La Junta de Extremadura ha desahuciado a 111 familias en tres años, muchas con menores

Tres activistas de los campamentos Dignidad de Mérida han declarado esta mañana en los juzgados de Mérida acusados de usurpación de vivienda. Entre las tres personas citadas a declarar está Manuel Cañada, uno de los activistas más conocidos de este movimiento social. Han declarado ante el juez en una vista previa imputados por un presunto delito de usurpación. Un grupo de personas se ha concentrado en su apoyo, todos ellos rodeados por un dispositivo policial.

Los hechos se remontan al pasado 20 de junio, cuando apoyaron una acción de los vecinos del barrio de San Lázaro. En dicha acción los vecinos echaron abajo el tapiado de una vivienda propiedad de la Junta de la que había sido desahuciada una familia, supuestamente por ocupación ilegal.

Cañada ha señalado que tanto él, como los otros dos miembros del campamento llamados a declarar, tienen sus propias viviendas, de manera que “no tiene sentido” la acusación de usurpación que pesa sobre los tres activistas.

Militantes sociales, no rateros

“Somos militantes sociales, no somos rateros. Estamos aquí por una lucha social, porque no queremos que haya ni un desahucio más en Extremadura, es una vergüenza”, ha dicho a eldiario.es, al tiempo que recuerda que este verano en Mérida “de una atacada” se echó a la calle a 11 menores junto con el resto de su familia. Precisamente por uno de esos desahucios han sido llamados a declarar este miércoles.

A las puertas de los juzgados, los activistas han denunciado que el Gobierno del PP de Monago no está teniendo en cuenta las circunstancias por las que pasan las familias que son desahuciadas de las viviendas sociales.

De este modo, ha hecho hincapié que ni él, ni los otros dos imputados, echaron abajo el tapiado de la vivienda en el barrio de San Lázaro. Simplemente apoyaron la “recuperación” de la vivienda por parte de los vecinos y de la familia que varios días antes había sido desahuciada.

Con motivo de la vista previa, han hecho entrega al juez de un escrito en que se detallan las circunstancias de dicha familia. Entre otras cuestiones, el informe indica que la última noticia de la que tiene recuerdo la familia sobre la voluntad de desalojo por parte de la Junta de Extremadura data de hace tres años.

Además se da la circunstancia de que la vivienda no estaba ocupada ilegalmente, porque en ella se produjo una permuta de vivienda, amparada además por las Administraciones de la Comunidad Autónoma. Llevaban 22 años viviendo en la casa.

También pone de manifiesto que la madre se encuentra en el tercer grado penitenciario y el padre está en prisión preventiva, de manera que duda de que estas personas puedan recomponer sus vidas tras arrebatarles el techo en el que se cobija la familia.

“Vamos a sentar en el banquillo al PP”

Manuel Cañada ha puesto de manifiesto que la Junta de Extremadura ha desahuciado en tres años a 111 familias, este año concretamente a 32, y muchas con menores a su cargo.

De hecho, según ha comentado, en la vivienda desahuciada en San Lázaro se encontraban durmiendo en el momento en que entró la policía cuatro menores de entre 4 y 8 años.

“Ya se lo hemos dicho al director de Vivienda de la Junta: te vamos a sentar en un banquillo. Lo que estás haciendo es completamente inmoral e ilegal”, ha señalado Cañada. Y es que argumenta que muchas casos en los que las familias no tienen ingresos para afrontar el pago del alquiler social y tienen menores a su cargo.

“Si pago, no como”

“Si como no pago, y si pago no como”. Ese es el argumento que han transmitido este miércoles los miembros del Campamento Dignidad a las puertas de los juzgados.

Manuel Cañada cree que puede haber una vulneración de la legislación de menores, pero también a los acuerdos alcanzados en la Asamblea de Extremadura en cuanto a la paralización de los desahucios de viviendas sociales.

Para Cañada es “incomprensible” que el PP haya iniciado “tantísimos” expedientes sobre el parque de viviendas públicas -- la Consejería de Fomento lo denomina “recuperación” de viviendas—cuando hay “un montón de casa vacías”.

“Que expropien, que habiliten las viviendas del banco malo para la gente, pero lo que no puede ser es que sea gante que no tiene para comer”, ha dicho.