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El Gobierno también recurrirá las leyes valencianas de la vivienda y contra la pobreza energética

El Consejo de Ministros acuerda impugnar la norma de la función social de la vivienda por extralimitación competencial y la invasión de las competencias estatales

También insta al Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley valenciana contra la pobreza energética

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Miembros de la PAH celebran en las Corts la aprobación de la Ley de la Función Social de la Vivienda

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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la ley valenciana por la función social de la vivienda.

Según la referencia del Consejo de Ministros, los preceptos objeto de impugnación incurren en extralimitación competencial e invaden las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil y planificación general de la actividad económica.

Si bien la ley, dice la nota de prensa del Consejo, tiene por objeto regular el derecho a disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunitat Valenciana, en los apartados objeto de impugnación se extralimita el ámbito competencial.

Recurso contra la ley contra la pobreza energética

Además, el Consejo también ha aprobado un acuerdo por el que se insta al Gobierno a poner recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunidad Valenciana.

Dicho artículo regula la declaración de un hogar en situación de vulnerabilidad social, en cuyo caso determina un procedimiento previo al corte de suministro.

Según la referencia del Consejo, la ley autonómica, en su artículo 3, establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro.

Por tanto, el Gobierno argumenta el recurso de inconstitucionalidad en la invasión de competencias y cita la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2016 que ya afirmó la preferencia de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, recogidas en la Constitución.

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