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Rescate bancario y exclusión financiera

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La crisis bancaria está suponiendo grandes sacrificios económicos y sociales. Los 41.300 millones de euros utilizados del rescate bancario europeo que habrá que devolver a 12,5 años a un interés del 0,5% más los más de 100.000 millones inyectados a los bancos intervenidos a través del FROB en forma de ayudas directas y de capital, está teniendo consecuencias que pueden ser irreversibles en la sanidad, la educación y los servicios sociales y en el poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas. A la vez, se está produciendo una destrucción del tejido industrial y del capital humano con la desaparición de casi 200.000 empresas, lo que representa una caída del 20% en las micro y pequeñas empresas (empresas entre 3 y 50 trabajadores) y la desaparición de 1,2 millones de empleos asalariados. Se van a necesitar muchos años para recuperar toda esta infraestructura de capital empresarial e intelectual destruida por una crisis cuyo saneamiento alcanza ya el 25% del PIB de España (el equivalente a 250.000 millones de euros).

Los datos apuntados justifican la necesidad de hacer un balance sobre el efecto de las reformas y el rescate acometidos durante estos últimos 5 años en el sistema bancario español y valorar si los problemas que han llevado a la banca a este callejón casi sin salida están ya resueltos o no. La Troika ha señalado recientemente que la banca ya no necesita más rescate y las autoridades económicas españolas nos indican que los mal llamados “bancos buenos” están ya suficientemente capitalizados para afrontar los nuevos retos; sin embargo, el crédito sigue sin fluir y las tasas de morosidad de los bancos están ya por encima del 12%. ¿Cuándo se reiniciará el ciclo de financiación de los emprendedores y pequeñas y medianas empresas para que la economía pueda comenzar a crecer?. La pregunta es aún una incógnita difícil de resolver, si tenemos en cuenta que los bancos siguen teniendo que dotar provisiones para hacer frente al aumento de las tasas de morosidad y para cubrir sus activos tóxicos, además de resultarles más rentable seguir financiando deuda pública a rendimientos del 3-4% y con total seguridad que financiar inversiones empresariales arriesgadas. La deuda pública representa ya el 10% del total de los activos del sistema bancario español, lo que equivale a 300.000 millones de euros, mientras que la caída de los créditos ha llegado ya a los 200.000 millones, lo que representa el 20% del PIB.

Dentro del contexto apuntado, parece lógico que surjan dudas sobre si el rescate de la banca ha servido de algo y sobre si es necesario que el Estado siga endeudándose hasta niveles realmente preocupantes con el único propósito de sanear unos bancos y unas cajas de ahorros que continúan sin desempeñar su función de prestamistas del sistema productivo. Los más de 60.000 millones de euros destinados hasta el momento al saneamiento de la banca no han servido más que para mantener vivos unos bancos (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco Mare Nostrum) con escasísimas expectativas de futuro y que seguramente acaben en manos de los grandes bancos españoles, socializando así unas pérdidas millonarias ocasionadas por la mala gestión crediticia de las personas que han estado al frente de estas entidades, dicho sea de paso, a las que no se les está exigiendo responsabilidades. Mientras tanto, el Estado del Bienestar se resiente cada vez más y la desigualdad económica y la pobreza siguen aumentando. Parece, por tanto, realmente difícil de justificar un rescate bancario que está produciendo negativas consecuencias económicas y sociales a una gran parte de la población, y que no está sirviendo para mejorar la operatividad de las entidades bancarias y reactivar el crédito a las empresas. Porque no se ha acometido una verdadera reforma bancaria, si no que lo que se ha hecho ha sido eliminar las cajas de ahorros (salvo unas pocas), aumentar el tamaño de los bancos a través de las fusiones y beneficiar a los grandes bancos, que están incrementando su cuota de mercado de manera significativa durante estos años de crisis. No se han acometido los graves problemas de la banca española: su carácter especulador, la excesiva mercantilización a costa de abusos a sus clientes y depositantes y la falta de transparencia en sus operaciones. Sobre todo esto no se ha hecho absolutamente nada, de manera que tras el rescate sigue existiendo un modelo bancario fuertemente especulativo y alejado de los intereses de las familias y de la mayor parte de la estructura económica y productiva del país.

Además, durante los últimos años de la crisis se está produciendo un fenómeno añadido, como es el de condenar a la exclusión financiera, no solo a emprendedores y pequeñas empresas como hemos señalado, si no también a una parte de la población que vive en municipios pequeños donde a las entidades bancarias ya no les resulta rentable mantener abierta una oficina bancaria. La búsqueda de la eficiencia y la productividad de la banca ha llevado al cierre de casi 10.000 oficinas y el despido de unos 42.000 empleados, lo que se traduce en que una parte de la población, generalmente la más vulnerable, se ha quedado sin acceso a servicios financieros básicos. Este es un ejemplo más del carácter exageradamente mercantilista de los bancos en detrimento del interés común, lo que exige la consolidación de un modelo bancario distinto al actual basado en la transparencia, la inversión en proyectos sociales y la responsabilidad social y que tiene su expresión en la banca ética y la banca cooperativa. Una reforma bancaria realmente eficaz sería aquella que penalizara la especulación bancaria y las actividades de la banca en la sombra (procesos de ingeniería financiera y de activos estructurados como las participaciones preferentes y subordinadas o las hipotecas basura) y potenciara una modelo de banca socialmente responsable, que aunque tiene que generar beneficios económicos para ser viable, es capaz de compatibilizar su viabilidad financiera con los beneficios sociales y las prácticas democráticas y transparentes, que necesita la sociedad y deberíamos exigir los ciudadanos.

 

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