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Alberto Fabra y sus consellers sabían que asumían una deuda millonaria al comprar por un euro la empresa de la Fórmula 1

El Consell presidido por Alberto Fabra que compró la empresa Valmor en 2011.

Adolf Beltran

La juez que investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación en la organización de los cinco grandes premios de Fórmula 1 que se celebraron en Valencia entre 2008 y 2012 decidió hace poco más de una semana separar en dos piezas la instrucción:  por una parte, sobre la creación de una empresa privada, Valmor Sports, como supuesta organizadora de una prueba que en realidad corría a cargo de la Generalitat Valenciana, y por otra, sobre la decisión del gobierno valenciano de comprar esa empresa cargada de deudas en diciembre de 2011. En la misma resolución, la juez citó a declarar al expresidente Francisco Camps, imputado en la causa junto a la exconsellera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar, que gestionó Valmor.

Desde que la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir sendas denuncias de diputados socialistas y de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, presentó en 2014 la querella que dio lugar a la investigación, ha quedado en el aire la pregunta sobre la responsabilidad que Alberto Fabra y su gobierno pudieron tener al acordar que la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva comprara Valmor por un euro, asumiendo desde el erario público millones en deudas de una firma privada.

Lola Johnson engañó al resto del Consell, según la fiscalía

La Fiscalía solo dirigió su querella contra Camps, Johnson y Aspar con el argumento explícito de que Lola Johnson “engañó al resto de miembros de la junta general [el Consell], al no decirles ni explicarles que la compra de Valmor Sports SL por parte de la empresa pública suponía por un lado la condonación de más de 14 millones de euros que adeudaba a Circuito del Motor y por otro lado asumir los más de 31 millones de euros de pasivos frente a terceros”.

¿No sabían nada el presidente y los miembros del Consell? El expediente oficial, al que ha tenido acceso eldiario.es, indica lo contrario. Según la copia compulsada del acuerdo, la propuesta fue firmada por la propia Lola Johnson como consellera de Turismo, Cultura y Deporte, y la vicepresidenta Paula Sánchez de León, como secretaria del Consell, certificó con su firma que fue aprobada en la reunión del 9 de diciembre de 2011.

“A la vista del informe” de la Sociedad de Proyectos Temáticos

En el texto se refleja que el acuerdo de adquisición de la totalidad de las acciones de Valmor por parte de Circuito del Motor y Promoción Deportiva se adoptó “a la vista del informe sobre el análisis y la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y sus propuestas de reorganización elaborado por la entidad Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU, y teniendo en consideración, en especial, los informes del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre el impacto económico del evento”.

“Delicada situación patrimonial y contable”

El informe de la Sociedad Proyectos Temáticos, fechado el 5 de diciembre y firmado por su director general, Nicolás Figueras, se incluye en la documentación oficial adjunta al acuerdo. La argumentación central es que las dificultades económicas de Valmor ponen en riesgo la celebración de la prueba automovilística, lo que recomienda que sea Circuito del Motor la que asuma por completo la organización. Proyectos Temáticos hace el informe en calidad de copromotora del Gran Premio desde que el expresidente Francisco Camps hiciera en 2009 que esa empresa pública asumiera en lugar de Valmor el pago del canon anual al patrón de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone.

En el documento se explican con toda claridad los “aspectos económicos de la operación”, se indica que el patrimonio de Valmor está compuesto por un “activo intangible”, que es el derecho a organizar la prueba automovilística en Valencia, y unas instalaciones técnicas con un valor contable de 8,8 millones de euros. Y se añade: “Por otro lado está previsto que la sociedad cierre el ejercicio 2011 con unos pasivos frente a terceros de 31,8 millones de euros”.

“Lo anterior”, continúa el informe, “pone de manifiesto la delicada situación patrimonial y contable de Valmor, que según hemos podido constatar presentaba a 31 de diciembre de 2010 un patrimonio neto negativo de 6,9 millones de euros y está previsto que al cierre del ejercicio 2011 el patrimonio neto negativo ascienda a 14,6 millones de euros”.

Los miembros del Consell que aprobaron la compra

Alberto Fabra como presidente, al frente de un Consell del que formaban parte Paula Sánchez de León, José Ciscar, Isabel Bonig, José Manuel Vela, Enrique Verdeguer, Serafín Castellano, Lola Johnson, Maritina Hernández, Jorge Cabré y Luis Rosado, aprobó la compra conociendo las deudas de Valmor, según la documentación oficial de la propia Generalitat. ¿Por qué sólo están imputados Camps, Johnson y Aspar?

El empresario Fernando Roig, que era el presidente de Valmor, declaró a la jueza en enero de 2016 que el Consell de Fabra sabía que la empresa estaba en quiebra cuando se la compró a él, a Aspar y a Bancaja, los socios a quienes además se eximió en la operación explícitamente de cualquier responsabilidad. También Sánchez de León declaró en julio de 2016 ante la jueza que “todos los miembros del Consell sabían perfectamente lo que estaban comprando”. La realidad es que desde los escaños de la oposición en las Corts se había advertido más de una vez en público que Valmor era una empresa cargada de deudas en los meses anteriores a que el Consell la comprara.

Sin informe de la Abogacía ni de la Intervención de la Generalitat

Sin embargo, el proceso por el que se adoptó la decisión, en los estertores de un gobierno que Fabra había heredado de Camps y que remodelaría al mes siguiente, aparece lleno de sombras. La primera de ellas es la ausencia de informe alguno de la Abogacía y de la Intervención de la Generalitat. ¿Por qué no se preguntó a la Intervención sobre la legalidad de la compra? Y si se hizo, ¿por qué no se incluyó la respuesta en el expediente?

Lola Johnson llevó la propuesta al pleno del Consell el 9 de diciembre, que la aprobó pese a que estaba fuera del orden del día. No había pasado, pues, por la reunión preparatoria de subsecretarios que precede a cada pleno del Gobierno valenciano. En la referencia del pleno figuró la mención al acuerdo de compra, pero la documentación, que incluye el texto, el informe de la Sociedad Proyectos Temáticos, la propuesta de Johnson como presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor y el acta de este consejo, no se registró oficialmente hasta el 27 de diciembre, dos semanas y media después.

Informes a posteriori para justificar la compra

La Generalitat encargó sendos informes para justificar a posteriori la decisión de comprar Valmor. Uno de ellos, fechado el 24 de febrero de 2012, es de Broseta Abogados y se centra en justificar que “sería innecesario disponer de informe previo de la Intervención general” para efectuar la compraventa.

El otro, de Garrigues, fechado el 22 de febrero, concluye que los términos del contrato de compraventa “se encuentran en su conjunto dentro de los términos habituales y aceptables en las operaciones de adquisición de empresas”, aunque no evita  considerar de paso como una cláusula “no habitual” la exención de cualquier responsabilidad de los administradores de Valmor.

Toda la operación, justificada en la necesidad de dar continuidad a la celebración de la Fórmula 1 en Valencia, concluyó con la celebración del Gran Premio en 2012 y la renuncia definitiva a proseguir con ese “gran evento” en años sucesivos.

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