De los desahucios silenciosos a las “mafias de la patada en la puerta”

Hanane Maanisse toma pastillas para dormir. Las necesita desde que le llegó la notificación del juzgado que le anunció el desahucio de su piso, situado en Castellón, para el próximo 16 de junio. Cuenta su historia sentada en el sofá de su salón mientras aprieta con fuerza las manos una contra otra. Es una más de las muchas personas que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), son desalojados de sus casas por no poder pagar el alquiler.

Son desahucios silenciosos. Cuando llega la comisión judicial, no hay protestas de la PAH en las puertas del edificio para evitar su entrada. En el colectivo consideran que los particulares que arriendan pisos no son los culpables del empobrecimiento que lleva al impago. “Actuamos si el dueño es un tenedor medio, con seis o siete viviendas, o si es un banco. Pero si el propietario necesita la renta para vivir, no nos podemos meter”, explica María Jesús Garrido, presidenta del colectivo en Castellón.

En general, las movilizaciones en contra de los lanzamientos han dejado de ocupar portadas con la asiduidad de hace unos años. La razón es la moratoria que declaró el Gobierno para que las familias empobrecidas puedan quedarse en sus viviendas hasta 2020 aunque éstas hayan pasado a ser propiedad a la entidad financiera con las que firmaron el préstamo. Salvo excepciones como la que tuvo lugar esta semana en Castellón, quienes compraron una vivienda y no pueden pagar la hipoteca tienen asegurado un techo hasta ese año.

En torno a 350 casos anuales

No hay, sin embargo, moratoria para los inquilinos, que dependen de la capacidad del casero para soportar los impagos. El número de personas en esta situación es difícil de determinar. El Consejo General del Poder Judicial aporta los datos de lanzamientos, pero no detalla si son naves industriales, bajos comerciales u hogares. En 2016, fueron 1.170 en la provincia de Castellón. De ellos, la PAH estima que el 30% afecta a arrendatarios que no tienen otro techo al que acudir. En total, serían unos 350 anuales.

En el caso de Hanane, el propietario inició el proceso judicial en febrero, al segundo mes de impago. Cuenta que ella y su marido acudieron al Ayuntamiento, donde les ofrecieron una ayuda para el alquiler que el casero se negó a tramitar. “Sólo quiere su piso”, lamenta.

La otra opción era aspirar a una vivienda pública mediante un alquiler social. Su marido ingresa 426 euros de prestación de desempleo y ella espera que pronto cobrará unos 200 euros mensuales de renta garantizada. Pero en la Oficina de Vivienda del Consistorio -un órgano creado recientemente para orientar a los vecinos con problemas para encontrar un techo- les dijeron que no hay pisos disponibles y sí una larga cola para conseguirlos.

La vivienda vuelve al debate público 

De esta forma, la de Hanane se convirtió en una de las más de las 150 familias que forman la lista de espera de una vivienda de gestión municipal en Castellón. El dato fue aportado por Castelló en Moviment y centró el debate sobre el estado de la ciudad que tuvo lugar el jueves. La oposición reprochó al equipo de Gobierno local, formado por PSPV y Compromís, los escasos avances en materia de vivienda.

El resto de partidos afearon a la vicealcaldesa y encargada del área, Ali Brancal, que no haya puesto en marcha la prometida bolsa de vivienda a precio asequible, ni llegado a acuerdos con los bancos para que pongan sus pisos vacíos a disposición en alquiler social. Por su parte, Brancal ya había reconocido las carencias en la materia en la asamblea ciudadana que el Ayuntamiento organizó recientemente.

Allí, afirmó que el Ayuntamiento sigue inmerso en la tarea de “poner en orden las viviendas municipales” que el PP dejó en un estado “lamentable” tanto en su estado de habitabilidad como en el control de las circunstancias de las personas que acceden a ellos. Y recordó que el Consistorio dio 752.000 euros en en 2016 para ayudas al alquiler. Pero reconoció que “seguirá habiendo personas con necesidad en la ciudad, no tenemos solución para todas”.

Sin alternativas para el desahucio

Tampoco la Generalitat tiene respuestas inmediatas para todos los desahuciados. Según la Conselleria de Vivienda, sus esfuerzos están centrados en rehabilitar los pisos públicos, de los que 700 estaban “en situación de inhabitabilidad” cuando comenzó la legislatura. En estos dos años, han reformado 74 viviendas en la provincia de Castellón. Pero sigue habiendo lista de espera para ocuparlos.

Así las cosas, ¿qué hará Hanane? Su marido viajó recientemente a Marruecos para buscar una solución y ella está haciendo cursos de limpieza industrial para encontrar trabajo. Pero el día 16 se acerca. Para entonces, es prácticamente imposible que encuentren otro piso en alquiler en el mercado libre, dado su nivel de ingresos.

Ella todavía espera que las administraciones le den acceso a un piso cuya renta mensual pueda pagar. Pero para la PAH, su caso es la prueba de que “los problemas se duplican cuando la administración no cumple”, según Iñaki Vallejo, abogado de la plataforma y concejal de Castelló en Moviment. 

El trecho entre una vida normal y un piso ocupado 

Las personas que pierden su hogar por no poder pagar el alquiler y no encuentran una solución en las instituciones se ven abocadas “a las mafias de la patada en la puerta”, explica. Son organizaciones que cobran entre 300 y 500 euros a familias sin techo para entrar en un piso vacío y ocuparlo ilegalmente. “Hay algunos incluso que cobran un alquiler mensual. El drama de los desahucios ha desembocado en esto”, lamenta Garrido.

También la Generalitat padece este fenómeno. De las 826 viviendas que tiene en la provincia de Castellón, 30 están “ocupadas por personas sin título legal”. Podrán quedarse si cumplen los requisitos. Si no, serán desalojados. De momento, la conselleria ha desahuciado a 16 ocupantes que vivían de forma ilegal en sus viviendas y que no cumplían las condiciones legales para seguir habitándolas.

Vallejo habla de un “círculo vicioso”, por el que una persona no puede pagar su alquiler, no encuentra respuesta en las administraciones y termina pagando a una mafia para poder tener un techo, a veces en las mismas viviendas que la administración debería poner a disposición de quien las necesita. La solución es “una bolsa de vivienda” y, sobre todo, “que los bancos se impliquen”.

Para ello, la Generalitat aprobó a principios de año la Ley de Función Social de la Vivienda. La norma establece que los bancos deberán poner pisos en alquiler social. En estos momentos, según la Conselleria se están estableciendo contactos con las entidades para cerrar convenios.

Mientras, los miembros de la PAH se desesperan viendo cómo los bancos, algunos rescatados con dinero público, prestan su colaboración a cuentagotas. “Hay verdaderos dramas en nuestras ciudades que no vemos”, lamenta Garrido. Si nadie lo remedia, uno de ellos será el de Hanane y su marido. Después de siete años en los que han pagado puntualmente el alquiler, unos meses de dificultades pueden condenarlos a dormir en la calle.