa farmacéutica que habrá podido comprar los datos de salud de la población y estudiar la rentabilidad económica del mismo o no.
Además, obliga a que la propiedad y el acceso a la información sanitaria sea uno de los criterios para definir la competitividad de los centros sanitarios y hemos visto que esta exigencia acerca de que los centros sanitarios deban ser competitivos es nefasta para la calidad asistencial y para la dignidad laboral de las trabajadoras y trabajadores, hace que los centros ahorren en base a reducir costes, y para la equidad de acceso ya que precisamente empuje a los mismos a buscar financiación normalmente de la realización de la actividad privada, generando una doble lista de espera, una espera a la velocidad y tamaño de los bolsillos de los enfermos.
Este petróleo que generamos con nuestros datos, ¿quién se lo debe quedar entonces? ¡Nos lo quedamos todas, se lo queda el sistema público, es patrimonio de todas! ¡Usémoslo para mejorar nuestra salud, usémoslo para garantizarnos una vida mejor!
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