Promotores reclaman al Consell 316 millones por planes urbanísticos que tramitó mal el PP
“La negligente tramitación de una veintena de proyectos urbanísticos en la etapa del PP que han sido paralizados por la justicia podrían suponer un coste a las arcas de la Generalitat que podría superar los 316 millones de euros”.
Esta es la cifra que, según ha denunciado este miércoles la consellera de Vivienda, María José Salvador, exigen en concepto de daños y perjuicios los diferentes promotores y propietarios de estos terrenos al Consell.
Según Salvador, el departamento que dirige ha recibido ya hasta 60 reclamaciones por un total de 20 planes urbanísticos (hay terrenos con más de un propietario).
Todos estos proyectos, aprobados en los 20 años de gobierno del PP en la Generalitat, fueron denunciados en su momento por diferentes colectivos y paralizados por la justicia.
En la mayoría de casos, estos planes fueron paralizados por la justicia “por no contar con los informes obligatorios de las confederaciones hidrográficos o por carecer de evaluaciones ambientales”.
Salvador ha puesto como ejemplos el Plan de Actuación Integral (PAI) de Rabasa, el del Altet, el plan de Porxinos o la Zona de Actuación Logística (ZAL) del puerto de Valencia.
“Los promotores que ya habían comprado esos terrenos y que habían hecho proyectos al contar con el visto bueno de la Generalitat, luego han visto como el juzgado les ha paralizado el proyecto por una tramitación irregular de la administración, de ahí que ahora exijan la correspondiente indemnización”, ha comentado Salvador.
La consellera ha informado que el Consell va a recurrir todas estas reclamaciones, pero ha advertido que si prosperan deberán hacer frente al pago de estos 316 millones de euros, lo que será “un nuevo golpe a la línea de flotación de esta administración por una mala gestión del PP”.
En este sentido, Salvador ha advertido que se han acabado “los informes a la carta” y que desde ahora, el departamento que dirige y el resto de consellerias “cumplirán escrupulosamente la ley y exigirán todos los informes preceptivos para garantizar la seguridad jurídica de las empresas que quieran invertir en la Comunitat”.
Además, ha añadido que el gobierno del Botánico cree en un “en una nueva gestión del territorio basada en el crecimiento sostenible” y que la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que se tramitará la semana que viene irá en esa dirección.
