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Familiares de víctimas denuncian expansión de soja en zona masacre Curuguaty

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Familiares de víctimas denuncian expansión de soja en zona masacre Curuguaty

Familiares de víctimas denuncian expansión de soja en zona masacre Curuguaty

Familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, ocurrida en Paraguay en junio de 2012 y que causó la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, denunciaron hoy que empresas privadas están cultivando soja en el lugar donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías.

La parcela donde se produjo un enfrentamiento entre policías de élite y campesinos, cuya titularidad continúa en disputa entre el Estado y la empresa familiar de un líder político recientemente fallecido, es ahora un sojal, informó a Efe una portavoz de la Comisión de Familiares de Víctimas de Curuguaty, Martina Paredes.

La empresa Campos Morombi, de la familia del político del oficialista Partido Colorado Blas N. Riquelme, usufructúa estas tierras desde hace años sin que haya habido una resolución a la demanda sobre quién es el propietario de las mismas.

Paredes explicó que Campos Morombi "está arrendando las aproximadamente 1.800 hectáreas a otras compañías que se dedican a la producción de soja transgénica".

"No respetan ni la tierra donde murieron 17 personas", dijo Paredes que junto a otras personas permanece en un precario campamento al borde del terreno donde se produjo la matanza el 15 de junio de 2012.

Su intención es presionar para la liberación de sus 11 compañeros campesinos acusados de invasión de inmueble ajeno, organización criminal y homicidio doloso, de los que 5 continúan presos de forma preventiva y 6 en prisión domiciliaria porque no se ha celebrado el juicio correspondiente para dilucidar sin son culpables o no.

La matanza desembocó una semana después en un juicio político a Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.

El fiscal del caso, Jalil Rachid, acusado por la defensa de los campesinos de alterar pruebas y violar el proceso legal de la investigación, imputó a 12 campesinos a los que acusó de perpetrar la matanza de forma premeditada.

La investigación no incluye imputaciones a los agentes policiales que se enfrentaron a los campesinos.

A un año y siete meses de la masacre, los familiares de las víctimas realizarán hoy un acto simbólico en recuerdo de sus fallecidos.

"La familia Riquelme les alquila y ellos plantan soja y pasan veneno, y nosotros estamos acá y no nos respetan. Somos campesinos y pobres pero también tenemos derecho a vivir bien", espetó Paredes.

A lo largo del 2013, con parones y retrasos, se celebró la audiencia preliminar que finalmente determinó que los campesinos serán llevados a juicio oral del que aún no hay fecha.

Desde entonces "no hay novedades, no se atreven a fijar fecha de juicio oral", dijo hoy a Efe uno de los abogados de la defensa, Guillermo Ferreiro.

"Extraoficialmente nos dijeron que no hay disponibilidad de sala ni de tiempo para realizar el juicio en 2014", denunció Ferreiro.

Mientras tanto, los detenidos continuarán en cárcel preventiva.

El abogado recordó que el pleito entre el Estado y la empresa por la titularidad de Marina Cué (Tierras de la marina en idioma guaraní) "sigue empantanado" en la Corte Suprema de Justicia.

"Son dos juicios en los que el Estado intenta intervenir y Campos Morombi se opone enérgicamente", añadió.

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