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El Gobierno reconoce que bloquea a inmigrantes en alta mar y los devuelve a Marruecos

Una embarcación de la Guardia Civil rastreando la bahía norte de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Gabriela Sánchez

El Gobierno ha reconocido por escrito que la Guardia Civil bloquea y devuelve a Marruecos a los migrantes rescatados en aguas marroquíes en su intento de llegar a Ceuta. Esta semana, la ONG Caminando Fronteras denunció los riesgos ligados a este tipo de operaciones, tachadas de ilegales por la Defensora del Pueblo.  

“Si el rescate se produce en aguas marroquíes, y una vez se ha producido la primera e ineludible actuación (rescate), las personas son recogidas por las autoridades marroquíes con sus embarcaciones, siempre que las mismas no necesiten de una atención médica urgente, en cuyo caso son trasladadas de inmediato a Ceuta”, ha admitido el Gobierno en su respuesta a pregunta registrada en el Senado por Maribel Mora, portavoz adjunta de Unidos Podemos.

La senadora cuestionaba al Ejecutivo si “es práctica de las patrulleras de la Guardia Civil en Ceuta interceptar a los efectos de detener su tránsito, pateras en aguas territoriales o internacionales hasta que son recogidas por la Marina marroquí”. El Gobierno reconoce que se trata de un modus operandi habitual “si el rescate se produce en aguas marroquíes”. 

En su contestación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Ejecutivo defiende que la misión de este operativo es “detener su tránsito [el de la patera] y salvaguardar las vidas de los inmigrantes”. 

Según desarrolla, “las patrulleras de la Guardia Civil van a rescatar a las personas en riesgo con independencia de la soberanía de las aguas en las que se encuentren”. En el caso de ser localizadas en aguas españolas, apunta, son trasladadas a Ceuta donde son puestas a disposición de la Policía Nacional. Pero si son interceptadas en “aguas marroquíes”, el Instituto Armado las retiene hasta la llegada de la Marina marroquí, concreta el escrito fechado a 5 de mayo. 

Esta práctica defendida por el Gobierno ha sido denunciada esta semana en el informe de la ONG Caminando Fronteras porque, a su juicio, se trata “del mayor peligro” al que se enfrentan los migrantes en su acceso marítimo a Ceuta. Según los testimonios de quienes han estado presentes en este tipo de operaciones, “el momento más arriesgado” tiene lugar cuando llega la Marina Marroquí y tienen que pasar de la patera a la embarcación alauí.

“Es muy peligroso porque nos tiran la cuerda para obligarnos a subir y, por otro lado, la Guardia Civil nos bloquea. Ahí es cuando hay personas que caen al agua”, aseguran migrantes entrevistados por la organización. 

Entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016, ha muerto el 4,9% de quienes intentaron atravesar la estrecha distancia que separa Marruecos de Ceuta, según el estudio de la organización. Es la segunda ruta marítima a España más mortífera, a pesar de ser la más corta, atendiendo a estos datos.

“Ilegales” aunque sea en aguas marroquíes

No es la primera vez que una institución oficial defiende estas prácticas. Tras una queja registrada por Caminando Fronteras a la Defensora del Pueblo, la Guardia Civil justificó en su respuesta que “actúa en cumplimiento de una orden de servicio sobre vigilancia e impermeabilización de fronteras en la Ciudad de Ceuta”.

La orden citada busca, según la Guardia Civil, “materializar las tareas de impermeabilización fronteriza en el mar, que consisten en la detección temprana de las embarcaciones que traten de acceder con inmigrantes a territorio nacional”. El Instituto Armado explicó al equipo de Soledad Becerril que “la detección debería, caso de ser posible, permitir alertar de forma oportuna a las autoridades marroquíes para que se hagan cargo de la incidencia antes de que los inmigrantes se acerquen a aguas españolas”.  

Estas explicaciones no son suficientes para la Defensora del Pueblo que, en reiteradas ocasiones, ha exigido a las autoridades españolas “garantizar que los extranjeros puedan formalizar solicitudes de protección internacional cuando sean interceptados por funcionarios españoles”, aunque la actuación se produzca “fuera o dentro de las aguas territoriales españolas”. 

Según critica en su informe 'El asilo en España', “las devoluciones expeditivas de personas rescatadas del mar no respetan la normativa en materia de asilo”. La Defensora del Pueblo detalla que estas operaciones vulneran la Convención de Ginebra y el reglamento europeo por el que se establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores.

Esta legislación comunitaria sostiene que “la posible existencia de un acuerdo entre un Estado miembro y un tercer país, no exime a los Estados miembros de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión e internacional, especialmente las relativas al cumplimiento del principio de no devolución”.

Aunque el Gobierno en su respuesta defiende que siempre realiza este tipo de devoluciones en aguas marroquíes, la institución de Soledad Becerril ha planteado en sus informes la dificultad para determinar si la competencia de las aguas donde se encontraban algunas de las pateras devueltas de las que ha recibido quejas es de administración marroquí o española. 

El estudio de Caminando Fronteras documenta una devolución en alta mar en la que cuatro personas cayeron al agua. Según los testimonios recabados por la organización, “los servicios de rescate no intervinieron”. En aquella ocasión la Guardia Civil afirmó que el dispositivo de salvamento “se llevó a cabo por la Marina marroquí sin incidentes”, según sostienen desde la organización. A día de hoy, indican, esas cuatro personas continúan desaparecidas.

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