Bruselas confirma que Hacienda está ocultando información a la Autoridad Fiscal
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un organismo de control fiscal de las cuentas nacionales y autonómicas que se crea en 2013 en España a iniciativa de la Unión Europea. Se constituyó a imagen de los anglosajones (en algunos países funciona desde 1947) ante la desconfianza sobre la información que proporcionaban a la Comisión Europea (CE) los gobiernos españoles, que un año tras otro prometían un déficit público que se veía superado por la realidad.
Y pese a algunas dudas iniciales, la independencia del organismo respecto al Ejecutivo parece dejar lugar a pocas dudas a tenor de los enfrentamientos que han protagonizado entre sí.
Una de las quejas recurrentes de la institución que preside desde sus inicios José Luis Escrivá -tiene un mandato de seis años no renovables- es la dificultad de acceso a la información con la que ejecutan su labor para garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad previsto en el artículo 135 de la Constitución Española (la llamada regla de oro que pactaron PSOE y PP).
De hecho la AIReF presentó en mayo en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Hacienda que regula las relaciones entre ambas instituciones porque considera que vulnera su autonomía, y que se encuentra aún pendiente de resolverse.
Pues bien: un anexo al informe sobre la economía española recientemente publicado por Bruselas viene a dar la razón a las protestas de la Autoridad Fiscal: “cabe concluir que algunas de las excepciones introducidas por legislación posterior -a la creación del organismo- dejan abierta la posibilidad de restringir indebidamente la información (es decir, los documentos y datos) a la que puede acceder la AIReF, lo que podría afectar a su capacidad de desempeñar debidamente sus obligaciones específicas”.
Por esta razón, encomiendan a la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda la tarea de facilitar la información solicitada por la AIReF (en particular, sobre el ámbito de las administraciones regionales y locales).
Fuentes del Ministerio que dirige Montoro responden que la cuestión es que a la AiREF no le gusta el procedimiento por el que se les suministra la información, no que no se les suministre, y recuerdan que la cuestión está en el juzgado.
Un informe del organismo de mayo de 2016 explica en detalle en qué situaciones, según ellos, el Ministerio les hurta los datos que necesitan para su labor de control.
Así, en una clasificación de las respuestas recibidas de Hacienda, explican que sólo un 31% son ajustadas a la solicitud; un 61% de la información es denegada o no ajustada a la solicitud y un 8% es parcial.
De entre la información denegada o que no se ajusta a la solicitud, en una inmensa mayoría de las ocasiones (91%) se califica la petición como fuera de las competencias de la AIReF o como información auxiliar o no disponible. Esta información, especifica el organismo, se suele referir a ajustes de contabilidad nacional, objetivo de estabilidad, deuda, regla de gasto o impacto de medidas.
Ahora Hacienda deberá plantearse si reajusta este esquema, a petición de Bruselas.
