Resucitar a Montesquieu

Desde SIEx afirmamos que no es comparable una decisión administrativa irregular, por parte de un gobernante, con la de aquel otro que manipulara el procedimiento administrativo para su enriquecimiento personal.

En el primer caso estaríamos ante una acción improcedente por la que habría que rendir responsabilidades políticas, incluyendo el cese o inhabilitación consiguiente. En el segundo, nos encontraríamos ante un pasaje de corrupción denunciable, para el que no cabría mas actuación que la vía penal, incluyendo la privación de libertad, en una exigencia ejemplarizadora ante la sociedad.

En los últimos tiempos del trayecto institucional, en sus diversos ámbitos, asistimos a un carrusel de acontecimientos recusables que enturbian la confianza del pueblo en la clase política, generalizándose una imagen degradada de la misma.

Los casos de lucro organizado, enriquecimiento grosero o robo descarado, por tantos gobernantes, irrita a la opinión publica y la predispone contra quienes, debiendo ser ejemplo de comportamiento ético, esquilman las arcas publicas y manipulan las garantías de objetividad, adjudicando contratas, otorgando prebendas, tratos de favor o concesiones de servicios públicos, para amigos y cercanos, convirtiendo la pasión por defender el común, en un vulgar “Patio de Monipodio”, como ejemplar referencia a Cervantes en fechas señaladas de su recuerdo.

Es la inquietante realidad protagonizada por demasiados dirigentes de una clase política, instalada en la sordidez, con desprecio a un pueblo que pasa dificultades.

Si preocupantes resultan estos comportamientos, tan recurrentes y soterrados, cuando no instalados en la impunidad, más lo son aquellos de aplicar medidas de castigo de calibre exagerado, contra quienes cometieron errores de carácter administrativo, pero que no se enriquecieron de sus resultas.

Pudiera parecer que se buscara, con tal dimensión, cierta moraleja social del escarmiento. E incluso la apariencia de que, con esas condenas desmedidas, solo se persiguiera la imagen ampliada de una justicia severa, de palo duro y traje negro, sacralizada en exceso y lejana a la comprensión humana, por incapaz de asumir la filosofía popular de que no es lo mismo meter la pata que la mano.

Desde Socialistas Independientes de Extremadura no entendemos que se hayan producido en nuestra región decisiones judiciales de apariencia persecutoria, casi incomprensibles, dada su nula dimensión delictiva, contra personas públicas que cometieron infracciones administrativas, errores con exigencias de responsabilidades políticas, pero que no se enriquecieron, no robaron, no incurrieron en corrupción.

Lamentablemente metieron la pata, pero no la mano. Sin embargo alguna está en la cárcel, sirviendo al socorrido “y tu más” que utiliza la derecha española para aligerar su sobrecargado equipaje de corrupción generalizada. Pueden valer, como ejemplo, los expedientes sobre naves de aperos, sobre el mayoritario suelo no urbanizable común, caso reiterado en un medio agrario, tan limitado en sus opciones económicas, para sobrevivir o complementar rentas, objetivo casi imposibles con el dogal de la unidad mínima de cultivo.

Resulta imperativo, por tanto, diferenciar las acciones punibles: Las de carácter administrativo que pueden implicar a un alcalde o alcaldesa, comprometidos con sus vecinos, conscientes de que no hay más recursos económicos, en ese medio rural profundo, que los que se derivan de sus decisiones, pero que no se lucran con la irregularidad de esa permisividad.

O las que se sitúan en el ámbito de la corrupción, en la dimensión en la que se han producido los lucros millonarios, muy especialmente en las ciudades, con las manipulaciones de recalificación de suelo a gran escala.

Como las de pagar facturas que no ha tenido el menor reparo administrativo, por parte de los funcionarios correspondientes, para que caiga sobre un político, que no se ha enriquecido con ello, todo el peso de la mala conciencia de un poder que no parece actuar en la misma medida contra los grandes procesos de corrupción, por la simple razón de que el sistema judicial da una inquietante sensación de estar politizado en exceso, plegado en muchos casos a los intereses del partido de turno.

No es asimilable, tampoco, que un expediente de ruidos en locales de pública concurrencia, con muchas aristas problemáticas, entre lo snob de una cultura generalizada de música, nocturnidad, alcohol y euforia social en grupo, en contradicción con las normas que garantizan los derechos de los vecinos, pueda llevar a una ex - alcaldesa de Cáceres a la privación de libertad. Parece como si la necesidad de contrapesar con los cargos electos débiles el pésimo ejemplo, derivado de la corrupción de los fuertes, propios de la era del pelotazo, hubiera forzado un escenario para la comparativa.

En la misma medida que criminalizar, por sistema, cualquier actuación edificatoria en los pueblos, en el espacio rural profundo, nos lleva a la paralización de las decisiones y a un camino regresivo para la economía del territorio.

Frente a tantas tramas, con nomenclatura acuñada, nada tiene que ver la casuística de ciertos cargos o ex – cargos públicos que, en Extremadura, están o pueden ir a prisión, algo desproporcionado e injusto, en orden a la escala de sus faltas, en relación con las que sugieren otros comportamientos, máxime cuando ni siquiera hay soportes de reparos de los funcionarios de las instancias administrativas correspondientes. Desde Socialistas Independientes de Extremadura criticamos al estamento judicial, con el mismo derecho que a los otros poderes, como instamos su urgente adecuación, normativa, instrumental y operativa, a la realidad de los nuevos tiempos.

Somos partidarios de marcar los espacios de los tres poderes, restableciendo la independencia absoluta del Consejo General del Poder Judicial y de los Jueces, eliminando las interferencias, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, así como la concreción normativa de las casuísticas sancionables en la gestión de la cosa pública. Como sostenemos la funcionalidad social de la Justicia como garante del Estado de Derecho y de las libertades individuales.

Urge por tanto despolitizarla, acabar con el componente partidista que pudiera desvirtuar su papel democrático, ya que es el pueblo quien requiere una justicia al servicio del común, para que no sean los poderosos, o políticos corruptos, quienes constriñan esta conquista democrática.

SIEX sitúa en la mano recta de la Justicia uno de los pilares necesarios para salir del laberinto que atraviesa nuestra democracia, en tiempos tan comprometidos como los que vivimos.