El Gobierno de Fabra interroga a funcionarios en busca del filtrador de noticias

El Gobierno de Alberto Fabra está interrogando a funcionarios de Presidencia de la Generalitat Valenciana para encontrar al “topo” que supuestamente ha filtrado a la prensa informaciones sobre gastos tanto del propio Fabra como de la secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor.

El goteo de esas supuestas filtraciones, que han permitido conocer la contratación de un entrenador personal para el president o su nómina, así como gastos en hoteles y comida de quien está considerada su mano derecha, ha generado malestar en Presidencia de la Generalitat, que ve detrás “intereses ocultos”.

Precisamente, la filtración de la nómina del president llevó hace unos meses a la Generalitat a presentar una denuncia ante la Fiscalía, que ha sido admitida, y que se ha ampliado tras las nuevas filtraciones.

La Generalitat ha abierto también un expediente informativo para intentar determinar al responsable, y dentro de ese procedimiento está llevando a cabo en los últimos días entrevistas a los funcionarios que pueden tener acceso a ese tipo de informaciones.

Esas entrevistas, han explicado a EFE fuentes de Presidencia, se graban en audio con el consentimiento de los funcionarios y luego se transcriben y se firma la conformidad, con el objetivo de garantizar que lo que se ha dicho es lo que figura en esas transcripciones.

El president, Alberto Fabra, ha señalado públicamente que hay una “persecución” hacia la Generalitat, a la que se quiere dejar “a los pies de los caballos” con datos que están justificados, y ha advertido de que constituye un delito sacar datos.

Fabra ha afirmado hoy que se trata de una cuestión interna que se irá resolviendo y que no le “quita el sueño”, aunque le preocupa, y ha resaltado que lo primero que se pregunta a los funcionarios es si quieren colaborar en estas entrevistas.

La Junta de personal de los servicios centrales de la Generalitat ha pedido explicaciones sobre los interrogatorios “de estilo policial” y ha exigido su paralización por entender que se pone “en tela de juicio la honorabilidad” de los funcionarios interrogados.

Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes han pedido la comparecencia inmediata del vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, para que dé explicaciones sobre una actuación que pretende “amedrentar” al personal de la Administración, y que sería innecesaria si se aplicara la ley de Transparencia a los gastos de caja fija.

Asimismo, el pasado 10 de diciembre la Generalitat publicó una orden con medidas específicas para proteger la información que depende de ella, con el fin de “minimizar la probabilidad de materialización de las amenazas que ponen en riesgo” la seguridad de los sistemas de información.

Además de recordar la confidencialidad exigible a quienes acceden a información que no es de acceso público, incluso tras finalizar su relación laboral, la orden prohíbe “copiar, extraer o transmitir” información para uso privado, y obliga a bloquear el ordenador o el móvil al ausentarse del puesto de trabajo.

Tres días después, Fabra acometió una remodelación del núcleo de comunicación de su Gobierno, en el que destituyó a tres de sus responsables, aunque se aseguró que no tenía nada que ver con filtraciones informativas ni con “fracasos en la política de comunicación”.

Pese a todo, las filtraciones se han seguido produciendo, y Presidencia de la Generalitat intenta averiguar quién es el responsable.