Jefes de la Consejería de Fomento de Extremadura se lucran con la privatización de las ITV
La privatización de la mitad de las ITV de Extremadura era un “traje a medida” hecho para una empresa determinada, y el proceso de formación de las personas que luego entraron a trabajar en ellas habría sido una irregularidad grave cometida por la Consejería de Fomento, que además introdujo en el procedimiento a la propia Universidad de Extremadura, ha protestado este domingo Francisco Macías, diputado regional del PSOE.
A finales de 2013 la Junta, por mediación de la Consejería de Fomento, adjudicó en concesión administrativa a la empresa Itevebasa (ITV Vega Baja S.A.), de Alicante, la gestión de dos estaciones de inspección de vehículos públicas, Almendralejo y Olivenza, además de la construcción y gestión de otras ocho fijas en Valencia de Alcántara, Jaraíz de la Vera, Logrosán, Herrera del Duque, Don Benito, Castuera, Jerez de los Caballeros y Azuaga; a ello se añadían ocho estaciones móviles.
El plazo de concesión, prorrogable, es por 25 años.
Ya desde esa fecha el PSOE alertó de que la concesión de las ITV era “un traje a la medida” puesto que “se conoció, con meses de antelación y antes de su adjudicación definitiva”, que habría de ser la empresa Itevebasa la adjudicataria de ese servicio.
Esta empresa, (con sede en Redován, Alicante) según el PSOE tenía en esas fechas como consejero delegado y vicepresidente a José Vegara, destacado militante del PP de Orihuela y miembro del comité de campaña electoral del PP en 2007.
Cursos con la Uex
Para cubrir los puestos de directores, mecánicos e inspectores de todas esas ITV dadas en concesión administrativa, un centenar de empleos cualificados, la Consejería de Fomento firmó un convenio con la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, uno de cuyos profesores, Diego Carmona, sería el director de los cursos; éstos no garantizaban entrar a trabajar en Itevebasa, pero se difundió por numerosos municipios de Extremadura como algo muy probable.
En otras comunidades esta formación la dan las propias empresas concesionarias de las estaciones de inspección.
Al diputado socialista Francisco Macías ya le parece “irregular” que la Junta de Extremadura organizara, en colaboración con la Universidad, cursos para una empresa privada, cuyos participantes, titulados universitarios medios o superiores, y graduados de FP, pagaron según la categoría 800 o 1.200 euros.
Pero además le resulta al PSOE muy grave que funcionarios de la Consejería de Fomento, encargados de supervisar posteriormente el funcionamiento de las ITV privadas, participaran como profesores en esos cursos ingresando 50.000 euros según Macías.
Los socialistas califican estos hechos como “un chanchullo” que beneficia a unos pocos, y han anunciado que como grupo parlamentario presentarán una iniciativa para que el consejero de Fomento, Víctor del Moral, dé explicaciones a la Asamblea de Extremadura sobre estas “irregularidades graves”.
“De aquellos polvos – ha señalado Macías- vienen estos lodos”. La Junta tenía “mucha prisa en poner en marcha esta privatización y estas prisas han conducido a una práctica fraudulenta que hace pagar a los trabajadores su propia formación, y que además supone un agravio respecto a los procedimientos que se siguen en las ITV públicas”.
