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Fenómenos como Airbnb entran en los programas electorales del 20D

El fenómeno de la economía colaborativa en Internet aparece tímidamente en los programas electorales

PP y Ciudadanos son, en este punto, más favorables a una regulación que proteja al sector hostelero

Los partidos no hacen referencias en sus programas al caso de Uber

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Un millar de personas protesta en Barcelona contra los apartamentos turísticos

Imagen de archivo de una manifestación en Barcelona contra los apartamentos ilegales. EFE

La economía colaborativa se ha hecho un hueco en los programas políticos, aunque en diferente medida y en algunos casos únicamente centrada en el tema del alojamiento. El Partido Popular y Ciudadanos incluyen esta parte dentro de sus propuestas en materia turística haciendo un guiño al sector tradicional que lleva pidiendo regulación, sobre todo, tras las  fuertes protestas vecinales de Barcelona y el auge de Airbnb. Por su parte, Podemos propone "una ley integral y transversal" que tenga especial referencia en materia fiscal y de Seguridad Social mientras que el PSOE propone crear una subcomisión parlamentaria para regular la economía colaborativa. Unidad Popular no hace referencia a este tema en su programa.

En medio de la lucha entre hoteleros y nuevas formas de alojamiento, los partidos más conservadores ofrecen poca concrección en cómo regular Airbnb, pero hacen gestos a un sector hotelero tradicional que pide regulación tras el auge de plataformas de alquiler de alojamiento turístico. El partido de Mariano Rajoy propone "arbitrar medidas para que el alquiler de viviendas turísticas de corta duración se realice en condiciones de calidad, transparencia y fiscalidad adecuadas, y respete los derechos de los vecinos en el caso de la propiedad horizontal". Por su parte, Ciudadanos asegura que "analizaremos y ofreceremos propuestas y soluciones regladas al actual escenario del Turismo colaborativo como reconocimiento a una realidad impuesta que necesita ordenamiento".

La reforma de la ley de arrendamientos urbanos de 2013 dejó en el limbo la regulación relativa al arrendamiento de viviendas temporales al señalar que entre los alojamientos excluidos de la legislación se encuentran aquellas viviendas que se comercializaran en canales de oferta turística cuando estén sometida a un régimen específica, derivado de la normativa sectorial. De esta forma, quedó abierta la puerta a las comunidades autónomas para que regulen un área que ha visto crecer su influencia con la aparición en el mercado de plataformas como Airbnb. Las fuertes manifestaciones de los vecinos en Barcelona que se quejan de un incremento de precios y de problemas de convivencia de vecinal pusieron bajo el foco en el verano de 2014 esta problemática que a día de hoy sigue sin solución clara y con normativas diferentes en función de las comunidades autónomas. En este contexto, los partidos no especifican cómo llevarán a cabo estas medidas.

Los hoteleros tradicionales, englobados en buena parte bajo el lobby turístico de Exceltur, llevan pidiendo una normativa del sector desde hace meses con el objetivo de blindar su sector. En su valoración sobre los resultados turísticos del tercer trimestre de 2015, aprovecharon para seguir ejerciendo presión sobre la futura regulación que debe afectar al sector tras las elecciones del 20 de diciembre. En este documento aseguraron que hay que "promover y liderar con visión y alcance de Estado un nuevo marco legal para ordenar el desbordante fenómeno de los servicios turísticos comercializados por plataformas de contacto en Internet entre particulares (Peer to Peer), cuya competencia, hoy por hoy desleal, induce a la economía sumergida y está afectando a numerosas actividades (alojamiento en pisos, transporte, restauración, etc.) y generando creciente externalidades negativas entre la ciudadanía de ciertos destinos turísticos líderes. (Barcelona, como principal ciudad afectada)".

Unas reivindicaciones regulatorias que también han pedido desde las plataformas de alojamientos turísticos como Airbnb aunque con diferentes matices. Desde esta plataforma piden que se regule tanto el alquiler de viviendas turísticas como el home sharing (alquiler únicamente una habitación de la vivienda) y que se distinga entre arrendatarios profesionales y los particulares que lo hacen de forma esporádica.

¿Qué ocurre con Uber?

Los partidos no incluyen dentro de su argumentario referencias concretas al caso de Uber. Únicamente, PSOE y Podemos proponen medidas respecto a la economía colaborativa. Aunque en este caso, la duda estaría en saber si Uber es propiamente una aplicación que se enmarque dentro de esta denominación. De hecho, muchos expertos huyen de la utilización del término colaborativo para referirse a esta nueva economía porque generan expectativas de la gente y se refieren más hacia un nuevo modelo productivo donde los ciudadanos se coordinan para no solo ser consumidores sino también en cierta manera productores.

PSOE y Podemos incluyen dentro de sus textos propuestas relativas a la economía colaborativa relativa a estas nuevas plataformas que ponen en contacto a usuarios y que tienen su cara más visible en aplicaciones como Blablacar -para compartir gastos de coche- o Airbnb -para alquilar alojamiento-. En el programa de Podemos se comprometen a aprobar "una ley integral y transversal que regule y ponga en equilibrio los intereses de todas las partes implicadas, sus derechos y sus obligaciones (especialmente en materia fiscal y de Seguridad Social)".

En el programa del PSOE reconocen que el marco regulatorio es previo a la eclosión de lo digital y que no está adaptado para responder a los retos que plantean. Para crear un marco jurídico claro desde el partido proponen que se constituya una "subcomisión parlamentaria". A esto suman, plantear medidas de competencia para que las nuevas plataformas digitales surgidas por la economía colaborativa no se conviertan en nuevos monopolios digitales. A esto añaden que se compromenten a trabajar con los sectores tradicionales afectados por el desarrollo de la economía digital y a facilitar e informar de las obligaciones fiscales a la ciudadanía que haga uso de las plataformas colaborativas así como luchar contra la economía sumergida.

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