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Economía se enfrenta a la ralentización del crecimiento que llegará en 2017

Rajoy premia a De Guindos, que gestionará Economía e Industria

EFE

Madrid —

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El Ministerio de Economía afronta una Legislatura en la que el crecimiento económico y la creación de empleo se frenarán en 2017, aunque se mantendrán por encima de la media europea, y en la que la ausencia de reformas para corregir los desequilibrios podría dañar la confianza exterior.

En este reto están aunados el Ministerio de Economía y el de Hacienda, puesto que la principal tarea pasa por reducir el déficit público, así como el elevado nivel de deuda de las administraciones, pero también quedan por completar reformas empezadas en la anterior Legislatura como la de los servicios profesionales o la de la unidad de mercado.

Los expertos alertan de que buena parte de la recuperación económica ha sido posible gracias a una política del Banco Central Europeo (BCE) que ha propiciado una fácil financiación de la deuda y que ha aislado al país de tensiones exteriores.

No obstante, alertan de que, a medida que desaparezca este factor externo, la economía solo podrá sortear eventuales turbulencias manteniendo la competitividad y consiguiendo un mayor peso del sector exterior en el PIB.

El desafío está en lograr un aumento de la productividad por una vía que no sea la de la devaluación interna (bajada de salarios), que es lo que ocurrió durante los años de crisis.

En el ámbito financiero, el nuevo Gobierno se enfrenta al reto de encontrar la mejor fórmula de recuperar las ayudas públicas a la banca y decidir si tiene sentido que se fusionen Bankia y BMN, las dos entidades nacionalizadas.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió con Europa a dar entrada a inversores privados en BMN, el grupo formado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra, hasta el punto de que se barajó una posible salida a bolsa de la entidad en 2017.

Prácticamente descartada esta opción, el FROB -el fondo de rescate español- sopesa que Bankia absorba BMN, lo que ha causado el malestar del resto del sector financiero, que aboga por que esta última entidad sea subastada al mejor postor.

Además, en 2017 el Gobierno aspiraba también a reducir a cero su participación en Bankia, lo que supondría la privatización total de la entidad, de la que aún controla el 65,4 % a través del FROB.

Los vaivenes del mercado y una caída en bolsa superior al 20 % en lo que va de año no han animado a la colocación de acciones entre grandes inversores, la opción preferida por el Gobierno.

Quizás en 2017 el FROB intente reducir su participación en la entidad, pero a día de hoy parece complicado que el nuevo Gobierno consiga que el Estado deje de ser accionista del grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri.

Por eso, algunos expertos creen que en esta nueva legislatura el ministro de Economía tendrá que plantearse si debe retrasar la privatización total de Bankia hasta el momento más oportuno y solicitar a Bruselas una prórroga para BMN.

Lo que parece más claro es que el nuevo Gobierno encontrará alguna vía para seguir devolviendo fondos del rescate a sus socios europeos, después de haber reintegrado ya 6.300 millones, algo más del 15 % de los 41.300 recibidos.

Reducir la ayuda financiera es clave para bajar el endeudamiento de España, que de momento se mantiene por encima del 100 % del PIB, puesto que el Tesoro seguirá apelando a los mercados para financiar el déficit.

Sin embargo, el Gobierno ha reconocido a Bruselas en el proyecto presupuestario que le envío hace dos semanas que este año no logrará reducir la deuda, que espera se quede en el mismo nivel que en 2015 (99,8 % del PIB), en tanto que en 2017 solo se rebajará una décima.

La buena noticia es que previsiblemente los costes de financiación de España se mantendrán en niveles históricamente bajos durante buena parte de 2017, ya que la debilidad de la economía europea y la baja inflación hacen esperar que la intervención del BCE en los mercados de deuda continúe en los próximos meses.

En cuanto a las competencias de Industria, que ahora se añaden al Ministerio de Economía, en la industria automovilística el nuevo Gobierno tiene “tareas urgentes” según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

La primera es la reedición del Plan Movea para el fomento de los vehículos eléctricos y alternativos, la segunda la recuperación del Plan PIVE -la octava edición finalizó el pasado 31 de julio- para la renovación del parqué automovilístico y la tercera la implantación de medidas para mejorar la competitividad de la industria.

Respecto a la última de las demandas, fuentes de Anfac han destacado a Efe que el mercado se empieza a “resentir” en ventas y en producción, lo que podría poner en peligro los objetivos para años futuros, después de que este año se logre cerrar el ejercicio con tres millones de vehículos fabricados, todo un récord.

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