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Pastor celebra que se dé la razón a "los que hemos resuelto" el tax lease

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El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, cree que la sentencia del Tribunal General de la UE que afirma que el sector naval español no tendrá que devolver ayudas estatales, da "seguridad jurídica" para la futura construcción de buques en España y facilitará nuevas operaciones de inversión.

En declaraciones a EFE, Ferre ha sido tajante al asegurar que "el marco jurídico para la construcción de buques en España a través de incentivos ha quedado protegido cien por cien" con el dictamen del alto tribunal europeo que afirma que las medidas que integran el sistema española de arrendamiento fiscal no constituyen una ventaja selectiva.

Ferre ha calificado de "gran noticia" que el sector naval español no tenga que devolver las ayudas que percibió en el marco del sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF).

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado hoy la decisión de la Comisión Europea (CE) de exigir la devolución de estas ayudas fiscales estatales al sector naval español, que la CE consideraba ilegales.

"Demuestra que se ha legislado de forma correcta y que el sistema era legal y compatible", ha dicho Ferre, que ha lamentado que el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, "se equivocara" al ordenar que se devolvieran dichas ayudas.

La decisión del alto Tribunal de la UE se refiere al litigio abierto en 2006, cuando la CE recibió diferentes denuncias de sectores navales de otros países miembros, contra el sistema española de arrendamiento fiscal (SEAF).

La sentencia emitida hoy considera que no hubo ventajas económicas a favor de las agrupaciones de interés económico (AIE) que intervinieron en la venta de buques y afirma que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas derivadas del SEAF.

Los jueces europeos consideran que las medidas que integran el sistema española de arrendamiento fiscal no constituyen una ventaja selectiva.

El secretario de Estado de Hacienda ha recordado que el sector astillero español es importante para muchas familias y empresas en Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía y Canarias, y ha afirmado que la seguridad jurídica que hoy se deja clara "será positiva para que se tramiten más operaciones y se facilite el flujo inversor de en la construcción de buques".

"Pone un marco jurídico estable y da fiabilidad para el futuro", ha reiterado.

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