Los refugiados tendrán prioridad en las nuevas medidas de formación impulsadas por la Junta
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su último Consejo, celebrado en la localidad alcarreña de Molina de Aragón, un nuevo “paquete” de medidas que, con un valor de unos 30 millones de euros pretenden impulsar la generación de empleo. Así lo ha señalado el portavoz regional, Nacho Hernando, que ha apuntado que el enfoque de esta nueva línea de ayudas es conseguir, a través de la formación, que las personas sin empleo puedan buscar trabajos con “mayores oportunidades”.
La primera línea de ayuda, que consta de 23,6 millones de euros en Formación Profesional para personas desempleadas pretende llegar a 8.000 alumnos en la región y realizar más de 500 cursos. Hernando ha destacado que la inversión es un 21% más alta que en 2015 y un 81% mayor que en 2014. Los colectivos que se priorizarán serán los discapacitados, los mayores de 45 años, víctimas de terrorismo y de violencia de género, desempleados de larga duración,personas en riesgo de exclusión social, entre muchos otros.
Pero también, y atendiendo a los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en el ámbito europeo tal como explicó Hernando, tendrán prioridad los refugiados. La convocatoria está destinada a entidades de formación tanto públicas como privadas, que realicen acciones formativas diversas, incluidas las que favorezcan prácticas profesionales.
Lo que se pretende, señala el portavoz de Gobierno, es cumplir uno de los compromisos adquiridos por Emiliano García-Page, para impular el “trabajo estable y de calidad” e incidir en diversos sectores como el crecimiento empresarial, el apoyo a los emprendedores y fomentar finalmente la reactivación de la economía interna de Castilla-La Mancha.
La segunda línea de ayudas que contempla el paquete incluye una ampliación de 4,4 millones a las subvenciones dirigidas a los jóvenes inscritos en el Plan de Garantía Juvenil, incrementando hasta los 13,2 millones de euros el total destinado a este sector. La Junta prevee atender así a unos 2.000 alumnos, que pertenecen a uno de los colectivos que “más difícil lo tiene” actualmente.
