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La Fiscalía pide aclarar si el Govern usó ficheros públicos con datos personales para el 9-N

El ministerio público quiere establecer hasta qué punto la Generalitat mantuvo "en todo momento y hasta el final" un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación de la consulta soberanista

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La Fiscalía pide aclarar si el Govern usó ficheros públicos con datos personales para 9N

La Fiscalía pide aclarar si el Govern usó ficheros públicos con datos personales para 9N

La Fiscalía ha pedido este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ordene diligencias para aclarar cómo el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas para la votación del 9N y si se usaron ficheros públicos con datos personales.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, el ministerio público ha presentado un escrito ante la sala del alto tribunal catalán que investiga al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, a la  exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, por la consulta soberanista del 9-N, solicitando nuevas diligencias sobre el caso.

En concreto, el fiscal solicita al magistrado que ordene nuevas diligencias para establecer hasta qué punto la Generalitat mantuvo "en todo momento y hasta el final" un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, "en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional", según la nota.

El ministerio público quiere saber la forma en la que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas que constituyeron uno de los elementos esenciales para que pudiera celebrarse la votación del 9.N.

El fiscal ha planteado estas nuevas diligencias tras recibir un informe con documentación de las empresas que prestan servicios informáticos para la Generalitat en el que se observan "elementos que inequívocamente apuntan", según el ministerio público, a que en el seno del marco contractual preexistente entre el CCTI y las contratistas privadas "se encargó el desarrollo de instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación".

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